Oposiciones de abogacia del Estado: peor que los talibanes

272 temas ante 9 jueces: el peaje de la Abogacía del Estado​

Aprobar una oposición en España no es estudiar. Es resistir. La Abogacía del Estado exige memorizar 272 temas y cantarlos ante un tribunal de nueve personas reunido en una sala del Tribunal Supremo, un formato que buena parte de quienes lo han vivido describe como una prueba de aguante más que de talento. Y el calendario, lejos de aliviar, añade su propia capa de presión: se convoca «cuando las convoquen».

Qué exige realmente el proceso selectivo​

El primer filtro es un test de batería de preguntas sobre cualquier ley de cualquier código legislativo: mercantil, penal, civil. El segundo, el que de verdad decide, es oral: exponer de memoria los temas ante un tribunal. Quien haya pasado por ahí lo resume sin adornos: se compite por ver quién recuerda mejor, no quién entiende mejor.

La letra pequeña se ve en los casos concretos. Un opositor a juez lleva año y medio preparando su primer intento. Superó la prueba tipo test. En la segunda, al arrancar el tercer tema, el tribunal le dijo que parara. «Le tocó justo el tema que no quería», resume su entorno. El año que viene, vuelta a empezar desde cero.

Esa mecánica explica por qué hay quien habla de un proceso sin sentido. No hay un temario que se acumule, hay una ruleta que se repite cada convocatoria.

El calendario roto: convocatorias sin periodicidad​

El problema no es solo la dificultad, es la incertidumbre. No existe una cadencia fija. Una oposición puede convocarse tres años seguidos y después desaparecer cinco o nueve. Planificar la vida alrededor de esa lotería —hipoteca, pareja, hijos, alquiler— se convierte en un acto de fe.

Con esa base, el compromiso se acumula año tras año. Quien apuesta por esta vía no compite contra un temario: compite contra su propia biografía. Cada convocatoria que no llega, cada plaza que no se convoca, es un año más de vida consumido en un limbo administrativo.

El test que premia memoria y castiga comprensión​

La primera prueba es casi siempre un test, y ahí está una de las paradojas más citadas. Los exámenes tipo test son corregibles por máquina, y ese detalle condiciona el diseño: se buscan preguntas difíciles de discriminar, no relevantes. En varios procesos en marcha, la nota más alta del test es un 6,5 sobre 10.

El resultado es un formato que premia la memoria pura. Se pregunta en qué página está el título VII, no qué implica. Es conocimiento que no aporta nada nuevo ni a quien lo memoriza ni al servicio público que acabará prestando, sostienen las críticas más duras.

Frente a eso, otra corriente defiende que memorizar y comprender no son lo mismo y que la buena preparación consiste justamente en entender para no olvidar. La cifra que se discute es la jornada: quien dice estudiar doce horas diarias, argumenta esta postura, en realidad no está estudiando. El rendimiento real se agota bastante antes.

Enchufismo, transparencia y modelos alternativos​

La sospecha de fondo es otra y atraviesa todo el asunto: cualquier prueba corregida por un tribunal humano es susceptible de manipulación. El argumento que circula es que los exámenes ciegos —los que usa el mundo anglosajón para casi todo— apenas se emplean aquí, y que en cuerpos pequeños casi todos los candidatos y los examinadores se conocen.

Con ese punto de partida, la exigencia más repetida es la transparencia: publicar exámenes, notas, índices de presentados y criterios. Es la línea que separa las oposiciones fiables de las que no lo son.

El contraste internacional sirve de espejo. En Francia se valora la experiencia jurídica previa y existe una pasarela desde el ejercicio profesional a la judicatura, algo que en España se cubre con el llamado cuarto turno, muy cuestionado por considerarse una vía de entrada política más que técnica. El MIR se cita como el mejor ejemplo patrio: funciona porque las plazas son muchas y solo escalafona.

El otro frente es el tecnológico. Los 4.300 letrados judiciales que sostienen las oficinas judiciales —resoluciones, pagos, embargos, pensiones alimenticias— llevan tiempo mirando de reojo a la automatización. En Francia, según los cálculos que manejan los propios interesados, esos puestos ya se recortaron, y el miedo a la supresión en bloque explica buena parte de su conflictividad laboral.

El coste personal: plomos fundidos​

El desgaste psicológico es el asunto del que menos se habla en público y más en privado. La formulación más repetida es brutal: de estas oposiciones, apruebe o no, nadie sale intacto. O ya se era vulnerable o se sale vulnerable.

Los relatos son homogéneos. Notarios que abandonaron tras cuatro años en los que todo lo demás desapareció: no recordaban qué les gustaba, solo cantaban temas por la calle y antes de dormir. Gente brillante que no lo consiguió y quedó rota para el mercado laboral. La descripción que más se repite es la de una muerte en vida, con el trabajillo vitalicio como único premio posible.

Y por debajo, un cálculo económico incómodo: las condiciones y el sueldo de un funcionario de grupo A no compensan, según muchos de los que están dentro, el esfuerzo de años que exige llegar. La ecuación solo cuadra si el único valor que se pone en la balanza es la permanencia.

Lo que se juega el sistema​

Hay una explicación sociológica que no se cae del análisis: sin el andamiaje del empleo público, una masa enorme de titulados no tendría salida profesional acorde a lo que se les prometió, y ese desencaje sería un problema social de primer orden. La oposición funciona, en parte, como amortiguador.

De ahí que el pronóstico sea moderadamente pesimista. Es difícil imaginar un cambio real del modelo mientras quien ha aprobado no tenga incentivo para tocarlo, y mientras la tecnología siga entrando en la Administración por la puerta de atrás. Cabe esperar ajustes en los filtros —más transparencia, más pruebas objetivas— antes que una refundación. Pero con este nivel de desgaste y esta falta de calendario, cada convocatoria futura será una prueba más para los aspirantes y un recordatorio para el sistema de que algo no cuadra.