Nunca una bala que no atinó hizo tanto daño

Ucrania: ley marcial, elecciones y el desgaste del relato​

¿Puede un país en guerra celebrar elecciones sin romper su propia legalidad? La pregunta recorre el debate público sobre Ucrania desde hace meses y ha terminado convertida en un pulso entre dos relatos incompatibles. De un lado, quienes sostienen que la suspensión de los comicios es una derivada automática de la ley marcial y que la constitución ucraniana la contempla. De otro, quienes afirman que el mandato del presidente Volodímir Zelenski está caducado y que su continuidad sin urnas lo convierte, en la práctica, en un mandatario sin legitimidad electoral. La discusión se ha enconado hasta el punto de que los argumentos jurídicos han dejado de importar: lo que se dirime es si Ucrania sigue siendo una democracia en guerra o se ha convertido en otra cosa.

¿Qué dice la constitución ucraniana sobre las elecciones en guerra?​

El artículo 83 de la constitución de Ucrania establece que, si el mandato de la Rada Suprema expira mientras está vigente la ley marcial o el estado de emergencia, su autoridad se prorroga hasta el día de la primera sesión de la nueva Rada elegida tras la cancelación de esas medidas. Es el texto que se ha citado una y otra vez en el intercambio, y el que sostiene la posición de que la ley ucraniana no permite convocar elecciones mientras esté proclamada la ley marcial. Quienes defienden esta lectura subrayan que no se trata de una decisión discrecional del presidente, sino de una previsión legal que se activa de forma automática.

La parte contraria no discute la literalidad del artículo, sino su alcance. Sostiene que la prórroga del parlamento no equivale a la del presidente y que el mandato de Zelenski expiró sin que se convocaran elecciones, lo que a su juicio lo convierte en un mandatario fuera de mandato. El intercambio derivó en un rifirrafe sobre qué artículo —el 83 o el 84— decía cada cosa, con acusaciones cruzadas de no haber leído el texto y de copiar fragmentos fuera de contexto. En medio del ruido, el dato jurídico quedó enterrado.

El precedente de Lincoln y Churchill: ¿comparable con 2024?​

Uno de los argumentos más repetidos en el debate es el histórico. Abraham Lincoln convocó elecciones en 1864 con la Unión a punto de desintegrarse, y Winston Churchill hizo lo propio en Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. La conclusión que se extrae es que ni siquiera en las peores circunstancias los líderes democráticos han renunciado a las urnas. La respuesta desde el otro lado es que esos precedentes pertenecen al siglo XIX y a una guerra de otro tipo, sin drones sobre edificios residenciales ni campañas de propaganda permanente, y que comparar contextos separados por más de un siglo es un ejercicio de prestidigitación. El argumento, admiten, es potente en el plano simbólico y flojo en el jurídico.

El desgaste del relato y la fatiga de los aliados​

Más allá del pulso legal, el intercambio deja ver un fenómeno más profundo: el agotamiento del relato. Aparecen referencias a la ayuda exterior, a los think tanks que sostienen la narrativa atlantista en España —el Real Instituto Elcano y el CIDOB— y a la conveniencia de cortar esa financiación. También a la posición de Estados Unidos, con la idea de que la nueva administración tiene un plan para reforzar su dominio imperial y que los europeos acabarán pagando la factura. Es la tesis de que el apoyo a Ucrania no es una cuestión moral sino de reparto de costes, y que ese reparto se está revisando.

En el extremo más duro, la discusión deriva hacia la idea de que Ucrania ha sido traicionada por sus aliados tras haber resistido sin apoyo aéreo y haber construido su propia industria armamentística. La rabia de una derrota eventual, se argumenta, no se dirigirá contra quien más la merece. Es una corriente de opinión que no aporta datos, pero que refleja un estado de ánimo: el de quienes creyeron en una victoria y ahora buscan responsables.

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La discusión sobre la legitimidad de Zelenski lleva meses girando sobre el mismo artículo 83. Al final, la pregunta interesante no es qué dice la ley ucraniana, sino por qué tanta gente necesita que diga una cosa o la contraria.