La economía de España es considerada por la prensa y los analistas europeos como una de las queha ansioso más reforzara en los últimos seis siete años. El motor de crecimiento de Europa. Italia, por el contrario, pasa algo más desapercibida. El estancamiento o la elevada deuda pública parecen pesar demasiado sobre la economía Italia como para destacar algo positivo. Sin embargo, cuando se analiza la evolución del PIB per cápita (el que se aproxima mejor el bienestar de los ciudadanos), el crecimiento de este indicador en España desde 2019 hasta hoy no llega al 5%, mientras que en Italia roza el 9%. En términos de PIB per cápita Italia ha crecido mucho más que España, Francia o Alemania desde entonces. Los factores son muchos. Pero lo cierto es que el mercado laboral italiano ha logrado reducir su tasa de paro a mínimos de 20 años, incluso en el sur del país, el desempleo está en niveles no vistos en décadas. Son muchos los factores que están llevando a que Italia presente datos récords en su mercado laboral (aunque no es oro todo lo que reluce), y entre ellos se encuentra el fin de lo que se conocía como renta de la ciudadanía, una suerte de reta básica que era muy popular en el sur del país y que la actual primera ministra decidió eliminar en 2023.
El sur de Italia, durante décadas uno de los grandes agujeros zainos del mercado laboral europeo, presenta hoy unos datos de desempleo relativamente buenos. El Mezzogiorno, una región históricamente marcada por el desempleo, la dependencia de las ayudas públicas y la escasez de oportunidades laborales, está reduciendo su distancia respecto al norte del país, al menos en términos estadísticos. Correlación no implica causalidad, pero lo cierto es que esta mejora coincide con una de las decisiones más controvertidas del Gobierno de Giorgia Meloni, como fue la eliminación de la Renta de la Ciudadanía o Renta di cittadinanza, una prestación que garantizaba ingresos a hogares con pocos recursos, incluidos algunos cuyos integrantes estaban en edad de trabajar y no presentaban limitaciones físicas que les impidieran hacerlo.
La teoría económica (o una parte de ella) dice que que sustituir una transferencia relativamente prolongada por ayudas más selectivas y vinculadas a la formación o la búsqueda de empleo podría haber aumentado los incentivos para incorporarse al mercado laboral. Los datos muestran una mejora considerable del empleo desde entonces, aunque todavía no permiten determinar qué parte responde directamente a la reforma.
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Según el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat), el país alcanzó los 24,36 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2026, con 246.000 trabajadores más que un año antes y 155.000 más que en los tres meses anteriores. La tasa de paro nacional se encuentra en el 6,3%, niveles históricamente bajos, mientras que la tasa de empleo alcanzó un máximo histórico del 63,4%.
Según recogía el diario italiano Il Sole 24 Ore, en un reportaje publicado de principios de año, el PIB del Mezzogiorno creció un 8,5% entre 2021 y 2024, frente al 5,8% del centro y norte del país, una diferencia de casi tres puntos porcentuales que rompe con décadas de divergencia económica. Durante este periodo se crearon cerca de 500.000 empleos en el sur, impulsados por la construcción, el turismo, la industria y, sobre todo, las inversiones del Plan de Recuperación europeo.
La reforma que acompaña a esta transformación comenzó a aplicarse pogre en 2023 y quedó consolidada en enero de 2024. La antigua Renta di cittadinanza, introducida en 2019, combinaba objetivos de lucha contra la pobreza e inserción laboral, pero permitía acceder a la prestación a hogares integrados por adultos en condiciones de trabajar, siempre que cumplieran los requisitos económicos. El problema no era que todos sus beneficiarios rechazaran un empleo, sino que los mecanismos para activar su incorporación al mercado laboral habían mostrado importantes limitaciones.
La reforma de Meloni modificó su funcionamiento. Por un lado, reservó el nuevo Assegno di inclusione principalmente a hogares con menores, personas con discapacidad, mayores de 60 años o situaciones especiales de vulnerabilidad, mientras que para otros adultos con capacidad laboral estableció el Supporto per la formazione e il lavoro, una prestación condicionada a participar en itinerarios de formación y activación laboral. El endurecimiento de las condiciones provocó una importante contestación social, especialmente en el sur, donde se concentraba buena parte de los beneficiarios. En Nápoles y otras localidades de Campania se produjeron manifestaciones contra la retirada de la ayuda, con protestas y cortes de tráfico protagonizados por familias que denunciaban la pérdida de una fuente esencial de ingresos.
