Me parece que ahora si se han cargado a Ayuso

Dos millones en comisiones por mascarillas rodean a Ayuso​

Dos millones de euros por intermediar en la venta de mascarillas. La cifra, la comisión y el apellido de la presidenta de la Comunidad de Madrid caben en la misma frase, y sin embargo la primera pregunta que abre el caso no es moral: es contable. ¿Quién firmó aquellos contratos? La respuesta que se repite incomoda al Gobierno central. El grueso del negocio se cerró, según quienes defienden a la presidenta, con el Ministerio de Sanidad que dirigía Salvador Illa, no con la administración madrileña.

Quién pagó de verdad las mascarillas​

Los números cuesta encajarlos con el relato de un pelotazo exclusivamente madrileño. Según el escrito que se cita en el hilo, una de las empresas implicadas facturó menos de un millón de euros en 2018, con un beneficio de apenas 69.000 euros, y pasó a ingresar 263,1 millones en 2020 gracias a adjudicaciones directas vinculadas a la COVID-19. Ese es el salto real. El intermediario habría cobrado su comisión cuando el negocio se disparó, no antes.

Y el detalle que se repite con más insistencia: una de esas empresas privadas —catalana— firmó después un contrato de 243 millones de euros con el ministerio que dirigía Illa. Un acuerdo que, según esa lectura, colocaba las mascarillas muy por encima del precio de mercado de entonces. Quien sostiene esta lectura añade que las comisiones fueron legales y se pactaron entre dos compañías privadas, sin dinero público de por medio en la operación original.

¿Cuándo empezó la relación con Ayuso?​

El vínculo, según estas versiones, no existía todavía cuando se cerraron aquellas operaciones; incluso se plantea que apenas se conocían. De ahí que la exigencia de que la presidenta explique la actividad de un particular con el que aún no tenía relación se considere, en esta lectura, desproporcionada. «Si Ayuso tiene que explicar la actividad de un ciudadano al que su gobierno no consta que haya beneficiado sólo porque es su novio...», ironizaba una de las réplicas más difundidas.

De qué se acusa en realidad: Hacienda, no la comisión​

Conviene separar dos cosas que el ruido mezcla a propósito. Varios participantes subrayan que la comisión, en sí, no es lo que se persigue: lo que se reprocha es que la empresa no declarara ese dinero al fisco, un asunto fiscal, con escritos que hablan de facturas y de esquivar a Hacienda. Se apunta incluso a que ese episodio pudo ser posterior a la relación y a los contratos. Y emerge el término que ha marcado el relato: el pacto con Hacienda para ahorrarse líos.

En el otro platillo, quienes defienden a Ayuso sostienen que lo verdaderamente escandaloso es que la Agencia Tributaria acabe usándose para perseguir a opositores. La revelación del asunto fiscal, subrayan, no nació de una investigación periodística sino de una filtración interesada desde instancias del Gobierno.

El contraataque: Ábalos, Koldo y el marido de la ministra portavoz​

Ninguna pieza se entiende sin el terreno de juego. Al mismo tiempo que saltaba el nombre de Ayuso, se conocía que el marido de la ministra portavoz habría mediado en una subvención de 1.200 millones de euros a una empresa de renovables. Con Ábalos y el caso Koldo de fondo, el intercambio de golpes es total. «Y tú más», resume media conversación. La otra media responde con el argumento clásico: que dos corruptelas no se anulan entre sí.

Ahí está el nudo. Cada bando señala la viga en el ojo ajeno y ninguno quiere mirar el suyo. Los datos apuntan a que ambos flancos tienen material: comisiones de mascarillas por un lado, subvenciones y contratos bajo sospecha por el otro. Ninguno de los dos renuncia a su relato porque renunciar sería admitir la mitad del caso.

El coste real para Ayuso: del ático al Maserati​

Más allá de la política, el desgaste personal se cuela en el análisis. Se habla de un ático a nombre de un abogado que usaría la pareja, y de una sociedad con un nombre llamativo —Maxwell Cremona, ingeniería y medio ambiente— y un Maserati diésel a su nombre. Detalles que no constituyen delito pero que alimentan la sospecha sobre el origen del patrimonio.

Y no todo es economía. El escrutinio alcanza a la vida privada de la presidenta con una crudeza que a algunos les parece una línea roja: su proyecto de formar una familia, según el relato de un participante, convertido en munición política. Ahí el caso deja de ser un asunto contable.

¿Se la han cargado de verdad?​

La respuesta provisional es que no, al menos por esta vía. La carrera de Ayuso no se hunde por un asunto que, hasta ahora, no la señala directamente. Lo que cambia es el clima: entra en cualquier conversación con la etiqueta de sospechosa, y su partido paga el desgaste de defender lo indefendible sin pruebas concluyentes.

Casi nadie espera consecuencias reales. Este país lleva décadas viendo cómo los casos se diluyen entre recursos, plazos y vericuetos procesales, y quien de verdad quiebra rara vez es el político señalado. Ayuso seguirá siendo el enemigo a batir de unos y la esperanza de otros. El caso, mientras tanto, sigue sin juez que lo cierre.