Inmobiliaria: nuevo decretazo (mañana del 29/09/2026) que fuerza a los propietarios a que firmen alquileres indefinidos

Dos decretos fuerzan el alquiler indefinido y ahogan la oferta​

El Consejo de Ministros del 29 de septiembre de 2026 arrancó con una hora de retraso. No fue la agenda: fue la negociación entre PSOE y Sumar por el decreto de vivienda, que salió adelante ese mismo martes con dos reales decretos ley bajo el brazo. Entre las medidas, una que el Ejecutivo presenta como «renovación automática de los alquileres» y que, en la práctica, obliga al propietario a firmar contratos de alquiler indefinido. El detonante confesado: el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años con movilidad reducida que llevaba siete décadas en el distrito madrileño de Retiro y cuyo caso acabó en acampada en la Puerta del Sol.

¿Qué medidas incluye el decretazo de vivienda del 29 de septiembre?​

Dos reales decretos ley. El primero recoge medidas que el Gobierno confía en convalidar con el apoyo de PNV y Junts. El segundo, según el propio Ejecutivo, previsiblemente va más allá de lo que la Cámara Baja está dispuesta a convalidar. El paquete incluye la prórroga de dos años para los contratos de alquiler vigentes que terminen antes del 31 de diciembre de 2028 y la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios. El texto no es un borrador: es norma aprobada en Consejo de Ministros.

La oferta de alquiler y el temor al cierre del mercado​

La reacción del lado propietario es unánime en el diagnóstico, aunque no en el remedio. Se argumenta que con un contrato indefinido obligatorio y con la protección anti desahucio extendida, el alquiler deja de ser un negocio para convertirse en una obligación sin salida. De ahí la predicción más repetida: nadie alquilará, salvo estancias cortas a estudiantes o turistas.

El escenario que se dibuja va del riesgo a la hipótesis. Hay quien sostiene que, si sacas el piso, puedes acabar con un inquilino que no paga y no se va; y si no lo sacas, la ocupación ilegal hace el trabajo por otra vía. Otros van más lejos y especulan con un recargo fiscal a la vivienda no habitual multiplicando el IBI, lo que empujaría al propietario a alquilar bajo condiciones impuestas o a asumir el inmueble como pasivo. Y en el extremo, la palabra que aparece es expropiación. Nada de esto está aprobado: son escenarios que se cruzan en la conversación, no artículos del decreto.

Lo llamativo es el argumento que cierra el círculo: la vivienda se convierte en un activo con más obligaciones que rentabilidad, y el mercado se contrae justo cuando más oferta hace falta.

Maricarmen, la acampada de Sol y el origen del decreto​

El caso que activó todo tiene un perfil concreto: una mujer de 87 años, con movilidad reducida, siete décadas en el mismo piso céntrico y un alquiler heredado de otra época. Es la clase de contrato que ya casi no existe, y precisamente por eso hay quien señala que la excepción se está convirtiendo en regla general para todo el mercado. Los ministros de Sumar retrasaron el inicio de la reunión para forzar a sus socios a firmar las medidas del Sindicato de Inquilinas, la entidad que organiza la acampada en Sol.

El asunto no termina ahí. En paralelo circula otro desahucio, el de un hombre con un 87 % de discapacidad y su familia, con un hijo autista, en Barcelona. La pregunta que sobrevuela es incómoda: por qué unos casos movilizan a miles de personas y otros no llegan ni a la portada.

Qué puede pasar ahora en el Congreso​

El Gobierno llevará los dos decretos a un pleno extraordinario el viernes en el Congreso. Ahí se verá qué parte del paquete sobrevive. Para unos, el decreto es un punto de partida que se quedará corto; para otros, es un texto que ahuyenta inversión y oferta. Con la protección del desahucio ya ampliada y la prórroga de contratos encima de la mesa, la pregunta del millón no es qué hará el Congreso, sino quién firmará el próximo contrato indefinido cuando el propietario tenga la sartén por el mango.