Ni un 20% de la población española entiende que la escalada vertiginosa de precios (inflación) se debe en buena medida a las sucesivas subidas del SMI

SMI e inflación: cuando subir el salario mínimo empobrece a todos​

El salario mínimo interprofesional ha pasado de 735,9 euros a 1.221 euros mensuales desde 2018. Un 66% de subida que, en lugar de blindar a los trabajadores más vulnerables, los ha dejado frente a una cesta de la compra que se encarece más deprisa que sus nóminas. La pregunta que recorre el análisis económico del momento es directa: ¿cuánto pesa de verdad el SMI en la inflación?

Los números de la escalada​

Los datos manejados en los círculos económicos sitúan el impacto del SMI en una horquilla muy concreta. Afecta a 2,5 millones de trabajadores, menos del 8% de la fuerza laboral. La masa salarial completa vinculada a este salario ronda los 25.000-30.000 millones de euros anuales, y la última subida aprobada supone entre 4.000 y 5.000 millones extra. Frente a eso, solo la masa salarial del sector público supera los 150.000 millones de euros anuales. La comparación invita a un ejercicio de humildad: el SMI es un altavoz político descomunal para un coste económico relativamente pequeño.

La tesis inflacionista: costes que se trasladan al precio​

Hay quien sostiene que subir el salario mínimo en sectores de bajo margen –agricultura, limpieza, seguridad– encarece el coste de personal y acaba repercutido en el ticket. El argumento tiene una segunda pata: la compresión salarial. Mientras el SMI ha subido un 40%, el resto de los salarios apenas ha avanzado entre un 10% y un 14%. El resultado es que un técnico cualificado cobra casi lo mismo que un peón, y la motivación para formarse o asumir responsabilidades se esfuma. La empresa, por su parte, paga por un trabajador que cobra 1.200 euros netos alrededor de 2.100 euros de coste laboral total. Esa diferencia termina en el precio final.

La respuesta monetarista: la culpa es de la impresora​

La corriente contraria no se muerde la lengua: la inflación no es un fenómeno salarial, sino monetario. Expansión del BCE, compra de deuda soberana, déficit público disparado y una guerra en Ucrania que encareció la energía. El llamado efecto Cantillon –el dinero nuevo llega primero a los mercados y luego a los precios– explicaría la escalada mejor que las nóminas. En este relato, el SMI no es la causa sino la consecuencia: si no sube, se lo come la inflación y se convierte en un salario de miseria. Los defensores de esta tesis recuerdan que el grueso de la subida de precios se observa también en países sin subidas equivalentes del salario mínimo, y que el petróleo y los carburantes pesan más en el IPC que los trabajadores peor pagados.

La paradoja que nadie termina de explicar​

La anécdota que mejor resume el sinsentido: alguien que ganaba 900 euros gastaba 60 en el supermercado; ahora gana 1.200 y gasta 100, y sigue igual de justo. La subida nominal se la traga la inflación. Por eso el trabajador con SMI no se siente más rico, y la pregunta sobre quién genera los precios –los salarios bajos o la máquina de imprimir dinero– sigue sin respuesta concluyente.

Se añade además un detalle incómodo: el IPC oficial no refleja la compraventa de vivienda, uno de los capítulos que más ha subido en los últimos años. Si el índice midiera lo que la gente realmente paga por techo, el desfase con la realidad sería aún mayor.

La pregunta incómoda queda en el aire: si el SMI no es el culpable, ¿por qué el relato oficial se empeña en señalar a los salarios más bajos? Y si lo es, ¿cuánto habría que subirlo para que, de verdad, sirva para llegar a fin de mes?