Mi aportacion a la sequia catalana

Debate sobre la sequía y el agua del Ebro​

¿Puede una comunidad autónoma quedarse sin agua mientras el resto de la cuenca del Ebro tiene reservas abundantes? En el debate se manejan datos que apuntan a una paradoja incómoda. Según las cifras que circulan, el embalse de Ribarroja, situado en el Ebro antes de llegar al delta, está al 90% de su capacidad, y el de Mequinenza al 78%. En la otra punta, el embalse de Sau, que abastece a Barcelona, se encuentra al 4%, y el de Susqueda al 20%. Para algunos participantes, la sequía no es un problema de falta de agua en España, sino de dónde está esa agua y quién tiene derecho a usarla.

El mapa hídrico que centra el debate​

La comparación entre cuencas es el argumento más repetido. Mientras los embalses del sistema Ter-Llobregat, que sirven a Barcelona y su área metropolitana, se encuentran en niveles críticos, los grandes pantanos de la cuenca del Ebro mantienen reservas muy superiores. El embalse de Yesa, en la cabecera del Ebro, está al 90%, según los mismos datos. La conclusión que extraen algunos participantes es que el problema no es la ausencia de lluvia, sino la gestión y la infraestructura.

Hay quien sostiene que Cataluña ha priorizado durante años inversiones en embajadas, televisiones públicas e inmersiones lingüísticas antes que en infraestructuras hídricas. Un cálculo que circula es contundente: se habla de 6 millones de catalanes a los que se les corta el agua mientras el dinero se destina a otras partidas. La desaladora de Sagunto, en la Comunidad Valenciana, se ha convertido en el símbolo de esa contradicción: una infraestructura valenciana que, según estas voces, podría acabar enviando agua a Barcelona.

El fantasma del trasvase y la guerra del agua​

La sombra del Plan Hidrológico Nacional recorre todo el debate. En 2003, el gobierno de José María Aznar aprobó un trasvase del Ebro que nunca se ejecutó. Con la llegada de Zapatero al poder en 2004, la derogación del PHN se convirtió en moneda de cambio política. Convergència i Unió, que entonces gobernaba en Cataluña, no había mostrado un interés especial en el proyecto, pero el nuevo ejecutivo socialista lo tumbó en cuestión de días. La alternativa fueron las desaladoras, presentadas como la solución definitiva.

Dos décadas después, esas desaladoras funcionan a un 15% de su capacidad, aunque suministran el 40% del agua potable de Murcia. El dato, extraído de informaciones periodísticas, alimenta la tesis de que la política hídrica española se ha construido sobre parches y ocurrencias, no sobre un plan coherente. Para algunos, la sequía actual no es una anomalía climática, sino el resultado de decisiones políticas que primaron el corto plazo.

Solidaridad, expolio y el retorno del victimismo​

El argumento de la solidaridad interterritorial tiene dos caras. Una parte del análisis sostiene que si Cataluña tuviera que enviar agua a la Comunidad Valenciana o a Murcia, el Gobierno central acusaría a estas regiones de despilfarradoras y de mala gestión, mientras la Generalitat hablaría de expolio y repetiría el mantra de que España roba a Cataluña. Como el flujo es al revés, toca callar y ser solidarios. La asimetría del relato, según esta corriente, es evidente.

En el otro extremo, hay quien defiende que el odio hacia Cataluña es razonable pero equivocado, porque en Cataluña hay muchos españoles que sufren las consecuencias de las políticas independentistas. La distinción entre la clase política y la población es un matiz que se repite. No todos los catalanes son separatistas, y muchos de los que no lo son, según esta visión, miran hacia otro lado en lugar de plantar cara al nacionalismo.

Del cava al Cacaolat: el catálogo de soluciones imaginativas​

El tono del debate deriva hacia lo esperpéntico cuando se enumeran las supuestas aportaciones. Se habla de enviar barcos cisterna con kalimotxo desde Bilbao, de exportar polvorones, de que los catalanes beban cava o Cacaolat, de infusiones de esteladas. La sequía se convierte en un chiste recurrente, en una forma de procesar la tensión territorial. Detrás de la broma hay un fondo serio: la sensación de que el problema del agua es un síntoma de un conflicto político más profundo.

La ironía más repetida es que la amnistía acabará con la sequía. Se bromea con que el expresidente catalán, desde su residencia en Bélgica, obrará el milagro de los panes y los peces, o mejor dicho, de las nubes y las borrascas. Es humor negro sobre una realidad incómoda: la política catalana lleva años instalada en la confrontación y la gestión de lo básico queda en segundo plano.

¿Qué pasa si no llueve en Cataluña?​

La respuesta corta es que las restricciones se endurecerán. Los embalses de Sau y Susqueda, que abastecen a buena parte del área metropolitana de Barcelona, están en niveles que no admiten mucha más espera. Las desaladoras pueden cubrir parte de la demanda, pero su capacidad es limitada y su coste energético elevado. La alternativa del trasvase desde el Ebro sigue sobre la mesa, pero cualquier gobierno que lo plantee se enfrentará a la oposición frontal del independentismo, que lo calificará de expolio.

La paradoja es que el agua sobra en unas cuencas y falta en otras. El delta del Ebro, que da nombre al conflicto, es el símbolo de un equilibrio roto. Los pantanos de Ribarroja y Mequinenza podrían aliviar la sed de Barcelona, pero hacerlo exigiría un acuerdo político que hoy parece imposible. Mientras tanto, la lluvia sigue cayendo donde no hace falta. Ni hecho aposta.