Economía: Ojo al dato, la red eléctrica española colapsa.

La red de transporte eléctrica, al 90%: sin nuevas conexiones​

La noticia la destapó elEconomista y el resumen es tan seco como suena: la red eléctrica de transporte ronda el 90% de ocupación y un cambio normativo de la CNMC ha cerrado la puerta a nuevas peticiones de puntos de conexión para vivienda, centros de datos o industria. La medida busca dar más seguridad de suministro, pero pone en jaque parte de los puntos que ya estaban concedidos y abre la puerta a una batalla judicial que las grandes eléctricas quieren desactivar antes de pisar el juzgado. Piden flexibilizar los criterios, agilizar la inversión en Red Eléctrica y —menos épico, igual de necesario— algo de transparencia sobre el estado real de una red eléctrica que ya empieza a decir que no.

Qué significa que la red esté al 90% de ocupación​

Una red de transporte al 90% no es una cifra decorativa. Cuando el sistema se acerca a su techo, cada nuevo punto de conexión que se concede resta margen a los demás y compromete la fiabilidad del conjunto. De ahí el frenazo del regulador: mejor decir que no a tiempo que apagar a destiempo.

El primer damnificado tiene un nombre poco eléctrico: vivienda. Una promoción nueva necesita un punto de conexión para existir, así que cerrar el grifo a las peticiones inmobiliarias convierte el atasco energético en un problema de ladrillo. Lo mismo vale para los centros de datos, que han pasado de promesa digital a devoradores de megavatios, y para la industria que pretende electrificar sus procesos. Todos compiten por el mismo enchufe.

Hay quien cifra la demanda futura por encima de los 400 TWh anuales si el coche eléctrico se masifica, un escenario que exigiría red inteligente y un plan con dotación que hoy no existe. En el otro plato, se recuerda que se demolieron centrales térmicas y que la generación firme que se fue no se sustituyó con la misma velocidad.

Dos jefes y ningún responsable: quién manda en la red​

El diseño actual reparte el territorio. Las eléctricas gestionan la red de media tensión, la que llega a casas y polígonos; la alta y muy alta tensión, las autopistas del sistema, las controla Redeia, con Red Eléctrica como pieza central y parte de su capital en bolsa. Ese reparto no salió de un café de Madrid: según sostiene un participante, viene de directivas europeas que separaron la red del negocio comercial, igual que obligan a Telefónica a alquilar su red o a Adif a hacer lo propio.

Como resume un participante, «dos jefes, ninguno responsable». Uno cobra un peaje regulado con rentabilidad garantizada; el otro hace caja con el margen comercial. La red, mientras, se mantiene con lo justo, que es barato hasta que deja de serlo.

Red Eléctrica: ni pública ni privada, sino todo lo contrario​

Las posturas chocan de frente. Una corriente defiende renacionalizar la red entera para blindarla del interés privado; la respuesta socarrona es que, con tanto político en los consejos de administración, la red ya funciona como una oficina estatal. Otros participantes recuerdan que el Estado ya controla la compañía a través de su participación en el capital.

En medio queda un matiz que suele perderse. Gran parte de la red de transporte pertenecía a las eléctricas hasta que el Gobierno les obligó a vendérsela a Red Eléctrica hacia 2010, según el relato que circula en el sector. Entonces no había apagones, se argumenta, lo que alimenta la sospecha de que el problema no es público o privado, sino de quién responde cuando algo falla.

Lo que piden las empresas y la factura que nadie firma​

Lo que reclaman las compañías es concreto: acelerar la inversión en Red Eléctrica y publicar con detalle cómo está la red de transporte. Lo que nadie quiere es la factura. Se habla de planes de inversión pública de varias decenas de miles de millones para poner al día infraestructuras hidráulicas y eléctricas, un keynesianismo de hormigón y cable que sigue sin firmante.

Entre recortes de mantenimiento y falta de previsión, la conversación produce propuestas que no parecen broma. La más celebrada: exigir veinte horas demostrables de Sim City a cualquier ministro antes de tomar posesión, para que compruebe en pantalla qué ocurre cuando se recorta el capítulo de conservación de infraestructuras.

Cuando el asunto técnico se agota, la conversación deriva a dos preguntas que nadie cierra: quién decide qué se conecta primero (una promoción de vivienda, un centro de datos o una fábrica) y a quién se le exigen responsabilidades si la red se cae. Hay quien sostiene que la presión viene del crecimiento de la población sobre unas infraestructuras que no se han ampliado al mismo ritmo; también se señala al envejecido juego de puertas giratorias entre regulador, operador y grandes eléctricas. Los datos de ocupación están sobre la mesa. El reparto de la culpa, no.