El Gobierno defendía que la protección social debía concentrarse en quienes tenían mayores dificultades para trabajar, mientras que los críticos advertían de que eliminar una prestación no garantizaba la aparición de oportunidades laborales en territorios con desempleo estructural. La polémica tenía una dimensión económica, puesto que retirar o condicionar una ayuda puede aumentar el incentivo para buscar trabajo, pero ese mecanismo solo puede traducirse en más ocupación cuando existen empresas dispuestas a contratar. Precisamente por eso, la evolución posterior del mercado laboral resulta especialmente interesante, aunque la coincidencia temporal entre la reforma y la caída del paro no demuestra por sí sola una relación de causa y efecto.
Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social italiano (INPS) permiten comprobar hasta qué punto cambió el sistema de protección. En julio de 2023, alrededor de 1,07 millones de hogares percibían la antigua renta o su modalidad de pensión de ciudadanía. Sin embargo, a finales de 2024 solo el 60% de aquellos hogares había accedido posteriormente a alguna de las nuevas prestaciones, mientras que el 25% no había presentado ninguna solicitud y el 15% restante había visto rechazada su petición, forzando a estas personas a buscar un empleo o, al menos, a vivir de otras fuentes de ingresos. En diciembre de 2024, los hogares que cobraban efectivamente el nuevo subsidio de inclusión rondaban los 608.000, frente a los 690.000 de junio de 2026, con una cuantía media de 672 euros mensuales en esta última fecha. A ellos se sumaban 84.304 perceptores del apoyo a la formación y el empleo, que se concede individualmente.
Las cifras no son perfectamente equivalentes porque las nuevas prestaciones tienen requisitos y unidades de percepción diferentes, pero reflejan una reordenación profunda del sistema. Más revelador todavía es que, según el INPS, el 26% de los hogares que recibían la antigua ayuda en julio de 2023 tuvo al menos un integrante que encontró trabajo durante 2024. Es un indicio de incorporación laboral, aunque no demuestra que el empleo se consiguiera gracias a la retirada de la prestación.
El propio Istat estimó que el cambio de sistema perjudicó los ingresos disponibles de unas 850.000 familias, con una pérdida media anual cercana a 2.600 euros. El verdadero balance dependerá, por tanto, de si Italia consigue convertir la menor dependencia de las prestaciones en empleos estables y productivos, sin dejar desprotegidos a quienes no encuentran trabajo. Por ahora, el país ha conseguido algo que parecía especialmente difícil. Mejorar su mercado laboral, reducir el desempleo y reforzar su resistencia económica mientras acomete una profunda transformación de su sistema de ayudas sociales.
El aumento de la ocupación está contribuyendo a sostener el consumo de los hogares y a amortiguar el impacto de la inflación y del encarecimiento energético. Para una economía tradicionalmente caracterizada por su escaso dinamismo, conseguir que más personas trabajen supone ampliar la producción, fortalecer las bases de cotización y aumentar potencialmente la recaudación tributaria. "Las condiciones del mercado laboral siguen siendo favorables, con un empleo que alcanzó la cifra récord de 24,4 millones en el segundo trimestre de 2026, lo que mitiga el impacto de una mayor inflación y respalda el consumo", señala el informe de Scope al que ha tenido acceso elEconomista.es.
"La evaluación del factor social de Italia se ve respaldada por unos resultados generales sólidos en el mercado laboral (que incluyen un nivel récord de empleo y una tasa de desempleo históricamente baja), pero sigue viéndose limitada por persistentes debilidades estructurales en lo que respecta a la participación en la fuerza laboral, la desigualdad y la inclusión social", señala el informe.
Esta fortaleza laboral resulta todavía más relevante porque Italia está creciendo en un entorno internacional adverso. Scope prevé que el PIB avance un 1% en 2026, después de crecer un 1,1% en 2024 y un 0,6% en 2025, según las cifras revisadas que recoge la agencia. Al mismo tiempo, espera que la inflación alcance el 3% este año, lo que supone una presión adicional sobre el poder adquisitivo. Sin embargo, la mejora del empleo está contribuyendo a evitar un deterioro mayor del consumo privado.
