Castro Urdiales: el centro de menores que desata la tensión vecinal y política
¿Qué ocurre cuando un municipio que vota mayoritariamente a partidos de izquierda se enfrenta a la apertura de un centro de acogida para menores migrantes no acompañados? En Castro Urdiales, la respuesta son dos manifestaciones enfrentadas, una recogida de firmas que supera las 3.300 y un debate que trasciende lo local para convertirse en símbolo de la fractura social en torno a la inmigración.
El proyecto, que se ubicaría en la pedanía de Onton, en la frontera con Vizcaya, se mantiene en un perfil discreto: las autoridades no han confirmado ni la ubicación exacta ni el número de menores que serán acogidos, apelando a la vulnerabilidad del colectivo ya la necesidad de seguridad. Sin embargo, la filtración de la información ha bastado para movilizar a los vecinos.
Protestas y contramanifestaciones
El pasado fin de semana, la plaza del Ayuntamiento fue escenario de dos concentraciones simultáneas. Por un lado, la plataforma «Patrullas Castro» convocó una protesta contra la instalación del centro, a la que, según fuentes del debate, acudieron más de 500 personas. Por el otro, una contramanifestación de apoyo a los menores reunió a menos de 20 asistentes, según las mismas estimaciones. La asimetría de la movilización refleja el sentir mayoritario de la población, aunque el respaldo electoral a la izquierda (60% en las últimas elecciones) complica la narrativa de «disfrutad de lo votado» que algunos esgrimen.
En paralelo, una petición en change.org ha recogido 3.327 firmas en contra del centro. Sus promotores alegan falta de transparencia y el impacto que la medida puede tener en los recursos municipales.
La pugna política: ¿quién decide?
El debate político ha sacudido al municipio. Mientras unos señalan al Gobierno de Cantabria (PP) como responsable de la ubicación, otros apuntan a que los centros de menores dependen del Ejecutivo central (PSOE). «Los menas los está metiendo el PP Cantabria», se afirma en un extremo; «en Cantabria los mete la PSOE. El PP tiene que tragar y alojarlos», se responde desde el otro. La confusión interesada no ayuda a calmar los ánimos.
Lo cierto es que la decisión final recae en la Dirección General de Infancia del Gobierno cántabro, que aún no ha emitido una resolución oficial. Mientras tanto, el Ayuntamiento, gobernado por una coalición de izquierdas, se ha limitado a pedir «discreción y seguridad».
El factor económico: Mercadona y las licencias
En medio de la tormenta social, Castro Urdiales sigue su curso económico. Un nuevo supermercado Mercadona planea instalarse en la zona de Cotolino, frente a los juzgados, sobre un terreno del grupo Solvia. La licencia de obras lleva más de un año en espera, lo que algunos interpretan como una lentitud administrativa que contrasta con la celeridad para el centro de menores. La coincidencia temporal ha alimentado teorías sobre prioridades políticas, aunque no hay datos que las sustenten.
Un cierre con ironía: el dilema del votante
A los castreños que apoyaron a la izquierda les toca ahora conciliar sus principios con la realidad de que el centro de menores que rechazan puede ser consecuencia de políticas de su propio signo. O no. Porque, como suele ocurrir, la responsabilidad se diluye entre administraciones. Lo único claro es que las calles hablan, y el termómetro local marca 3.327 firmas y 500 personas en contra. El resto, como la ubicación exacta, sigue siendo un misterio que nadie termina de despejar.