La doble muerte de Noelia Castillo: el Estado que la desprotegió y luego la 'canceló'
El Estado español ejecutará mañana la eutanasia de Noelia Castillo, una joven de 25 años cuya vida fue destrozada por las mismas instituciones que ahora deciden su muerte. La cronología es escalofriante: retirada de custodia por pobreza, internamiento en un centro de menores extranjeros no acompañados (MENAs) que cuestan 10.000 euros mensuales por cabeza, violación en grupo, intento de suicidio, paraplejia y, finalmente, la 'solución' oficial: la eutanasia. No es un caso aislado, sino la punta del iceberg de un sistema que arrebata hijos a familias vulnerables, los abandona a su suerte y, cuando el daño es irreparable, se lava las manos.
La retirada de custodia: el primer fracaso
Noelia fue separada de sus padres por falta de recursos económicos. Una decisión que, en lugar de protegerla, la convirtió en presa fácil. Los centros de menores tutelados son un negocio opaco: el coste por MENA supera los 10.000 euros mensuales, con denuncias recurrentes de abusos y descontrol. En estas 'instituciones de acogida', la joven fue violada por un grupo de menores extranjeros. No hubo acusados, ni juicio, ni portadas. El silencio mediático contrasta con el ruido que generan otros casos de agresiones sexuales.
El derecho a morir o la coartada del Estado
Tras el intento de suicidio que la dejó parapléjica el 4 de octubre de 2022, Noelia pasó años postrada, con depresión severa. Solicitó la eutanasia, concedida bajo la ley de 2021. Pero el debate ético es feroz: ¿puede una persona con un historial de trauma y síntomas depresivos tomar una decisión irreversible? El Estado, que tenía el deber de custodia, optó por la salida fácil. Recordemos que el Tribunal Constitucional, en su día, obligó a alimentar por vía intravenosa a presos en huelga de hambre, argumentando que el derecho a la vida no incluye el derecho a la muerte. Hoy, la misma institución mira hacia otro lado.
Un Estado fallido
El caso Noelia expone las contradicciones de un sistema que gasta fortunas en mantener a MENAs (10.000 €/mes) mientras desampara a sus propios ciudadanos. Que permite que una joven sea violada en un centro tutelado sin que se depuren responsabilidades. Y que, al final, le ofrece la muerte como única salida. El Comité de Bioética y el CGPJ ya advirtieron contra la ley de eutanasia en estos supuestos, pero pesó más la agenda política. El resultado: una muñeca rota más del Estado del bienestar.
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