Las cuentas públicas también ofrecen señales de estabilización. El déficit pasó del 9,4% del PIB en 2020 al 3,1% en 2025, y Scope espera que se sitúe en el 2,9% en 2026, antes de repuntar temporalmente al 3,4% en 2027 y descender hasta el 2,7% en 2031. La agencia anticipa además un superávit primario del 1,2% del PIB este año, frente a los saldos considerablemente más modestos previstos para España y Portugal. Aunque estas mejoras no pueden atribuirse exclusivamente a la reforma de las ayudas sociales, una mayor población ocupada facilita la consolidación presupuestaria al generar ingresos fiscales y reducir algunas necesidades de protección por desempleo.
La transformación también está cambiando la percepción de Italia entre los inversores internacionales. Scope considera que "la mayor estabilidad política y el cumplimiento del nuevo marco fiscal de la UE respaldan las perspectivas presupuestarias de Italia", al tiempo que destaca la mejora del cumplimiento tributario y la disciplina del gasto. La brecha fiscal asociada a los impuestos no recaudados se redujo desde el 5,6% del PIB en 2014 hasta el 4,1% en 2023, mientras que el Gobierno mantiene una trayectoria de consolidación destinada a estabilizar la deuda pública en torno al 135% del PIB en 2031.
El mercado laboral constituye una pieza fundamental de esta historia. Más empleo significa una economía con mayor capacidad para generar ingresos y soportar sus obligaciones financieras. Sin embargo, la agencia también advierte de que la tasa de ocupación italiana sigue aproximadamente ocho puntos por debajo de la media de la zona euro, especialmente por la baja participación de mujeres y jóvenes, y recuerda que la productividad laboral apenas creció un 0,1% anual entre 2000 y 2025, frente al 0,8% del conjunto del área monetaria.
El sur de Italia, durante décadas uno de los grandes agujeros zainos del mercado laboral europeo, presenta hoy unos datos de desempleo relativamente buenos. El Mezzogiorno, una región históricamente marcada por el desempleo, la dependencia de las ayudas públicas y la escasez de oportunidades laborales, está reduciendo su distancia respecto al norte del país, al menos en términos estadísticos. Correlación no implica causalidad, pero lo cierto es que esta mejora coincide con una de las decisiones más controvertidas del Gobierno de Giorgia Meloni, como fue la eliminación de la Renta de la Ciudadanía o Renta di cittadinanza, una prestación que garantizaba ingresos a hogares con pocos recursos, incluidos algunos cuyos integrantes estaban en edad de trabajar y no presentaban limitaciones físicas que les impidieran hacerlo.
La teoría económica (o una parte de ella) dice que que sustituir una transferencia relativamente prolongada por ayudas más selectivas y vinculadas a la formación o la búsqueda de empleo podría haber aumentado los incentivos para incorporarse al mercado laboral. Los datos muestran una mejora considerable del empleo desde entonces, aunque todavía no permiten determinar qué parte responde directamente a la reforma.
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Según el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat), el país alcanzó los 24,36 millones de ocupados en el segundo trimestre de 2026, con 246.000 trabajadores más que un año antes y 155.000 más que en los tres meses anteriores. La tasa de paro nacional se encuentra en el 6,3%, niveles históricamente bajos, mientras que la tasa de empleo alcanzó un máximo histórico del 63,4%.
El sur de Italia trabaja
En el Mezzogiorno, la tasa de ocupación ascendió al 54,2% (según los datos de Eurostat en su división de los países en los NUTS2), una mejora de casi 6 puntos porcentuales desde 2020. En el caso de Sicilia, por ejemplo, la mejora ha sido de 7 puntos exactos desde 2020 hasta hoy, pasando del 44,4% de 2020 hasta el 51,4% de tasa de empleo actual. La región continúa lejos de los estándares de la Italia más próspera, que llegan a superar el 70% de tasa de empleo, pero el avance resulta importante, mientras que la tasa de paro ha caído hasta el 10,7%. El contraste es especialmente llamativo en una zona donde durante décadas las ayudas sociales han desempeñado un papel fundamental para sostener la renta de numerosas familias.Según recogía el diario italiano Il Sole 24 Ore, en un reportaje publicado de principios de año, el PIB del Mezzogiorno creció un 8,5% entre 2021 y 2024, frente al 5,8% del centro y norte del país, una diferencia de casi tres puntos porcentuales que rompe con décadas de divergencia económica. Durante este periodo se crearon cerca de 500.000 empleos en el sur, impulsados por la construcción, el turismo, la industria y, sobre todo, las inversiones del Plan de Recuperación europeo.
