Alquilar: cuando el inquilino se va y deja a un tercero dentro
¿Se puede alquilar un piso sin arriesgar el patrimonio? El caso que ha centrado el análisis en el subforo de Economía es un manual de lo que puede salir mal. Un arrendatario solvente, con un salario de unos 5.000 euros mensuales, alquila una vivienda en zona buena con piscina y pista de pádel por 1.100 euros al mes. Todo correcto hasta que se lía con una mujer con un hijo de 14 años, se los lleva a vivir allí y, cuando la relación termina, él comunica al propietario que se marcha y que no quiere saber nada de ella. La mujer, que trabaja en un supermercado con un sueldo de entre 1.600 y 1.700 euros, se niega a salir del piso y alega tener un menor a su cargo.
Dos años de juicios, varias órdenes de desalojo y ninguna ejecutada. El propietario ha terminado pagando 9.000 euros a la inquilina para que se vaya y retirando la demanda. Después ha vendido el piso y asegura que no volverá a alquilar mientras viva. La conclusión que se extrae del caso es incómoda: el problema no fue el contrato, ni la solvencia inicial, ni siquiera el impago. Fue la aparición de un tercero que nunca firmó nada y que, sin embargo, acabó teniendo más derechos efectivos sobre la vivienda que el propio dueño.
¿Por qué el propietario no pudo recuperar su piso?
El mecanismo es sencillo de describir y difícil de aceptar. El inquilino original cumple con el aviso, firma la entrega y se va. Cuando el arrendador acude a tomar posesión, se encuentra a otra persona instalada, que no tiene contrato con él y que se declara con derecho a permanecer. A partir de ahí, el asunto deja de ser un incumplimiento contractual y se convierte en un procedimiento judicial con plazos, recursos y suspensiones.
La clave está en la protección del menor.
Las órdenes de desalojo se suspendieron en el último momento por tener un menor a cargo, según el relato del caso. Esa circunstancia, unida a la situación económica de la ocupante —un salario que no permite embargos relevantes y que hace inviable cualquier reclamación de daños—, convierte la vía legal en un pozo sin fondo. El propietario calculó que seguir litigando costaba más que pagar. Y pagó.
El cálculo que hace que muchos propietarios dejen de alquilar
La decisión final del dueño —vender y no volver a alquilar— no es un arrebato. Es aritmética. Entre los meses sin cobrar, los honorarios de abogado y procurador, las tasas, los desperfectos y los dos años de espera, la operación se cierra con pérdidas. El pago de 9.000 euros para acelerar la salida se presenta, en ese contexto, como la opción más barata.
Hay quien sostiene que el error fue no blindar el contrato con cláusulas que impidieran la entrada de terceros sin autorización. La respuesta jurídica que da un participante es que ese tipo de cláusulas son nulas: la vivienda arrendada es el hogar del inquilino y este puede meter en ella a quien quiera, sea pareja, amigo o familiar. Lo que no se puede es impedir. Lo que sí se puede es no alquilar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.
Menos oferta, precios más altos: el efecto dominó
La consecuencia agregada de casos como este es la que ya se está viendo en el mercado: menos pisos en alquiler, más competencia entre demandantes y rentas al alza. Cada propietario que decide retirar su vivienda del mercado reduce la oferta y presiona el precio de las que quedan. No hace falta ninguna conspiración para explicarlo.
El perfil del arrendatario también se ha estrechado. Se prima la nómina alta y embargable en España, el aval bancario, el seguro de impago y, en algunos casos, dos nóminas. Los solteros con ingresos medios, los autónomos y quienes cobran cerca del salario mínimo lo tienen cada vez más difícil. No por prejuicio, sino porque el coste esperado de un impago con ocupación posterior es demasiado alto para asumirlo.
La solución que se ha impuesto en la práctica no es legislativa, sino individual: no alquilar. El propietario que vendió su piso no ha ganado nada, pero ha dejado de perder. Y eso, en el mercado actual, algunos lo llaman rentabilidad.