La morosidad en alquiler se dispara un 16,5%: ¿quién paga el pato?
¿Que cómo es posible que la morosidad de los inquilinos rompa todos los récords justo cuando el gobierno presume de proteger a los vulnerables? La respuesta, como casi siempre, es incómoda para todos. Los datos cantan: un incremento del 16,5% en los impagos, la cifra más alta registrada. Los caseros, atrapados entre una justicia que tarda meses en desahuciar y una okupación que se ha convertido en la pesadilla del pequeño propietario, empiezan a mirar hacia fuera. Algunos ya planean alquilar sus pisos a turistas nórdicos, porque al menos ellos pagan. Mientras, el gobierno tensiona aún más el mercado con controles de precios y una fiscalidad que no perdona, aunque el casero no cobre. El resultado: menos oferta, más presión y un círculo vicioso que solo beneficia a quien sabe jugar con la ley.
Los números no mienten: el 16,5% de morosidad no es un bache, es una tendencia. Detrás hay una mezcla explosiva de inflación, salarios estancados y una legislación que, al proteger al inquilino moroso, termina perjudicando al que paga puntualmente. La justicia, colapsada, convierte cualquier impago en una batalla de meses. Y mientras las administraciones miran hacia otro lado, el mercado se resfría.
El dilema del casero: ¿okupación o impago?
Quien tiene un piso en alquiler sabe que el riesgo no es solo económico: es existencial. La amenaza de una okupación, con meses sin ingresos y destrozos, empuja a muchos a retirar sus viviendas del mercado. Otros, los que se quedan, endurecen las condiciones: fianzas más altas, contratos temporales, seguros impagables. El resultado es que la oferta se encoge y los precios, lejos de bajar, suben para quienes sí cumplen.
En medio de este desastre, algunos propietarios ven una escapatoria: alquilar a turistas del centro y norte de Europa. Parejas alemanas o suecas que pagan religiosamente y no se enquistan. Una solución que, de extenderse, vaciaría aún más el mercado residencial para los españoles. Pero, ¿qué alternativa les queda cuando el estado se ha convertido en su peor inquilino?
¿Y el inquilino que paga?
Mientras el debate se centra en el moroso, el inquilino cumplidor asiste atónito al cierre del grifo. Cada vez menos pisos disponibles, cada vez más caros. La ironía es que las medidas que pretenden protegerle acaban por perjudicarle: más burocracia, más inseguridad jurídica, y al final, menos caseros dispuestos a arriesgar. El gobierno, que prometió vivienda asequible, ha conseguido justo lo contrario.
Con estos mimbres, no es extraño que el mercado del alquiler se haya convertido en un campo de batalla. Los datos de morosidad son solo el síntoma. La enfermedad es más profunda: un modelo que penaliza al que cumple y ampara al que no, mientras el estado mira impasible. Como dice el refrán, el que siembra vientos, recoge tempestades.