La reforma que acompaña a esta transformación comenzó a aplicarse pogre en 2023 y quedó consolidada en enero de 2024. La antigua Renta di cittadinanza, introducida en 2019, combinaba objetivos de lucha contra la pobreza e inserción laboral, pero permitía acceder a la prestación a hogares integrados por adultos en condiciones de trabajar, siempre que cumplieran los requisitos económicos. El problema no era que todos sus beneficiarios rechazaran un empleo, sino que los mecanismos para activar su incorporación al mercado laboral habían mostrado importantes limitaciones.
La reforma de Meloni modificó su funcionamiento. Por un lado, reservó el nuevo Assegno di inclusione principalmente a hogares con menores, personas con discapacidad, mayores de 60 años o situaciones especiales de vulnerabilidad, mientras que para otros adultos con capacidad laboral estableció el Supporto per la formazione e il lavoro, una prestación condicionada a participar en itinerarios de formación y activación laboral. El endurecimiento de las condiciones provocó una importante contestación social, especialmente en el sur, donde se concentraba buena parte de los beneficiarios. En Nápoles y otras localidades de Campania se produjeron manifestaciones contra la retirada de la ayuda, con protestas y cortes de tráfico protagonizados por familias que denunciaban la pérdida de una fuente esencial de ingresos.
El Gobierno defendía que la protección social debía concentrarse en quienes tenían mayores dificultades para trabajar, mientras que los críticos advertían de que eliminar una prestación no garantizaba la aparición de oportunidades laborales en territorios con desempleo estructural. La polémica tenía una dimensión económica, puesto que retirar o condicionar una ayuda puede aumentar el incentivo para buscar trabajo, pero ese mecanismo solo puede traducirse en más ocupación cuando existen empresas dispuestas a contratar. Precisamente por eso, la evolución posterior del mercado laboral resulta especialmente interesante, aunque la coincidencia temporal entre la reforma y la caída del paro no demuestra por sí sola una relación de causa y efecto.
Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social italiano (INPS) permiten comprobar hasta qué punto cambió el sistema de protección. En julio de 2023, alrededor de 1,07 millones de hogares percibían la antigua renta o su modalidad de pensión de ciudadanía. Sin embargo, a finales de 2024 solo el 60% de aquellos hogares había accedido posteriormente a alguna de las nuevas prestaciones, mientras que el 25% no había presentado ninguna solicitud y el 15% restante había visto rechazada su petición, forzando a estas personas a buscar un empleo o, al menos, a vivir de otras fuentes de ingresos. En diciembre de 2024, los hogares que cobraban efectivamente el nuevo subsidio de inclusión rondaban los 608.000, frente a los 690.000 de junio de 2026, con una cuantía media de 672 euros mensuales en esta última fecha. A ellos se sumaban 84.304 perceptores del apoyo a la formación y el empleo, que se concede individualmente.
Las cifras no son perfectamente equivalentes porque las nuevas prestaciones tienen requisitos y unidades de percepción diferentes, pero reflejan una reordenación profunda del sistema. Más revelador todavía es que, según el INPS, el 26% de los hogares que recibían la antigua ayuda en julio de 2023 tuvo al menos un integrante que encontró trabajo durante 2024. Es un indicio de incorporación laboral, aunque no demuestra que el empleo se consiguiera gracias a la retirada de la prestación.
El propio Istat estimó que el cambio de sistema perjudicó los ingresos disponibles de unas 850.000 familias, con una pérdida media anual cercana a 2.600 euros. El verdadero balance dependerá, por tanto, de si Italia consigue convertir la menor dependencia de las prestaciones en empleos estables y productivos, sin dejar desprotegidos a quienes no encuentran trabajo. Por ahora, el país ha conseguido algo que parecía especialmente difícil. Mejorar su mercado laboral, reducir el desempleo y reforzar su resistencia económica mientras acomete una profunda transformación de su sistema de ayudas sociales.
