Mª jesús montero intentando recoger cable por la presunción de inocencia... pero twitter(x) discrepa:

Montero matiza su frase sobre la presunción de inocencia​

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intentado este fin de semana reencuadrar una frase que ella misma pronunció y que quedó grabada: que la presunción de inocencia no puede impedir expresar el rechazo a que se cuestione sistemáticamente a las mujeres que denuncian agresiones. En un mensaje público, Montero aseguró que no acepta «lecciones ni tergiversaciones del PP» y sostuvo que lo que quiso decir y mantiene es exactamente eso. El problema, como suele ocurrir en política cuando el vídeo existe, es que el vídeo existe. Y las redes sociales se han encargado de recordarlo: desde el matiz más benévolo hasta la acusación directa de cinismo, pasando por el clásico «ha cambiado de opinión».

Qué dijo Montero y qué dice ahora que dijo​

El núcleo del asunto es una frase que la ministra pronunció en un acto público y que, según quienes la han revisado, venía a sostener que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes. Montero no ha negado haber dicho eso. Ha dicho que no se la tergiverse. La diferencia entre una rectificación y una huida hacia delante es precisamente esa: rectificar es admitir que uno se expresó mal; lo que ha hecho la vicepresidenta es sostener que el problema está en quien escucha, no en quien habla. No dije lo que dije, en versión institucional.

La reacción en redes ha sido inmediata. Hay quien sostiene que la ministra ha cambiado de opinión sin reconocerlo, y quien directamente apunta a una doble vara de medir: si el denunciado fuera un cargo del PSOE, la presunción de inocencia volvería a ser, dicen, el pilar de la democracia. Esa es la acusación más repetida y la más difícil de rebatir con un comunicado.

La presunción de inocencia como campo de batalla política​

El fondo del asunto trasciende a Montero. La presunción de inocencia es un principio constitucional, no un adorno retórico que se activa o desactiva según quién esté en el banquillo. Cuando un miembro del Gobierno sugiere que ese principio «no debe impedir» expresar rechazo, entra en un terreno pantanoso: el de decidir qué denuncias merecen credibilidad previa y cuáles no. Varias asociaciones de jueces y fiscales habrían emitido comunicados en contra de ese planteamiento, según se recoge en la discusión pública.

El argumento que más circula es que la ministra no ha rectificado, sino que ha reescrito. Y que esa reescritura, lejos de cerrar la polémica, la ha reabierto con más fuerza. La comparación con el caso Alves —todavía sin resolución firme en el momento de este debate— aparece una y otra vez: si la presunción de inocencia se relativiza para unos, se relativiza para todos. O para nadie.

El caso Alves como espejo incómodo​

El caso del futbolista Dani Alves ha funcionado en esta discusión como un espejo en el que cada bando se mira y no le gusta lo que ve. Hay quien sostiene que la única víctima aquí ha sido el contribuyente, que paga la defensa, la estancia y una posible indemnización si la condena se revoca. Hay quien defiende exactamente lo contrario: que la presunción de inocencia es lo único que separa un Estado de derecho de un linchamiento mediático. Y hay quien, directamente, plantea hipótesis alternativas sobre lo ocurrido en el baño de la discoteca, sin más base que la intuición.

Lo relevante para el debate político no es el caso en sí, sino su uso. Montero habló de presunción de inocencia en abstracto y el abstracto se llenó de nombres propios en cuestión de horas. La pregunta que sobrevuela es incómoda: ¿se puede defender la presunción de inocencia como principio general y, a la vez, sugerir que aplicarla a según qué casos es una forma de cuestionar a las víctimas? La respuesta de la ministra ha sido, básicamente, que sí.

La respuesta del PP y el desgaste del relato​

El PP ha encontrado en este episodio un filón. No tanto por el fondo —donde su propio historial tampoco es impoluto— como por la forma: una vicepresidenta del Gobierno explicando que no dijo lo que dijo, con el vídeo circulando. La acusación de «cara dura» y de «mentir ante grabaciones» se ha repetido hasta la saciedad, y no solo desde cuentas afines. La sensación de que el Gobierno trata a los ciudadanos como si no tuvieran memoria es, probablemente, el mayor activo electoral del PP en este asunto.

El problema para Montero no es la oposición. Es que su defensa —«no acepto lecciones ni tergiversaciones»— es exactamente la misma que usaría cualquier político pillado en un renuncio. Y cuando la defensa es idéntica a la de todos los demás, deja de ser una defensa y se convierte en un patrón.

Lo que queda cuando se apaga el foco​

Más allá del ruido, queda un dato incómodo para el Gobierno: la presunción de inocencia no es una concesión graciable, es un derecho. Y cuando un miembro del Ejecutivo sugiere que ese derecho «no debe impedir» nada, está abriendo una puerta que luego cuesta mucho cerrar. La ministra ha intentado cerrarla con un matiz. Las redes no le han dejado.

Queda por ver si este episodio se diluye en la siguiente polémica o si se convierte en un lastre recurrente. Con estos niveles de polarización, apostar por lo primero es lo razonable. Apostar por lo segundo, lo prudente.