Noticias, actualidad, sistemas y armamento de las Fuerzas Armadas Españolas

La Armada encarga 37 naves y estudia dos submarinos más​

El rearme de las Fuerzas Armadas españolas ha dejado de ser un titular de intenciones y se ha convertido en un calendario de contratos con cifra y apellido. La Armada ha confirmado la compra de ocho helicópteros antisubmarinos MH-60R Seahawk, ha recibido el primer H135 P3H «Nival» y ultima la entrega del submarino S-81 Isaac Peral, prevista para el 30 de noviembre. Sobre esa base de entregas se ha dibujado un plan mucho más ambicioso: 37 naves —23 de nueva construcción y 14 modernizadas— para mediados de la década de 2030.

La pregunta interesante no es si se compra, sino a quién, a qué precio y con qué condiciones. Ahí es donde el relato oficial empieza a hacer aguas.

Ocho MH-60R y tres cifras para la misma factura​

Lockheed Martin anunció el 12 de octubre que había sido contratado por la Armada estadounidense para entregar ocho MH-60R a la Armada española, siete meses después de que Washington aprobara la operación. La notificación del Departamento de Defensa valora el contrato en 379,6 millones de dólares, con vigencia hasta marzo de 2027. La aprobación previa, concedida el 15 de marzo, hablaba de un paquete completo —equipos, armas y servicios asociados— por 950 millones de dólares. La prensa española ha cifrado la operación en 820 millones de euros.

Tres cifras para la misma compra. La diferencia no es un error de suma: mide qué entra en cada cuenta y qué se queda fuera del escaparate. Un contrato de fabricación no es lo mismo que una autorización de venta militar extranjera, y ninguno de los dos equivale al coste final que acabará asumiendo el contribuyente.

Según la agencia estadounidense de cooperación en seguridad, el MH-60R aportará capacidad antisuperficie y antisubmarina, además de reabastecimiento vertical, búsqueda y rescate y retransmisión de comunicaciones. Todo ello «reforzará la capacidad de la Armada española para apoyar a la OTAN y seguir siendo interoperable con Estados Unidos». La frase es del comunicado oficial, no del análisis: la interoperabilidad con Washington es el argumento que justifica la compra y, a la vez, el que más incomoda.

El submarino que casi no llega​

En aguas de Cartagena se aceleran las últimas salidas al mar para certificar el pleno funcionamiento del S-81 antes de su entrega a la Armada. El programa arrastra una historia que conviene no olvidar: el S-80 nació, según recuerdan las voces críticas, con un problema de sobrepeso que obligó a rediseñar el casco y a alargarlo, con obra incluida en el dique por falta de espacio. De aquel capítulo queda una lección industrial y una factura que nadie ha desglosado en público.

La serie continúa. El S-82 se bota este año y el S-83, ya en construcción, incorpora el sistema de propulsión independiente de aire (AIP). La segunda tanda, los llamados S-85 y S-86 «Block II», ha entrado en trabajos preliminares de diseño, con la vista puesta en dar continuidad a la industria naval militar.

La discusión de fondo no es técnica, sino de ambición. Se sostiene que la recuperación es real y que cuatro unidades eran demasiado pocas; en contra pesa el recuerdo de un arma submarina que estuvo a punto de desaparecer y la sospecha de que cada nueva unidad se anuncia mucho antes de estar probada.

37 naves y quién vigila la costa​

El plan de la Armada contempla dos buques de acción marítima (BAM), cinco fragatas F-110 —con dos más en el aire, de perfil más antiaéreo— y dos buques hidrográficos, además de modernizar lo que ya flota. Detrás hay una discusión recurrente: la vigilancia costera se reparte hoy entre Guardia Civil, Sasemar, Armada y el servicio de vigilancia aduanera, mientras el salvamento marítimo depende del Ejército del Aire.

La tesis más repetida es que esa dispersión impide aprovechar economías de escala. Los patrulleros pequeños cubren más zona económica exclusiva que una fragata y a un coste muy inferior: no es lo mismo interponer una patrullera que movilizar 5.000 toneladas. Varios astilleros españoles tienen experiencia en construir ese tipo de embarcación, incluso para exportar.

Falta decidir dónde se aparcan. La continuidad del programa submarino obliga a mirar más allá de Cartagena, y sobre la mesa están Ferrol y una base en Granadilla de Abona que permitiría cerrar de una vez el Arsenal de Las Palmas.

