Multados por los mugidos de una vaca: «Hay gente que se muda a entornos rurales y no comprende que esto no es una urbanización»

Una denuncia por los mugidos de una ternera en Asturias​

Una ternera muge y se activa una ordenanza municipal. El marcador del expediente: 74 decibelios medidos en la cuadra frente a los 55 que fija el límite legal. La familia, con más de cuatro décadas de ganado en la misma zona, sostiene que nunca había tenido un problema hasta que un vecino que se había instalado recientemente en el pueblo presentó una denuncia. El animal era una xatina, la cría de una vaca que había perdido a su madre y que fue destetada de golpe.

Los hechos, recogidos por la prensa asturiana, siguen un orden que no acaba de cuadrar. Los mugidos se oyeron el pasado verano. Los técnicos del ayuntamiento no hicieron la comprobación de decibelios hasta diciembre. La denuncia llegó al domicilio de los ganaderos un martes. Entre el ruido y la denuncia, meses. Y una sanción que, según un cálculo que circula en el foro, rondaría los 300 euros.

¿Qué dice la ordenanza de ruidos que se aplica en este caso?​

El tope son 55 decibelios. La medición municipal arrojó 74. Con ese margen, la infracción es difícilmente discutible en términos administrativos: otra cosa es si tiene sentido aplicar la norma a una cuadra en un entorno rural. Esa distancia entre lo legal y lo razonable recorre todo el asunto. Una ternera separada de su madre de golpe muge, y si lo hace de noche, lo hace dentro del horario que la ordenanza protege.

Conviene apuntar un dato que ayuda a dimensionar el caso: una cría de vaca de este tipo, según los cálculos que circulan, puede costar unos 50 euros. La madre murió y el ternero quedó solo en la cuadra. La ordenanza no distingue entre un local de ocio y una explotación familiar. Mide decibelios y punto.

La medición de diciembre que no coincide con los mugidos del verano​

El punto más discutido no es el ruido, es la fecha. Los decibelios que sustentan la denuncia se midieron en diciembre, pero el ternero mugía en verano. La denuncia, por tanto, no se habría instruido por el episodio del animal huérfano, sino por una medición posterior. Ese desfase deja la historia, cuanto menos, incompleta, y abre una pregunta incómoda: ¿qué estaba midiendo exactamente el técnico?

También pesa el tiempo transcurrido. Entre la queja inicial y la notificación pasó alrededor de un año. Un plazo que, para unos, demuestra que el asunto nunca fue urgente; para otros, que hubo margen de sobra para retirar la denuncia si la cosa era tan poca cosa.

El pueblo como periferia metropolitana, no una aldea remota​

Hay quien sitúa el caso en Siero, un municipio pegado a Oviedo. De confirmarse, no sería una aldea remota de montaña, sino el cinturón de una capital que lleva años dejando de ser rural. Ese detalle reordena el conflicto. Hay quien sostiene que no estamos ante un choque entre campo y ciudad, sino ante dos modelos de pueblo que conviven mal: el que vive de la ganadería y el que llega buscando una casa con jardín a quince minutos de la oficina.

De ahí surge la crítica más repetida: el recién llegado quiere paisaje, silencio y aire limpio, pero no el mugido, ni el olor, ni la maquinaria a las seis de la mañana. La contraparte también existe: si hace décadas que el ganado salió del casco urbano en la mayoría de los pueblos, ¿por qué esta cuadra seguía dentro?

¿Denuncia legítima o ajuste de cuentas entre vecinos?​

En paralelo al debate legal circula otra hipótesis, sin confirmar: que el origen no sea el ruido, sino un conflicto vecinal previo que encontró en la ordenanza un cauce cómodo para judicializarse. No hay prueba alguna de ello en lo publicado, pero la sospecha explica por qué el caso ha trascendido. Se lee como la enésima guerra entre quien acaba de llegar y quien lleva toda la vida en el mismo sitio.

El pulso sobre la rentabilidad ganadera​

Con la denuncia sobre la mesa, el foco se desplaza a la viabilidad. Una explotación pequeña, con pocos animales y márgenes estrechos, sostiene difícilmente una multa, un abogado y un conflicto vecinal abierto. Hay quien defiende que solo sobreviven las granjas modernas, diseñadas para producir de forma rentable y con estándares de bienestar animal. Y hay quien responde que ese discurso convierte cualquier explotación familiar en un residuo del pasado.

El terreno donde se libra esta discusión es, además, el de la llamada España vaciada. La paradoja queda servida: se pide repoblar el medio rural y, a la vez, se aplica a sus habitantes un listón normativo pensado para ciudades.

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Al final, la pregunta que nadie cierra es sencilla: si el pueblo se vació porque no ofrecía nada, ¿qué pasa cuando quien llega lo hace para que el campo se comporte como una urbanización? La multa, según un cálculo que circula, rondaría los 300 euros. La convivencia no tiene precio, pero tampoco tiene ordenanza que la mida.