Internacional: México está acelerando el despliegue de la identificación biométrica (mexicanos que tengan un teléfono móvil).

México fuerza el registro biométrico de móviles: 130 millones de líneas en el aire​

El gobierno mexicano ha puesto en marcha uno de los sistemas de identificación biométrica más ambiciosos del mundo: todas las líneas de telefonía móvil —unos 130 millones— deberán estar vinculadas a la tarjeta de identidad nacional mediante huellas dactilares, escaneo de iris y reconocimiento facial. El plazo vence el 1 de julio de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que es voluntario, pero los números no registrados serán suspendidos.

Un historial de tropiezos​

No es el primer intento. Los dos anteriores acabaron en una filtración masiva de datos y en un rechazo de la Suprema Corte. El escepticismo ciudadano es comprensible. La crisis forense que arrastra el país —con miles de desaparecidos sin identificar— ha sido esgrimida por las autoridades como argumento a favor: un jefe de policía recomendaba salir de casa con identificación para poder contactar a las familias en caso de atropello. Sin embargo, la oposición al registro se ha generalizado.

Millones de mexicanos se niegan en silencio​

Según informes posteriores al 1 de julio, millones de usuarios de prepago simplemente no registraron sus líneas. No hubo protestas organizadas ni juicios; solo una negativa masiva y silenciosa. Ante el incumplimiento generalizado, el gobierno se vio forzado a dar marcha atrás, según publicó el portal Expose-News a finales de julio. La política, diseñada para combatir la delincuencia y el anonimato, fue derrotada por la apatía organizada.

El narco y los resquicios legales​

Los críticos señalan que la medida no afectará a la delincuencia organizada. Los cárteles pueden seguir usando teléfonos registrados a nombre de terceros por unos cientos de dólares, o líneas satelitales. Mientras tanto, el ciudadano común pierde privacidad y queda expuesto a posibles filtraciones. La ironía es que la identificación biométrica, presentada como herramienta de seguridad, termina siendo un dolor de cabeza para el gobierno, que no logra imponerla.

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El desenlace mexicano es una advertencia para otros gobiernos que planean sistemas similares. La resistencia pasiva puede ser más eficaz que la protesta organizada. La pregunta que queda en el aire es si el registro biométrico acabará implantándose de forma gradual o si el Ejecutivo lo dejará morir como los intentos anteriores.