Interior ordena acciones extraordinarias contra «terrorismo machista»
El balance del verano de los pinchazos sigue sin explicación oficial:
250 denuncias,
cero sustancias halladas en los análisis y, aun así, ocho de cada diez ciudadanos convencidos de que les habían pinchado en una discoteca. Aquel episodio funciona como ensayo general de lo que ahora repite el Ministerio del Interior, que ha ordenado una serie de «acciones extraordinarias» para frenar lo que denomina una ola de «
terrorismo machista». La etiqueta ya está instalada en el lenguaje oficial. La contabilidad de la amenaza, de momento, sigue a cero: no hay detenciones, ni juicios, ni condenas bajo ese nombre.
La discusión no es cosmética. Meter la violencia contra las mujeres en el marco del terrorismo arrastra un paquete jurídico pensado para bandas armadas —permanencias policiales ampliadas, aislamiento del detenido, delitos de enaltecimiento— y convierte una categoría estadística en un enemigo organizado. Aquí empieza el problema.
¿Existe una cúpula que ordena los crímenes machistas?
No. Nadie ha identificado un mando, una jerarquía ni un comunicado que reivindique un atentado. La analogía con la banda que mató durante décadas se desmonta sola: no hay comandos, no hay zulos, no hay «conversaciones» con nadie. Lo que hay son casos individuales de violencia letal, sin dirección ni coordinación conocida.
El argumento que más se repite lo resume en una línea: si de verdad fuera terrorismo, alguien habría reivindicado algo en treinta años. Y nadie lo ha hecho. Ahí se cae el símil con toda la parafernalia que arrastra.
Por qué los casos se «arraciman» sin que nadie los organice
Aquí entra la estadística de manual. Si se meten bolas rojas y azules en un frasco y se agitan, terminan formando racimos de cada color. Los racimos no los agrupa nadie: son el efecto del azar. Lo raro sería lo contrario, una alternancia perfecta. Trasladado a los asesinatos, que varios ocurran en pocas semanas es justo lo que predice el azar, no la existencia de una organización. Lo sorprendente sería que cayeran cada X días con regularidad matemática.
El dato que no se publica: el 90% tenía antecedentes
Un cálculo que circula en el análisis crítico sostiene que el
90% de los condenados por asesinato machista contaba con antecedentes penales previos. De ser así, bastaría con hacer públicos esos registros para que cualquier mujer pudiera ver con quién se empareja. La Justicia publica las sentencias en abierto, pero elimina los nombres; los antecedentes solo los ve la policía, y son lo primero que consulta con cualquier sospechoso. El anuncio de que se avisará a las mujeres que sean pareja de «agresores persistentes» no resuelve esa asimetría: quien quiera consultar el historial de un desconocido sigue sin poder hacerlo.
El negocio del miedo: 35.000 millones al año
Hay una línea de análisis que lo cifra todo en dinero. El miedo justificaría, según este cálculo, más de
35.000 millones anuales en presupuestos públicos vinculados a políticas de igualdad. Es una cifra que no se sostiene sola: necesita demanda constante. Cuando la percepción de riesgo baja, hay que reactivarla. De ahí las campañas, las alertas y las reuniones de urgencia.
¿Por qué no se pone escolta a las mujeres amenazadas de verdad?
Es la pregunta que más incomoda. Durante los años de plomo, la protección de las víctimas potenciales —escoltas, coches blindados, rutinas vigiladas— frustró cientos de atentados: los comandos sabían que se toparían con un guardaespaldas antes que con el objetivo. Trasladado al ámbito doméstico, algo parecido sería posible con protección física de las amenazadas. No se hace. Se hacen campañas.
La cara que no sale en los telediarios
Los casos de violencia letal se cuentan por completo solo en una dirección. En el mismo periodo han aparecido episodios en sentido contrario: una mujer acusada de envenenar a su marido, otra que atacó a sus hijos. No son titulares equivalentes, pero su ausencia del relato invita a preguntarse qué se considera noticia. Tampoco se habla de los suicidios masculinos, con cifras muy superiores a las de víctimas mortales de violencia de género, ni de su posible relación con procesos de divorcio y custodias.
Lo que puede pasar ahora
Si el marco antiterrorista se consolida, el siguiente paso lógico es que cualquier mensaje considerado de enaltecimiento entre en el Código Penal. No hace falta un comando para acabar imputado: basta un comentario. La duda, al final, no es si existe una ETA machista —no existe—, sino cuánto de este relato sobrevivirá al primer dato que lo contradiga. ¿Hasta cuándo se sostiene una amenaza que no deja detenidos?