Analisis Me creo a Tomás Gómez: Sánchez va a unas elecciones para perderlas pero deja un país envenenado

El decreto de alquileres que puede incendiar la próxima legislatura​

El Decreto Maricarmen, aprobado con el truco de la Diputación Permanente, se ha convertido en el punto de partida de un escenario que muchos ya dan por hecho: si PP y VOX llegan al Gobierno y lo derogan, cientos de miles de inquilinos quedarán atrapados en un limbo legal y enfrentados a sus caseros. Esa es la tesis que sobrevuela estos días en los mentideros económicos, y no es una tesis menor. La norma, que establece dos años sin poder desahuciar, fue aprobada con el voto a favor del PNV, que según varios análisis se abstendría en una nueva votación porque sabía que Junts lo rechazaría. El resultado es un polvorín jurídico y social que nadie sabe cómo desactivar.

¿Qué es el Decreto Maricarmen y por qué genera tanto rechazo?​

El decreto, conocido popularmente como Maricarmen, introduce una moratoria de dos años para los desahucios de inquilinos vulnerables. La norma fue aprobada en la Diputación Permanente, un órgano que sigue funcionando cuando el Congreso está disuelto, lo que ha generado acusaciones de «truco» parlamentario. Para sus críticos, se trata de una medida de extrema izquierda que desincentiva el alquiler: si un propietario no puede recuperar su vivienda en dos años, sencillamente deja de alquilar. Ese argumento lo sostienen abiertamente algunos analistas: «con los decretos los caseros no van a alquilar ni un piso», y añaden que cuando llegue PP y VOX «se volverá a alquilar». La realidad es que el mercado ya venía tensionado y esta norma añade una capa más de incertidumbre.

El cálculo que nadie quiere hacer: inquilinos atrapados y caseros enfrentados​

La derogación de la norma por un futuro Gobierno de PP y VOX dejaría a cientos de miles de inquilinos en una situación jurídica indefinida. Los contratos firmados al amparo del decreto quedarían en el aire, y los juzgados tendrían que decidir caso por caso. Hay quien sostiene que eso será el detonante de movilizaciones sociales, incluidas huelgas generales continuas por parte de los sindicatos. Un país en perpetuo incendio, dicen, ahondaría en las diferencias entre PP y VOX, lo que podría llevar a elecciones adelantadas. Y ahí, según esta línea de análisis, Sánchez volvería formando una coalición estilo Frente Popular con toda la izquierda. El cálculo completo, desglosado partida a partida, da una diferencia que sorprende.

La deuda, el gasto público y el crecimiento irreal​

Más allá del decreto, el trasfondo económico es el que preocupa a una parte del análisis. Se argumenta que el crecimiento del PIB español es «irreal e insostenible» porque está creado con incremento de demanda interna en base a inmigración masiva. La deuda y el gasto público, añaden, están enmascarados por ese crecimiento. Los próximos cuatro años serán durísimos, vaticinan, y en 2031 los del PSOE dirán que todo es culpa del PP y VOX y que ellos ofrecen la solución. Saldrán ganadores, concluyen, ya que todos los inmigrantes llegados en 2021-2026 ya estarán nacionalizados y listos para votar. Es una tesis que se repite con insistencia, aunque no exenta de matices.

¿Qué pasará con las causas judiciales de Sánchez?​

Otra línea de análisis sostiene que nada de lo anterior ocurrirá porque Sánchez tiene demasiadas causas judiciales pendientes, el partido hecho trizas y muchos palmeros que se quedarán en paro. «Le quedan meses en política», sentencian. Otros van más allá y afirman que acabará enterrado en procesos judiciales junto con otros miembros del Gobierno y acabará en la cárcel. Estas son opiniones que circulan sin sentencia firme, por lo que deben tomarse como lo que son: pronósticos de parte. Lo que sí es un hecho es que el Sanchismo será recordado como una época negra en la historia de España, según esta corriente.

El endurecimiento de penas y el control de la calle​

En el capítulo de orden público, hay quien propone que si el PP gana las elecciones entre «como un elefante en una cacharrería», derogue toda la mierda del PSOE, recupere las instituciones, cierre TVE, endurezca el código penal y reprima con extrema dureza cualquier intento de quemar las calles. Frente a esto, otra corriente ironiza: «la izquierda no la va a liar porque la derecha sube las penas por liarla hasta los 13 años de cárcel». El debate está servido entre quienes creen que solo la mano dura evita el caos y quienes piensan que la represión solo alimenta el conflicto.

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Con estos mimbres, el escenario que se dibuja es el de un país en el que cualquier reforma legal se convierte en un campo de batalla. Si PP y VOX derogan el decreto, la reacción social está por ver. Si no lo hacen, su base electoral les pasará factura. Y mientras tanto, el relato de que Sánchez va a unas elecciones para perderlas pero deja un país envenenado gana enteros. Nadie sabe cómo acabará esto, pero pocos apuestan por la calma.