Selfis con Sánchez en el HUCA y el peso del voto funcionario
Un pasillo de hospital convertido en pasarela de photocall. Las imágenes que han hecho correr el asunto muestran a un grupo de trabajadoras sanitarias esperando su turno para retratarse con el presidente del Gobierno, con «¡Qué ilusión!» y móviles en alto. Se difundieron con un argumento sencillo: si la derecha no entiende por qué ha sacado un millón más de votos, aquí tiene la respuesta.
Selfis con Sánchez y una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa escena es admiración personal y cuánto es nómina pública?
Dónde se grabó la escena y qué se ve en ella
El hilo identifica como escenario el Hospital Universitario Central de Asturias, el
HUCA, el mismo centro al que se vinculan episodios anteriores fechados en 2019 y que se han rescatado ahora sin más detalle. En las grabaciones aparece personal en su jornada laboral, parte de él pidiendo una foto como quien pide una firma a un cantante. Hay quien lo ha descrito como una escena de instituto con el ídolo de turno.
Nada de eso es delito. Pero el envoltorio importa: un edificio con lista de espera de
más de un año para pruebas diagnósticas convertido, durante unas horas, en mitin con suelo de linóleo.
¿Por qué un selfi en un hospital acaba siendo un asunto económico?
Porque debajo de la foto hay una nómina y un cuerpo de empleados públicos cuyo voto se discute. Se sostiene,
sin aportar prueba alguna, que el Ejecutivo habría consolidado plazas de interinas incapaces de superar el proceso selectivo. La conversión de empleo temporal en fijo y las convocatorias extraordinarias son, en realidad, una discusión técnica vieja: qué plazas se consolidan, con qué baremo y a costa de qué.
El detalle que más se repite es la clasificación profesional de enfermería. Una carrera que antes se cursaba en tres años aparece ahora equiparada a los niveles más altos del funcionariado, un salto que unos leen como pago en especie de lealtades electorales y otros como simple actualización de titulaciones. Depende de qué convenio se tenga delante.
El voto del empleado público: la tesis que domina el asunto
La hipótesis más repetida es la del voto cautivo. Se argumenta que un cuerpo estable, con plaza fija y subidas ligadas al presupuesto, tiene pocos incentivos para cambiar de color político, y que pensionistas y empleados públicos forman la base electoral que sostiene al Gobierno. Asturias se pone como ejemplo: en las cuencas mineras el PP sería casi residual y, tras el PSOE, el segundo partido más votado sería el PCE. La conclusión que se extrae es dura: votarían igual aunque el candidato fuera un desconocido, porque lo que se defiende no sería un proyecto sino un puesto.
Frente a eso cabe un matiz razonable. Correlación no es causa. Que un territorio con mucho empleo público vote a la izquierda se explica igual de bien por la historia industrial, el peso sindical y la estructura de edad que por un intercambio de favores. Nadie ha puesto sobre la mesa una cuenta que aísle esa variable.
La composición por sexos del empleo público funciona como telón de fondo. Se afirma que en ramas como Justicia, Farmacia, sanidad, educación y administración la presencia femenina ronda el
70% y sube, y que en Justicia llega a ocho de cada diez. Ahí el análisis se vuelve opinión: un colectivo de cientos de miles de personas no vota en bloque, ni prescribe igual una enfermera de ambulatorio que un letrado de la administración.
Enchufes, paro y listas de espera: las cifras que se cruzan
En la parte más agria del asunto se cruzan dos datos. El primero es el volumen de empleo creado: se sostiene que el empleo neto del periodo es casi todo público, con más ministerios, gabinetes, asesores y estructuras que en cualquier gobierno anterior, y que el resto del mercado se maquilla con
más de un millón de personas contabilizadas como fijas discontinuas. El segundo es el estado del propio servicio: en los hospitales, se dice, se han colocado hasta diez veces más profesionales de los necesarios mientras las pruebas siguen con esperas superiores al año.
Ninguna de las dos puede darse por buena sin comprobación. Juntas forman un relato coherente y difícil de desmontar en una barra de bar: se paga más por lo mismo, y lo mismo funciona peor. El desglose que circula, comparando plazas convocadas con plantilla real y con la evolución del gasto, es lo que convierte la sospecha en conversación recurrente.
Qué se juega el Gobierno y qué no
Con estos mimbres, cabe esperar que la próxima visita a un centro sanitario se prepare con más guion y menos pasillo. El protocolo se arregla en una tarde. Y conviene recordar que la crítica al uso partidista de un servicio público no la desactiva una fila de selfis: la desactiva una lista de espera más corta.
Lo que no se arregla con protocolo es la pregunta de fondo, quién vota a quién y por qué. Si el empleo público sigue creciendo y la percepción del servicio no mejora, ese voto se defenderá con argumentos y no con fotos. La escena cambia; la nómina, no.