MENAS: ¿Y cuánto nos va a costar ESTO? ❌

Centros de menas: 24 millones para 120 plazas en Madrid​

¿Cuánto cuesta mantener un centro de menores migrantes? La respuesta que circula en el debate público es incómoda: más de 24 millones de euros al año para atender a 120 menores en la Comunidad de Madrid, según las cifras que se manejan en la discusión. Eso equivale a un cuarto de millón de euros por menor y año. La cifra, repetida hasta la saciedad, se ha convertido en el principal argumento de quienes exigen revisar el modelo de acogida. El detonante de la última polémica fue un incendio en el Centro de Menas de Hortaleza, presuntamente provocado durante una reyerta entre internos de distintos orígenes. El suceso, lejos de ser aislado, se suma a una lista de incidentes que incluye agresiones a trabajadores, robos y motines en varios puntos de España.

¿Qué pasó en el centro de menas de Hortaleza?​

El fuego arrasó parte de las instalaciones y obligó a intervenir a los servicios de emergencia. La reconstrucción, según los cálculos que circulan, costará más que levantar el centro desde cero. No es la primera vez que ese centro protagoniza titulares: en el mismo inmueble se han registrado episodios de violencia, amenazas a la directora y agresiones a educadores. La consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha declarado que «no hay un problema de seguridad» y que los menores magrebíes vienen dispuestos a integrarse. La distancia entre esa afirmación y los hechos que se acumulan en la hemeroteca es, como mínimo, notable.

El negocio de los contratos y el coste por plaza​

Mientras unos miran el gasto, otros miran el negocio. La adjudicación de contratos de obra, suministros y personal para estos centros mueve un volumen considerable de dinero público. Hay quien sostiene que el sistema genera incentivos perversos: cuanto más grande es el problema, más recursos se destinan y más crecen las estructuras que dependen de esos fondos. La Junta de Andalucía reconoció que el presupuesto para atender a menas supera los 80 millones de euros. En Navarra, se habla de 50.000 euros por menor. Ceuta se ha declarado «al borde de la quiebra» porque el coste de estos menores equivale al presupuesto de la Policía Local. La pelota, en definitiva, no está solo en el tejado de Madrid.

¿Por qué se disparan los incidentes en los centros?​

Los episodios se repiten: incendios en Teruel y Zaragoza, agresiones en Casa de Campo, amenazas de muerte a la directora de un centro, robos denunciados por los propios trabajadores. En Teruel, dos educadores acabaron hospitalizados, uno de ellos en la UCI, tras un incendio provocado. La pregunta que sobrevuela es si el modelo de acogida está diseñado para integrar o simplemente para contener. Los sindicatos y trabajadores sociales llevan tiempo advirtiendo de la falta de medios y de la ratio insostenible. Algunos análisis apuntan a que la masificación y la ausencia de filtros previos agravan los conflictos. Otros, en cambio, señalan que el problema es de origen: la llegada de menores no acompañados sin un control migratorio efectivo.

La respuesta política: acoger por obligación​

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado su intención de impulsar un cambio legal para que todas las comunidades autónomas estén obligadas a acoger a menores migrantes, quieran o no. La medida ha caído como un jarro de agua fría en varias regiones, que ya advierten de que no tienen plazas ni presupuesto. La propuesta reabre el eterno pulso entre el Gobierno central y las comunidades. Mientras tanto, los vuelos conocidos como «vuelos patera» multiplican por seis la llegada de menas a Madrid: ocho de cada diez entraron por Barajas, según los datos que se citan. La vía aérea se ha convertido en la puerta principal.

El yihadismo y la radicalización, un factor añadido​

A la lista de incidentes se suma una preocupación creciente: la radicalización de algunos menores. La Policía ha acusado a una red vinculada al imán de Melilla de instruir a menores en la fabricación de explosivos. Un menor converso al yihadismo fue detenido en Sitges cuando se preparaba para atentar con explosivos. Son casos aislados, pero suficientes para que los servicios de información hayan elevado el nivel de alerta. La combinación de menores sin arraigo, entornos cerrados y discursos radicales es un cóctel que nadie quiere gestionar.

¿Cuánto nos va a costar esto?​

La pregunta del titular no tiene una respuesta única. Depende de si se cuenta solo el gasto directo (plazas, personal, seguridad) o se añaden los costes indirectos: incidentes, destrucción de instalaciones, atención sanitaria, judicial y policial. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende. Y mientras se discute el reparto, los centros siguen ardiendo. Al final, el único consenso parece ser que alguien pagará la factura. Y no será precisamente quien la provoca.