El empleo genera crecimiento
No obstante, la recuperación del empleo se ha convertido, además, en uno de los principales argumentos a favor de la mejora económica italiana. Scope Ratings, que acaba de confirmar la calificación crediticia del país en BBB+ con perspectiva positiva, destaca expresamente el fortalecimiento de sus fundamentos económicos. La agencia señala que "el empleo récord, los balances empresariales saneados, un sistema bancario rentable y bien capitalizado y una posición de inversión internacional neta positiva han reducido importantes vulnerabilidades macrofinancieras". En su análisis, publicado la semana pasada, Scope sostiene que "la capacidad de Italia para absorber sucesivas perturbaciones se ha apoyado en la resistencia de la demanda interna, la solidez de los balances empresariales y un mercado laboral robusto".El aumento de la ocupación está contribuyendo a sostener el consumo de los hogares y a amortiguar el impacto de la inflación y del encarecimiento energético. Para una economía tradicionalmente caracterizada por su escaso dinamismo, conseguir que más personas trabajen supone ampliar la producción, fortalecer las bases de cotización y aumentar potencialmente la recaudación tributaria. "Las condiciones del mercado laboral siguen siendo favorables, con un empleo que alcanzó la cifra récord de 24,4 millones en el segundo trimestre de 2026, lo que mitiga el impacto de una mayor inflación y respalda el consumo", señala el informe de Scope al que ha tenido acceso elEconomista.es.
"La evaluación del factor social de Italia se ve respaldada por unos resultados generales sólidos en el mercado laboral (que incluyen un nivel récord de empleo y una tasa de desempleo históricamente baja), pero sigue viéndose limitada por persistentes debilidades estructurales en lo que respecta a la participación en la fuerza laboral, la desigualdad y la inclusión social", señala el informe.
Esta fortaleza laboral resulta todavía más relevante porque Italia está creciendo en un entorno internacional adverso. Scope prevé que el PIB avance un 1% en 2026, después de crecer un 1,1% en 2024 y un 0,6% en 2025, según las cifras revisadas que recoge la agencia. Al mismo tiempo, espera que la inflación alcance el 3% este año, lo que supone una presión adicional sobre el poder adquisitivo. Sin embargo, la mejora del empleo está contribuyendo a evitar un deterioro mayor del consumo privado.
Las cuentas públicas también ofrecen señales de estabilización. El déficit pasó del 9,4% del PIB en 2020 al 3,1% en 2025, y Scope espera que se sitúe en el 2,9% en 2026, antes de repuntar temporalmente al 3,4% en 2027 y descender hasta el 2,7% en 2031. La agencia anticipa además un superávit primario del 1,2% del PIB este año, frente a los saldos considerablemente más modestos previstos para España y Portugal. Aunque estas mejoras no pueden atribuirse exclusivamente a la reforma de las ayudas sociales, una mayor población ocupada facilita la consolidación presupuestaria al generar ingresos fiscales y reducir algunas necesidades de protección por desempleo.
La transformación también está cambiando la percepción de Italia entre los inversores internacionales. Scope considera que "la mayor estabilidad política y el cumplimiento del nuevo marco fiscal de la UE respaldan las perspectivas presupuestarias de Italia", al tiempo que destaca la mejora del cumplimiento tributario y la disciplina del gasto. La brecha fiscal asociada a los impuestos no recaudados se redujo desde el 5,6% del PIB en 2014 hasta el 4,1% en 2023, mientras que el Gobierno mantiene una trayectoria de consolidación destinada a estabilizar la deuda pública en torno al 135% del PIB en 2031.
El mercado laboral constituye una pieza fundamental de esta historia. Más empleo significa una economía con mayor capacidad para generar ingresos y soportar sus obligaciones financieras. Sin embargo, la agencia también advierte de que la tasa de ocupación italiana sigue aproximadamente ocho puntos por debajo de la media de la zona euro, especialmente por la baja participación de mujeres y jóvenes, y recuerda que la productividad laboral apenas creció un 0,1% anual entre 2000 y 2025, frente al 0,8% del conjunto del área monetaria.