Manifestación: no hay persona ilegal, que se entere abascal

«No hay persona ilegal»: el lema que reabre el debate migratorio​

Una pancarta sostiene que ninguna persona es ilegal. Detrás, un cartel que dice lo contrario en la práctica: fronteras, expedientes y devoluciones. La consigna ha vuelto a circular en una manifestación y ha reabierto la discusión sobre qué significa exactamente «irregular» cuando se habla de migración. El detonante fue un mensaje que instaba a Abascal a enterarse de que no existe tal cosa como una persona ilegal.

Qué se discute cuando se dice «persona ilegal»​

El núcleo del desacuerdo no es si existen las leyes de extranjería, sino si la persona que las incumple se convierte ella misma en ilegal. Una parte sostiene que lo ilegal son los actos, no el individuo: quien cruza una frontera sin autorización comete una infracción administrativa, pero sigue siendo una persona con derechos. Otra parte replica que si se acepta ese marco, se vacía de contenido la noción de frontera y de ciudadanía, y que quien entra sin cumplir los requisitos es, jurídicamente, un inmigrante en situación irregular.

La discusión se enreda en la semántica. Hay quien recuerda que la propia legislación española distingue entre estancia irregular y delito, y quien responde que esa distinción es precisamente el problema: convierte la entrada sin papeles en una falta administrativa sin consecuencias reales.

El argumento de la frontera: «vete a Marruecos e intenta entrar»​

El contraargumento más repetido apela a la reciprocidad. Si España debe aceptar a cualquiera que llegue, ¿por qué otros países no hacen lo mismo? Se cita el caso de Marruecos, Polonia o Estados Unidos como ejemplos de Estados que protegen sus fronteras con dureza. La conclusión que se extrae es que exigir a España un estándar distinto es incoherente.

Frente a eso, la objeción es que comparar regímenes migratorios no resuelve el problema humanitario: una persona que huye de una guerra o de la miseria no deja de serlo porque otro país cierre sus puertas. El debate se atasca aquí, entre el principio de realidad y el principio de humanidad.

El coste económico y la pregunta de quién paga​

El hilo deriva pronto hacia el dinero. Se sostiene que la acogida de migrantes irregulares genera un gasto público creciente en sanidad, educación y servicios sociales, y que ese gasto recae sobre los contribuyentes que ya residen legalmente. La cifra que se repite es la de los fondos destinados a la atención de menores no acompañados, aunque las cantidades concretas varían según la fuente.

La respuesta desde el otro lado es que el cálculo omite los ingresos: cotizaciones, impuestos y consumo de quienes trabajan. El saldo neto, dicen, no es tan negativo como se pinta. Ninguna de las dos partes aporta una contabilidad completa, y ahí se queda la discusión.

El voto, la demografía y el fantasma del reemplazo​

Una corriente del debate introduce el sufragio. Se argumenta que el derecho al voto debería vincularse a la aportación previa a la sociedad, y se propone exigir años de cotización o de residencia legal. Otra corriente va más lejos y cuestiona el sufragio universal tal como está configurado. Son posturas minoritarias, pero marcan el tono.

Aparece también la demografía: se afirma que la inmigración es necesaria para sostener el sistema de pensiones ante una población envejecida. Quienes defienden esa tesis chocan con quienes ven en ella una excusa para no abordar la baja natalidad. El intercambio se cierra sin acuerdo.

El cierre: la pancarta que no se moja​

Al final, la consigna «no hay persona ilegal» funciona como un eslogan que evita la pregunta incómoda: ¿qué se hace con quien está en situación irregular? La pancarta no responde. Solo señala al que pregunta.

Y ahí sigue el problema, con o sin Abascal enterado.