Un portaaviones sin fecha y sin avión claro​

El escenario a tres o cuatro años tiene un hueco evidente: el ala embarcada. Los Harrier pueden aguantar hasta 2035 y el FCAS europeo no llega antes de 2040. Un portaaviones CATOBAR —con catapultas— permitiría operar el F-35C o el Rafale M y reducir la dependencia de Washington, pero obliga a decidir el modelo mucho antes que el barco.

Si se elige la versión B, de despegue vertical, la tentación es construir un portaaviones sin catapultas y ahorrarse el diseño, como han hecho los británicos. Y ahí se pierde buena parte de la capacidad que se buscaba. La otra cara es la financiera: para que todo quepa sin recortar lo anterior haría falta, según un cálculo que circula en el debate, más que duplicar el presupuesto, y eso solo tiene sentido si el PIB acompaña.

Munición, blindajes y fábricas que renacen​

El goteo de contratos pequeños completa el mapa. El Ejército ha firmado 12,6 millones de euros en munición para el Centauro y el Alcotán, repartidos entre Instalaza (5,5 millones) y FMG (7,1 millones). La artillería ha empezado a emplear proyectiles de rango extendido Excalibur, y el nuevo lanzacohetes apunta a 12 lanzadores con cohetes de hasta 300 kilómetros, apoyados en drones y radares.

En paralelo, la industria reordena sus fichas. Airbus Helicopters ha inaugurado en Albacete un hub logístico de 50.000 metros cuadrados; la vieja Santana renace en Linares como centro tecnológico orientado a la defensa; y cuatro empresas españolas —Indra, Sener, Sapa y Escribano— se han aliado con Leonardo, SAAB, Rheinmetall y KNDS en el proyecto europeo Marte de carros de combate, con casi 20 millones de euros de fondos comunitarios.

Hay un episodio que resume mejor que ninguno la dependencia: un Vamtac de Urovesa salvó a sus ocupantes en una misión de reconocimiento en África y la empresa recibió el agradecimiento de quienes iban dentro. El blindaje funcionó. El negocio sigue, pero la lección es que el valor añadido se concentra casi siempre en el sistema de armas, no en la plataforma que lo transporta.

El 1,24% del PIB y la tentación contable​

España gasta en defensa en torno al 1,24% del PIB y discute cómo llegar al 2% comprometido con la OTAN sin romper el relato. Buena parte de la conversación se ha desplazado a qué se puede contabilizar: si computa tal programa industrial, si computa la ciberseguridad, si computa según qué cooperación policial. La sospecha razonable es que el objetivo se alcanzará más por reclasificación contable que por esfuerzo nuevo.

La ambición declarada, en cambio, va más lejos. En los foros industriales se repite una frase que resume el ánimo: «Hay que quitar banderitas de otros países y ponerle la nuestra». Traducido: menos comprar hecho fuera y más integrar en casa, aunque el componente crítico siga viniendo de terceros. Es el dilema clásico —soberanía frente a plazo— y no se resuelve con un presupuesto, sino con una década de constancia.

Mientras, el calendario internacional no espera: en Canarias se ha celebrado el ejercicio Ocean Sky con cazas F-15, F-16, F-18, Eurofighter y Su-30MKI, y por primera vez buques de India, España, Francia e Italia se han ejercitado frente a las costas de África Occidental.

Soberanía, alianzas y el ruido de fondo​

Una corriente del análisis no discute las capacidades, sino para quién se construyen. Sostiene que un ejército que compra sistemas cuyos usos puede vetar el proveedor no es del todo soberano, y que el destino del gasto responde más a la agenda de la alianza que a prioridades nacionales. La acusación de fondo —servir a intereses ajenos con dinero propio— aparece en distintos tonos y con distintos ejemplos, casi siempre relacionados con Estados Unidos y con la OTAN.

No es una tesis nueva ni exclusiva de España. Tampoco es fácil de rebatir con datos, porque el dato que importaría —qué restricciones reales acompañan a cada contrato— rara vez se publica. Y cuando se filtra, como en el caso de las cláusulas de venta de los cazas F-35, el debate se enciende.

Si el calendario se cumple, a mediados de la próxima década la Armada tendrá más buques que en cualquier momento desde los años ochenta y una capacidad submarina recuperada. Si algo se tuerce —un retraso del FCAS, un veto de proveedor, un cambio de gobierno—, el plan seguirá sobre el papel y los cascos, en el astillero. Conviene vigilar las fechas de entrega, no los anuncios.