Ojo al anuncio de la psoe: "la vivienda es un derecho y no un negocio..si hay que intervenir, intervendremos"

El PSOE promete intervenir la vivienda y nadie concreta el precio​

El PSOE lo anunció sin matices: «La vivienda es un derecho y no un negocio. Daremos la batalla a todos aquellos que la han convertido en un bien de lujo. Si hay que intervenir, intervendremos». El mensaje, difundido desde su cuenta oficial y con mención a su portavoz Esther Peña Camarero, no incluye una sola medida, ni un presupuesto, ni el instrumento legal con el que piensa hacerlo. Solo la promesa.

La respuesta más repetida no apunta al mercado, apunta al calendario: el partido lleva en el Gobierno desde 2018. Con esa fecha sobre la mesa, la pregunta deja de ser qué se interviene y pasa a ser por qué no se ha hecho ya.

Qué ha prometido el PSOE con la vivienda y qué falta en el anuncio​

Competencias. Ese es el primer muro. La política de suelo y las licencias dependen de los ayuntamientos, y cada consistorio responde a una mayoría distinta. Un anuncio estatal que no concrete el vehículo jurídico se queda en declaración de intenciones, y así se lee en la discusión: democracia lo llaman.

Hay quien recuerda que el Ejecutivo ya dispone de herramientas sin usar y quien argumenta lo contrario: que sin mayoría parlamentaria estable y sin competencias directas, el margen real es casi nulo. La queja recurrente es otra: que la medida se anuncia después de años de problema y no antes.

Y una parte del debate cruza la línea y acaba verbalizando hostilidad hacia promotores y constructores. Sin datos detrás, esas salidas de tono no explican nada del precio.

¿Por qué cuesta más de 2.800 euros por metro cuadrado construir una vivienda?​

Porque el precio final es una suma, no un capricho. El desglose que se maneja parte del metro cuadrado construido con calidades básicas y termina, sumando suelo, licencias, impuestos, beneficio y una prima que cubra promociones fallidas e impagos, bastante más arriba.

• Metro cuadrado construido con calidades básicas: entre 1.300 y 1.500 €
• Suelo: difícil bajar de 800 € por metro
• Vivienda estándar de calidad baja, con terreno e impuestos: algo más de 2.200 €
• Añadiendo beneficio, impuestos y cobertura de riesgo: algo más de 2.800 €

Sobre esa base, el argumento de que construir es barato y alguien lo ha encarecido a propósito choca con la normativa técnica, los mínimos de superficie y luz por estancia y la maraña de exigencias autonómicas y locales. La contrarréplica es simple y también está en el debate: durante décadas la gente se construyó su casa con menos riqueza agregada que ahora.

El suelo público que lleva 30 años parado​

Si algo sobra en teoría es terreno estatal. El caso citado una y otra vez es la operación Campamento, aprobada después de tres décadas de espera y de obstáculos continuos por parte del Ministerio de Defensa sobre unos terrenos abandonados. El mismo patrón se repite en Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles, y dentro de la propia capital, en Carabanchel o Aluche.

Suelo ocioso de Defensa, de Fomento y de otros organismos, en municipios donde el precio del alquiler aprieta. No falta ladrillo: falta que alguien firme la liberación del suelo y asuma el coste de urbanizar.

España es el país de la UE con menos vivienda protegida​

Es el dato que ordena todo el debate. La vivienda de protección oficial no la financia el Estado: la paga el comprador. Lo público pone el terreno y avala al constructor frente al riesgo de impago, y a partir de ahí se licita un proyecto con un pliego de calidades cerrado. Con menos promoción protegida que nadie en Europa, el efecto sobre el precio de mercado es el que es.

De ahí salen dos recetas opuestas. Una pide sacar VPO en volumen hasta reventar la escala de precios. La otra advierte de que licitar obra pública a empresas privadas reproduce el mismo esquema que se critica, y propone una constructora estatal que compita a la baja.

Impuestos y licencias: la parte de la factura que casi nadie discute​

Un 10% de IVA sobre el precio, un 4% de ICIO, alrededor de un 10% de aprovechamiento medio que se cede al ayuntamiento, actos jurídicos documentados, plusvalías municipales, IBI y tasas varias. Los consistorios exigen además urbanizaciones con avenidas, parques y jardines que encarecen la promoción antes de poner el primer ladrillo.

La propuesta que circula con más consenso silencioso es eliminar toda la carga fiscal sobre la primera vivienda y que la administración asuma el coste de urbanización. Nadie la defiende en voz alta porque los ayuntamientos viven de esa recaudación, y el suelo es el mayor activo patrimonial del país.

¿Bastaría una constructora pública para hundir los precios?​

Sobre el papel, sí. En la práctica, la objeción más repetida es la de gestión: meter cientos de miles de trabajadores en una empresa pública equivale a crear una estructura funcionarial, con papeleo por cada ladrillo, certificaciones, impugnaciones y plazos que se estiran. El resultado conocido son agujeros contables que acaban pagando los mismos contribuyentes.

Enfrente queda el otro cálculo, el que sostiene que ninguna promotora construye para vender a pérdida y que con salarios bajos y costes altos no hay demanda solvente que resuelva el problema.

Otra vía apunta a las más de cuatro millones de viviendas vacías en España, muchas en ruinas, para derribar y reconstruir en el mismo sitio. Y una tercera, a redensificar los barrios antiguos de baja altura que se quedaron sin ascensor y en los que nunca se reservó suelo público.

Queda por ver si el anuncio se convierte en un texto con plazos o se agota en la efigie de la red social. Con los números actuales de coste por metro cuadrado, la intervención que promete bajar el alquiler no saldría gratis para ninguna administración. Y si llega, llegará tarde y probablemente más corta de lo anunciado, porque el terreno donde debería ejecutarse sigue, tres décadas después, esperando firma.