La fuga anticipada hacia la jubilación: por qué los trabajadores prefieren una pensión menor a seguir remando
El 30 de abril, un trabajador de 63 años se jubiló. Su caso no es excepcional: cobrará 2.400 euros más al año que si continuara en activo, y la Seguridad Social dejará de descontarle un 6,8% de su base de cotización. Lo hizo voluntariamente, asumiendo una penalización del 8% por cada año adelantado. Si había cotizado 38,5 años, la reducción es máxima dos años. Pero el cálculo le salió a cuenta.
No es el único. En los últimos meses, el número de jubilaciones anticipadas ha crecido exponencialmente, según coinciden los análisis. La razón no es el cansancio laboral, sino un miedo muy concreto: que el sistema de pensiones sufra un recorte inminente. "Prefieren asegurarse una pensión algo recortada que quedar a expensas de las ocurrencias de los políticos", resume una corriente de opinión cada vez más extendida.
El miedo a la reforma que no llega (pero se presiente)
La certeza de que la Seguridad Social es un esquema insostenible se ha instalado entre los trabajadores con carreras largas. Saben que la edad de jubilación se ha retrasado hasta los 67 años y cuatro meses, pero desconfían de que las reglas se mantengan. Se argumenta que una vez que se jubilan, los recortes nunca afectan a los ya pensionistas —por el coste político—, de modo que el riesgo recae sobre los que aún cotizan. La estrategia es entrar antes en el club de los que cobran, aunque sea con una rebaja.
Los datos les dan la razón, al menos en el corto plazo. Un trabajador con 40 años cotizados puede jubilarse a los 63 con una penalización del 16% (dos años al 8% cada uno). Si su pensión máxima fueran 2.500 euros, perdería unos 400 euros al mes. Pero al dejar de pagar el 6,8% de cotización social, su ingreso neto mejora. Y eso sin contar el ahorro fiscal.
Las cuentas de la prejubilación: ¿cuánto se pierde?
El coeficiente reductor es del 8% por año para quienes acreditan más de 38,5 años cotizados; para carreras más cortas, el porcentaje sube hasta el 2% por trimestre. En la práctica, el descuento máximo ronda el 20% aunque algunos cálculos lo sitúan en el 40% para casos extremos. Pero la mayoría de los que se acogen a la jubilación anticipada voluntaria tienen carreras largas y optan por adelantar solo uno o dos años, con penalizaciones del 8% al 16%.
Hay quien incluso ha diseñado estrategias más agresivas: dejar el empleo unos años antes, vivir del paro o de un plan de pensiones, y luego suscribir un convenio especial con la Seguridad Social pagando 500 euros al mes para mantener la cotización. Es decir, el sistema premia, por decirlo de algún modo, a quienes juegan con las reglas.
La brecha generacional y el futuro del sistema
El fenómeno divide aguas entre generaciones. Mientras los trabajadores cercanos a la jubilación se apresuran a salir, los más jóvenes, con contratos precarios y salarios bajos, ven imposible cotizar los 35 o 40 años que se exigen. El resultado es una bomba demográfica: la tasa de reposición (nuevos cotizantes frente a pensionistas) se desploma. Algunas voces apuntan a que la inmigración no bastará para tapar el agujero, especialmente si los recién llegados se incorporan con empleos de baja calidad.
Pero quizá lo más llamativo es la paradoja: el Gobierno insiste en alargar la edad de jubilación para aliviar las cuentas, pero los trabajadores con más años cotizados interpretan esa medida como una señal de alarma y se precipitan a salir. La fuga anticipada, lejos de aliviar el sistema, lo tensa aún más.
El dato que descoloca: cada año que un trabajador se jubila antes de la edad ordinaria, la Seguridad Social recauda menos cotizaciones y paga más pensiones. Si la tendencia se consolida, la sostenibilidad del sistema se resiente justo cuando el discurso oficial asegura que está garantizada. Mientras tanto, el cálculo individual gana: más vale pájaro en mano que ciento volando.