Los funcionarios tienen más huevos que el resto: van a hacer huelga!

Los funcionarios se plantan: CSIF convoca paros por la subida salarial de 2025​

El sindicato CSIF ha convocado paros y movilizaciones en el sector público para exigir una subida salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo acumulada. La decisión llega después de que el Gobierno haya dejado fuera de los Presupuestos una subida para 2025, lo que ha llevado a los representantes de los empleados públicos a romper la baraja. La convocatoria afecta a sanidad, educación, justicia y administración general, y se produce en un contexto de debilidad parlamentaria del Ejecutivo. La pregunta que sobrevuela es si esta vez la presión sindical logrará arrancar un compromiso firme o si, como en ocasiones anteriores, quedará en una puesta en escena.

Qué exige CSIF y por qué ahora​

La central sindical reclama una subida salarial para 2025 que evite una nueva pérdida de poder adquisitivo. Según un cálculo que circula entre los participantes, el Gobierno ha ninguneado a los funcionarios al congelarles el sueldo en 2025, después de que el colectivo haya perdido más de un 25% de capacidad de compra en los últimos años. La decisión de convocar paros se produce además en un momento de debilidad del Ejecutivo, que afronta casos de corrupción que cercan a su entorno y a su partido. En ese contexto, hay quien sostiene que los sindicatos de funcionarios consideran que tienen margen para presionar y arrancar un nuevo paquete salarial para los próximos cinco años.

La convocatoria no es un hecho aislado. Los médicos también han anunciado huelgas para octubre, y CSIF apunta a nuevas movilizaciones dentro del sector público si no hay avances. La estrategia pasa por aprovechar la debilidad del Gobierno para negociar subidas que, de otro modo, quedarían aparcadas. Hay quien sostiene que el CSIF es el único sindicato que está teniendo el valor de convocar paros y presionar de verdad, frente a UGT y CCOO, a los que se acusa de no hacer nada por los trabajadores.

El argumento de la intocabilidad: ¿más huevos o menos miedo?​

Una parte del análisis sostiene que los funcionarios no tienen más mérito que el resto, sino que simplemente no pueden ser despedidos. Esa condición de empleo vitalicio les permitiría plantarse sin arriesgar el puesto, algo impensable en la privada, donde nadie se mueve por miedo a perder el trabajo y no encontrar otro. La crítica va más allá: se argumenta que un grupo de trabajadores indespedibles presiona para quitar dinero a otro grupo de trabajadores despedibles y dárselo a ellos. Es la acusación clásica de chantaje desde una posición de privilegio.

En el lado opuesto, se recuerda que hay colectivos con empleo vitalicio que no están haciendo huelga. Es el caso de los pilotos de aviación o los controladores aéreos, que tampoco pueden ser despedidos y que, sin embargo, no convocan paros este verano. La pregunta es por qué ellos no se plantan cuando en el extranjero esas profesiones están obteniendo subidas considerables. La respuesta que se apunta es que la huelga no depende solo de la seguridad en el puesto, sino de la capacidad de hacer daño y de la disposición a usarla.

El impacto real de una huelga de funcionarios​

La efectividad de una huelga en el sector público depende del servicio que se paralice. Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ya demostraron que su paro se nota: son los que autorizan los pagos de las sentencias judiciales. Si no firman, no se cobra. Si alguien deposita 20.000 euros en una subasta judicial y no se lleva el bien, necesita la firma del LAJ para recuperar el dinero. Los jueces y fiscales también tienen capacidad de bloquear el sistema, y de hecho han visto subidas salariales mientras el atasco judicial sigue siendo un desastre improductivo.

En sanidad y transportes, una huelga sostenida pondría al Gobierno de rodillas, según se argumenta. Pero no todos los funcionarios tienen esa capacidad de presión. En administración general, muchos puestos no afectan directamente al ciudadano, y una huelga podría pasar desapercibida. De ahí que se dude de la efectividad de paros parciales o de una huelga indefinida que pocos están dispuestos a mantener. La experiencia previa apunta a que, sin daño visible, la presión se diluye.

La brecha entre lo público y lo privado​

El debate de fondo es la brecha entre las condiciones del empleo público y las del privado. Hay quien sostiene que los funcionarios han perdido poder adquisitivo, pero que en la privada la situación es aún peor: nadie se mueve por miedo a perder el puesto y no encontrar otro. Se argumenta que en la privada también hay amiguismo y puestos inflados, y que cualquier funcionario dejaría su plaza si tuviera acceso a esas sillas. La comparación es incómoda para ambos lados.

Otra corriente apunta a que el problema no es que los funcionarios tengan más derechos, sino que el resto los ha perdido. La huelga en lo público se ve como una demostración de fuerza en la que ambas partes pueden perder, pero donde el cliente es cautivo: si no te gusta el servicio público, no puedes irte a la competencia. Esa falta de alternativa es lo que hace que una huelga en sanidad o transportes sea tan temida. En la privada, en cambio, el cliente puede marcharse, y eso limita el pulso.

El calendario político y la negociación abierta​

La convocatoria de huelga se cruza con la agenda política del Ejecutivo. El presidente del Gobierno tiene previsto un viaje a China en septiembre, lo que ha sido interpretado por algunos como una forma de escapar de los frentes abiertos, incluida la huelga de funcionarios. La debilidad del Gobierno, con casos de corrupción que salpican a su entorno, es vista por los convocantes como una ventana de oportunidad para arrancar concesiones. Si el Ejecutivo cede a otros grupos de presión, argumentan, también puede ceder a los funcionarios.

El desenlace está abierto. La huelga de médicos de octubre y las movilizaciones anunciadas por CSIF marcan el calendario. El Gobierno no ha movido ficha sobre la subida de 2025, y los sindicatos han dejado claro que no van a aceptar una nueva congelación. La pregunta es si la presión sostenida logrará arrancar un compromiso firme o si, como en ocasiones anteriores, quedará en una puesta en escena con concentraciones, comunicados y paros simbólicos. De momento, la pelota está en el tejado del Ejecutivo.