La alcaldesa socialista de Cartes ( Cantabria) amenaza con cortar agua y gas a los Menas

La alcaldesa de Cartes amenaza con cortar agua y gas a los menas​

La alcaldesa socialista de Cartes, un pequeño municipio de Cantabria, ha desatado una tormenta política al anunciar que cortaría el suministro de agua y gas a los menores extranjeros no acompañados que el Gobierno regional quiere instalar en la localidad. La amenaza, realizada por la regidora del PSOE, no ha tardado en ser interpretada como un acto de hipocresía por parte de quienes denuncian que la izquierda predica la solidaridad con los bienes ajenos. Mientras tanto, el Ejecutivo central mantiene su discurso de acogida, y el pueblo se convierte en el campo de batalla de una guerra política que trasciende las fronteras municipales.

El pulso de Cartes y la doble moral​

El anuncio ha reabierto la controversia sobre la ubicación de centros para menores migrantes. La alcaldesa, que pertenece al mismo partido que gobierna en Moncloa, se ha convertido en el centro de una contradicción: por un lado, su partido defiende la inmigración y la acogida; por otro, ella misma ha recurrido a una medida tan drástica como cortar los suministros básicos a unos menores. Para algunos analistas, este gesto evidencia que la solidaridad de la izquierda llega hasta que los problemas tocan a su propio electorado. No faltan quienes lo califican directamente de racismo y xenofobia, aunque la alcaldesa lo presenta como una medida de presión para que el Gobierno asuma sus responsabilidades.

• La amenaza afecta a menores, no a adultos, lo que eleva la controversia jurídica y ética.
• El suministro de agua y gas son servicios esenciales, y su corte podría vulnerar derechos fundamentales.

La sombra de la Cañada Real​

El caso ha reavivado el recuerdo de la Cañada Real, en Madrid, donde la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso cortó el suministro eléctrico a largas temporadas. Muchos señalan una doble vara de medir: los mismos que criticaron a Ayuso por dejar sin luz a miles de vecinos, ahora justifican a la alcaldesa de Cartes o, al menos, comprenden su reacción. El paralelismo es incómodo para ambos bandos. Mientras unos ven en Ayuso a una autoridad que actuó contra la ilegalidad -la Cañada tiene construcciones ilegales-, otros ven en la regidora cántabra a una política que intenta proteger a sus vecinos de la saturación de servicios públicos.

Presión política y rectificación​

Según las informaciones que han ido saliendo a lo largo de la polémica, la alcaldesa habría sido reconducida al redil y finalmente habría aceptado la llegada de los menores, probablemente tras recibir presiones tanto del partido como del Gobierno regional. Pero el daño político ya está hecho: el caso ha puesto de manifiesto la fractura interna en la izquierda sobre cómo gestionar la inmigración en el ámbito local. La realidad es que los ayuntamientos, que son los que reciben los centros, tienen que lidiar con las protestas vecinales, el aumento de la presión sobre hospitales y colegios, y la caída del valor de la vivienda en las zonas afectadas.

El episodio de Cartes no es un caso aislado. En Sopuerta, Vizcaya, un centro de menas en un palacete provocó que muchos residentes pusieran sus viviendas en venta y salieran a la calle en manifestación, sin que cambiara el rumbo de las decisiones políticas. La pregunta que queda flotando es si este tipo de reacciones marcará el futuro de la política migratoria en España, o si se quedará en un simple episodio de resistencia local que termina diluyéndose en los despachos.