[Guetofobia] Por qué Dinamarca va a demoler barrios enteros habitados por ciudadanos 'no occidentales'

Dinamarca vaciará o derribará más de 4.000 viviendas sociales para diluir los guetos​

La demolición de barrios enteros ya no es una hipótesis en Dinamarca: es un programa con criterios, umbrales y calendario. El país que durante décadas presumió de coeficientes de Gini entre 22 y 25 —igualdad de referencia mundial— ha convertido la vivienda pública en el instrumento de una política migratoria explícita. El Gobierno socialdemócrata sostiene que desmantela «sociedades paralelas». La crítica responde que se está desalojando a ciudadanos por su origen y su código postal.

El detalle que suele perderse es que la norma no habla de nacionalidad. Habla de «origen o ascendencia no occidental», una categoría administrativa que incluye a daneses con pasaporte danés. Ahí empieza el problema jurídico.

¿Qué exige la ley del gueto danesa?​

La ley se activa cuando coinciden dos cosas. Primera: al menos la mitad de los residentes son inmigrantes o descendientes de inmigrantes de «países no occidentales». Segunda: el barrio suma dos o más de estas cuatro características: bajos ingresos, bajo nivel educativo, alto desempleo o un porcentaje elevado de residentes con condenas penales. Cuando se cumplen ambos requisitos, la proporción de vivienda de alquiler social debe caer al 40% o menos antes de 2030.

No es una recomendación. Es un mandato que obliga a vaciar, vender a inversores privados o demoler edificios completos. La decisión sobre qué se conserva queda en manos de ayuntamientos y asociaciones de vivienda, lo que traslada la pelota a la administración local. El criterio que más se repite en la selección de un «gueto» es puramente aritmético, y se aplica sin distinguir entre ciudadanos y no ciudadanos. Ese es, precisamente, el punto que ha encendido el debate legal.

Cuántas viviendas se derriban y cuántas ya han caído​

Los números son concretos. El plan exige vaciar o derribar más de 4.000 unidades de vivienda pública. Al menos 430 ya han sido demolidas. A los desalojados se les ofrecen otras viviendas baratas en barrios distintos, con la idea de que la dispersión rompa la concentración.

Hay un dato económico que se usa como justificación y como munición a la vez: el coeficiente de Gini danés, históricamente anclado entre 22 y 25, se ha disparado hasta rozar la escala de 30, niveles que empiezan a parecerse a los de los países del sur de Europa. Sociedad más desigual suele significar menos seguridad percibida. Y la inseguridad percibida, en política, se traduce en votos y en leyes. El baremo completo que decide qué bloques caen y cuáles se salvan es lo que convierte un plan abstracto en un mapa con direcciones concretas.

Vollsmose: dónde se aplica el plan con más fuerza​

El caso más citado es Vollsmose, un suburbio de Odense donde más de dos tercios de los residentes provienen de países no occidentales, mayoritariamente musulmanes. Ahí el mandato se traduce en demoliciones de gran alcance, según recogía The New York Times a finales de 2023.

El análisis académico apunta a un efecto colateral incómodo. Hans Skifter Andersen, profesor de la Universidad de Aalborg, advertía en un blog de la London School of Economics de que la aplicación de la ley supone una reducción de la vivienda social y, en especial, de la de alquiler moderado. Traducido: se restringen las opciones de vivienda de las minorías étnicas y de las personas desempleadas o con bajos ingresos. Menos parque público y competencia más dura por lo que queda.

Integración o discriminación: el frente jurídico​

El Gobierno argumenta que sin medidas de este tipo los guetos se cronifican como islas de pobreza y que las generaciones siguientes heredan la segregación. Desde ese punto de vista, mezclar es la única forma de que los niños de Vollsmose aprendan danés, terminen la escuela y accedan al mercado laboral como cualquier otro. Es el argumento de la cohesión social, y tiene su lógica interna.

El enfoque ha sido acusado de violar las convenciones internacionales contra el racismo, y algunos de los residentes que corren el riesgo de perder su casa han iniciado acciones legales contra el Gobierno. No hay veredicto: el asunto sigue abierto. Tampoco hay acuerdo sobre qué mide realmente la ley. Sus defensores ven un problema de vivienda y empleo; sus críticos ven una política étnica escrita con eufemismos.

Qué se gana dispersando a los residentes​

Aquí el consenso se rompe del todo. Una corriente del análisis sostiene que trasladar familias no elimina la causa del problema, solo cambia de barrio la estadística y extiende la tensión a zonas que hasta ahora no la tenían. Es una lectura incómoda: si la segregación se debe a la falta de empleo, de idioma y de renta, mover el domicilio no altera ninguna de las tres.

Otra lectura, muy extendida, apunta al incentivo. Se argumenta que un sistema de bienestar generoso puede convertirse en trampa cuando el acceso a la vivienda social no exige contrapartida laboral o lingüística. Y una tercera vía lee todo el proceso como un fenómeno conocido: un mecanismo de revalorización urbana que empuja a los residentes de renta baja fuera de los barrios que se quieren transformar. Gentrificación, vaya.

Los partidarios del plan responden con una pregunta sencilla: si los guetos se han construido por acumulación, ¿por qué no se van a deshacer por dispersión? Los opositores tienen otra: ¿a dónde van las personas, y con qué dinero?

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Lo que se juega Dinamarca en los próximos años es si una democracia puede reordenar por ley la composición de sus barrios sin convertir el origen en criterio administrativo. Los tribunales tienen la última palabra y aún no la han dicho. Si la norma resiste, el modelo danés tendrá una versión de exportación que pocos habrían imaginado hace una década. Si cae, el país habrá derribado 430 viviendas para nada.