79.800 euros en permiso de paternidad: el caso que reabre la polémica
¿Puede un trabajador disfrutar de más de tres años de permiso de paternidad retribuido? Según la información difundida en las últimas horas, un operario de una fábrica de madera en Madrid lo habría conseguido. La cifra supera los 79.800 euros pagados por la Seguridad Social. El hombre, con nueve hijos de tres esposas distintas en Burkina Faso, habría acumulado 171 semanas de baja, es decir, 1.197 días de ausencia en solo seis años de vida laboral activa.
La empresa acabó despidiéndolo por bajo rendimiento, pero tuvo que pagarle 14.000 euros para evitar el riesgo de una declaración de nulidad. El dinero no es lo más llamativo. Lo que sorprende es que el sistema lo haya permitido. La ley contempla el permiso por paternidad como un derecho individual e intransferible de dieciséis semanas por cada nacimiento. Nada impide sumarlos si los hijos llegan en cadena, incluso cuando el progenitor reside en otro país y no viaja a cuidarlos.
Los números del caso que descoloca al sistema
Los cálculos pueden resumirse así: nueve hijos en seis años, tres madres distintas, 171 semanas de permiso y casi 80.000 euros de prestación. A eso se añaden los 14.000 euros de indemnización por despido improcedente. En total, más de 93.000 euros entre Seguridad Social y empresa por un trabajador que apenas habría ejercido la custodia efectiva.
La controversia jurídica no es nueva: ¿el espíritu de la ley exige que el permiso se disfrute en España, con el niño presente? La norma no lo dice. Tampoco exige viajar a ver a los hijos. La interpretación literal permite lo que la lógica social considera una tomadura de pelo. Y el coste recae sobre la tesorería pública, en un sistema ya tensionado por el gasto en prestaciones.
Una rendija legal que costará cara
Quienes defienden la ley actual argumentan que la paternidad no entiende de fronteras: si un trabajador tiene hijos, tiene derecho a cuidarlos. Pero la crítica se centra en la falta de control: nadie verifica que los permisos se utilicen para el fin previsto. Este caso podría convertirse en el detonante para revisar los requisitos, como ya ocurrió con otras prestaciones sociales que sufrieron un endurecimiento de los controles tras escándalos similares.
El desenlace queda abierto. La empresa se libró de la nulidad pagando, y el trabajador se lleva los permisos y la indemnización. La Seguridad Social, por su parte, sigue esperando que alguien explique cómo es posible que tres años y tres meses de baja en seis años sean legales. Mientras tanto, el sistema sigue pagando. Ironías del modelo de bienestar.