Los sicarios facinerosos dicen que la ley no permite devolver a los forasteros ilegales a Marruecos que es por donde han entrado.

La devolución de inmigrantes a Marruecos: la ley que lo frena​

Cuando 8.000 personas entran de golpe por la frontera, la ley exige abrir 8.000 expedientes de expulsión. Cada uno requiere su trámite, su notificación y su recurso. No es una cuestión de voluntad política, sino de pura capacidad administrativa: el sistema tarda un mínimo de año y medio en resolver esos expedientes, y ahora mismo está despachando casos de hace años.

Quien lo intentó saltarse el procedimiento ya sabe lo que cuesta. En 2021, la delegada del Gobierno en Ceuta y vicepresidenta fue inhabilitada durante nueve años por devolver sin expediente. Desde entonces, ningún responsable quiere arriesgar su cargo por una devolución exprés. El mensaje que llega desde la frontera es que los menores, acompañados o no, acabarán trasladados a la península, recibirán su orden de expulsión en algún momento y quedarán en libertad, salvo que una regularización lo tape antes.

Mientras tanto, dos lecturas se enfrentan. Una sostiene que la ley es el obstáculo y que cualquier maniobra inmediata sería ilegal. La otra apunta a que el Gobierno tiene herramientas para acelerar o modificar el marco, y que la promesa de devolución es humo. Hay además quien va más lejos y habla de mafias y organizaciones que trafican con menores, con la presunta complicidad del Estado; una acusación grave que, de momento, no aparece probada en ningún expediente.

El cálculo que circula en los ambientes migratorios es que la llegada masiva no se detiene en la frontera: se traslada el problema al interior y el Estado lo gestiona con la lentitud de siempre. Lo que no está claro es si esta vez la opinión pública lo va a tolerar.