Método que utiliza el gobierno español para manipular e incumplir las leyes. En octubre de 2022, seis días después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, Sofía Puente Santiago, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmó una instrucción para aplicar la disposición adicional octava. Esa disposición, popularmente conocida como Ley de Nietos, establecía que podían optar a la nacionalidad española los nacidos fuera de España de padre, progenitora, abuelo o abuela originariamente españoles “y que”, como consecuencia del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia, orientación o identidad sensual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad.