El águila del Palacio de Justicia: retirar no es lo mismo que destruir
El águila que coronaba el Palacio de Justicia ya no está. Un operario se ha encargado de retirarla, según las informaciones difundidas por la prensa local, y el conflicto no ha tardado en saltar: el problema no es que se haya quitado —la simbología franquista lleva años fuera de los edificios públicos—, sino
cómo se ha quitado.
Qué ha pasado con el águila del Palacio de Justicia
El episodio se ha contado con la palabra
retirada entre comillas, y ese matiz lo cambia todo. Si la pieza se desmontó, se etiquetó y se guardó, estamos ante un trámite. Si se destrozó, estamos ante otra cosa.
Una escultura puede retirarse por vía administrativa; destruirla no es lo mismo.
Hay un detalle que casi nadie subraya: el foco ha acabado sobre quien ejecuta la orden. Un trabajador al que le llega el encargo y que, según una de las primeras reacciones al caso, no debería cargar con esa responsabilidad.
Al alma se le cae ver a un asalariado en ese papel, viene a decirse. La decisión es política; el tajo, ajeno.
¿Qué dice la ley de memoria histórica sobre lo que se retira?
La lectura más repetida sostiene que la propia norma obliga a
conservar los elementos retirados de los edificios públicos. De ser así, el destrozo no sería solo una afrenta al patrimonio: sería una infracción con destinatario claro, y el asunto podría acabar
en los tribunales para quien lo ordenó.
No es un matiz menor. La ley sirve para sacar símbolos de la vista, no para hacerlos desaparecer del registro. Una cosa es que el águila deje de presidir una sala de vistas y otra que se convierta en chatarra sin expediente, sin inventario y sin destino conocido.
De los budas de Bamiyán al metro de Moscú
Las comparaciones han ido subiendo de tono. Se ha traído a colación
la voladura de los budas gigantes de Bamiyán para recordar que arrasar un símbolo por lo que representa tiene precedentes siniestros. Y se ha puesto el ejemplo del
metro de Moscú: quita la simbología soviética de sus andenes y te quedas con un túnel.
La réplica también tiene recorrido. Un emblema de exaltación dictatorial no sería patrimonio, sino propaganda colocada por decreto; y decretos hay para ponerla y para quitarla. Con el criterio contrario, media Europa tendría que conservar intacta su estatuaria de régimen.
Preservar la historia o borrarla del mapa
En una orilla queda el argumento de que
la Historia es la Historia, sea un escudo de Franco, de la República o de Carlos V, y que debe conservarse y aceptarse tal cual. En la otra, que quien exalta a un dictador no hace historia: hace campaña.
Y una tercera vía, la más cínica: que todo esto no resuelve ninguna emergencia social y solo sirve para apuntarse un tanto político.
Otro éxito más, se ironiza.
Lo previsible es que la polémica se enfríe sin que nadie aclare si el águila acabó en un almacén o en un contenedor. Si la ley obliga de verdad a conservar lo retirado, alguien preguntará dónde está la pieza. Entonces ya no habrá opiniones: habrá expediente.