Origen del apagón: codicia

El apagón y la codicia: el oligopolio eléctrico bajo sospecha​

El apagón que dejó a España a oscuras ha reabierto la caja de los truenos sobre el origen del sistema eléctrico. La tesis más repetida en el análisis posterior es que las grandes compañías —Iberdrola, Endesa, Naturgy— operan con un abanico de generación que va de la nuclear al ciclo combinado, pasando por la solar y la hidráulica, y que su gestión responde a la rentabilidad del momento, no a la seguridad del suministro. La codicia, entendida como maximización del beneficio a corto plazo, se señala como causa última del colapso.

El oligopolio energético y la gestión por rentabilidad

Las mismas empresas que controlan las nucleares, los ciclos combinados y los grandes embalses son también dueñas de buena parte del parque fotovoltaico. Esa integración vertical les permite decidir qué tecnología entra en cada momento según el coste marginal. En verano de sequía, según se relata, dejaron embalses vacíos porque la hidráulica era la fuente más barata y prefirieron no usarla para no canibalizar precios, dejando pueblos enteros sin agua durante días. La sanción, se dice, fue ridícula. Ese precedente alimenta la sospecha de que el apagón no fue un accidente fortuito, sino el resultado de una gestión que prioriza el beneficio sobre la estabilidad del sistema.

La paradoja de las renovables: más sol, menos respaldo

El día del apagón, según varios análisis, las compañías estaban exprimiendo la producción solar —que es más barata y no paga el impuesto que sí grava la nuclear— mientras mantenían paradas las centrales de ciclo combinado y nucleares, que son más caras de arrancar. Esa apuesta por la fuente más rentable en el momento habría dejado al sistema sin la inercia y el respaldo necesarios para absorber una caída brusca de la generación. La discusión sobre si fueron 15 GW los que se desconectaron o si se trató de una sobretensión recorre los mensajes, pero el denominador común es la falta de mecanismos de respaldo.

El papel de Red Eléctrica y la política energética

Red Eléctrica Española (REE), controlada por el Estado, es la responsable última de decidir el mix de generación y de garantizar la seguridad. Varios mensajes apuntan a que REE tenía herramientas para exigir que las plantas térmicas estuvieran disponibles y no lo hizo, o no pudo hacerlo. La política energética diseñada por el Gobierno —con primas a las renovables, impuestos a la nuclear y un sistema de subastas marginalista— habría creado los incentivos perversos que llevaron a la situación. La discusión deriva hacia si el problema es de diseño regulatorio o de ejecución por parte de los operadores.

Baterías, respaldo y comparaciones internacionales

La ausencia de almacenamiento a gran escala se señala como el eslabón perdido. En China, cada parque solar tiene baterías obligatorias; en California, el despliegue masivo de baterías ha permitido que sean una fuente principal al caer el sol. En España, se critica, se presume de tener «la mejor red del mundo» mientras se depende de ciclos combinados que se encienden tarde y mal. La propuesta de obligar a las renovables a instalar un mínimo de baterías para amortiguar oscilaciones gana peso en el análisis.

El relato oficial y las teorías alternativas

Frente a la hipótesis de la codicia, el Gobierno y parte de los medios apuntan a un fallo técnico o a una desconexión masiva de renovables por sobretensión. Otras voces hablan de un ciberataque, de un experimento fallido o de una agenda militarista europea. Ninguna de estas teorías cuenta con pruebas concluyentes en el material disponible. Lo que sí parece claro es que el sistema eléctrico español tiene un problema estructural de respaldo y que los incentivos económicos no premian la seguridad, sino el coste marginal más bajo.

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La predicción, con todas las reservas, es que este episodio no cambiará el statu quo: las eléctricas seguirán operando bajo las mismas reglas, el Gobierno defenderá su política de renovables y los apagones selectivos —o los sustos— seguirán ocurriendo hasta que alguien pague el coste político de rediseñar el sistema. Mientras tanto, la codicia seguirá siendo la explicación más socorrida y la menos perseguida.