Los jóvenes españoles no pueden comprar ni alquilar vivienda

La generación Z se queda sin acceso a la vivienda​

Tener menos de 27 años y querer emanciparse se ha convertido en una carrera de obstáculos. El informe «Cuatro generaciones, una vivienda» del portal pisos.com constata que los jóvenes españoles son el grupo de edad que más tarde abandona el hogar familiar, el que más comparte piso y el que ve la compra como una meta inalcanzable. «Para los más jóvenes, comprar una casa ha pasado de ser un sueño a una utopía. No vivirán como sus abuelos», resume Ferrán Font, director de Estudios del portal. La escasez de oferta y la precariedad laboral juvenil aparecen como los dos grandes muros que bloquean el acceso a un techo.

El precio de construir y el suelo como excusa​

El primer frente de discusión es el coste. Un análisis que circula en el sector sitúa la construcción entre 800 y 1.200 euros por metro cuadrado, una cifra que se dispara al sumar el terreno, el beneficio del promotor y la carga impositiva. En zonas como Madrid o Barcelona, las promociones decentes salen a un millón de euros por piso y se venden casi antes de que se abra el primer agujero en el suelo. En barrios más modestos, el precio de venta ronda los 2.800 euros por metro cuadrado, mientras que en zonas prime se superan los 6.000. La conclusión que se extrae es que el problema no es solo de demanda, sino de una oferta que no se construye porque el comprador potencial no puede pagarla.

¿Por qué no se construye más vivienda pública?​

España lleva sin construir vivienda pública desde 2011, según los datos que se manejan en el sector. La OCDE sitúa al país a la cola de Europa en alquiler social. La explicación que se repite es que sale más rentable electoralmente subir las pensiones que promover vivienda protegida. Hay quien sostiene que el Estado tiene el monopolio del suelo y prefiere mantener la oferta escasa para disparar los precios y recaudar más vía impuestos. Otros apuntan a que la burocracia y las trabas regulatorias encarecen cada promoción hasta hacerla inviable. El resultado es el mismo: millones de jóvenes esperan una vivienda que no llega.

Impuestos y financiación: el 50% del precio final​

Una de las corrientes más críticas señala que alrededor del 50% del coste de una vivienda está artificialmente inflado por los tributos. El IVA, las licencias, el ITP —que en comunidades como la valenciana alcanza el 10%— y otras tasas se suman a un precio ya de por sí elevado. La propuesta que gana peso es eximir de impuestos la compra de la primera vivienda, de modo que un joven que ahorre 15.000 o 20.000 euros pueda entrar en un piso de 150.000 sin que el fisco se lleve un pellizco desproporcionado. La financiación también se señala como variable intervenible: si se facilitan hipotecas, el precio sube; si se restringen, el acceso se cierra.

La inmigración y el debate sobre la demanda​

En el apartado demográfico, una parte del análisis sostiene que la llegada masiva de población extranjera presiona al alza la demanda de vivienda. Se argumenta que muchos compradores foráneos, con salarios más altos o capital disponible, desplazan a los jóvenes locales. Otra corriente rechaza ese enfoque y lo atribuye a factores estructurales: falta de construcción, retención de suelo y fondos de inversión que acaparan promociones enteras. La discusión deriva a menudo hacia el terreno político, con acusaciones cruzadas sobre quién es responsable de no haber construido lo suficiente en los últimos quince años.

Soluciones que no llegan: modular, liberar suelo, topar precios​

Las propuestas se multiplican. Hay quien defiende viviendas modulares de contenedores sobre terrenos públicos gratuitos, con un coste que podría bajar de 30.000 euros por familia. El problema, señalan, es que eso hundiría la demanda de vivienda privada y ningún gobierno se atreve. Otra vía es liberar suelo urbanizable para aumentar la oferta y bajar precios, pero la burocracia y los intereses creados lo frenan. También se menciona la necesidad de limitar la compra por parte de grandes fondos y de regular los pisos turísticos. Ninguna de estas medidas ha pasado de la fase de propuesta.

El dato que descoloca​

Mientras el debate sigue, los números no se mueven. La vivienda pública lleva más de una década sin construirse, el precio del suelo no baja y los jóvenes siguen compartiendo piso o viviendo con sus padres. La generación que debía vivir mejor que sus abuelos se enfrenta a un mercado que le cierra la puerta. Y lo que es más inquietante: no hay señales de que la tendencia vaya a revertirse a corto plazo.