Los decretos de vivienda amenazan con sacar 900.000 pisos del mercado
Un fondo tenía atado el suelo, la licencia y el inquilino institucional de un bloque entero de alquiler asequible. Ha congelado el proyecto. El caso se repite: hay promotores que han frenado en seco sus planes de alquiler barato hasta ver qué ocurre el viernes en el Congreso con los dos decretos de vivienda. La cifra que maneja el sector para medir el daño es de
900.000 pisos fuera del mercado si el texto sale adelante como está redactado. Y hay otro dato, este ya consumado: desde 2021 han desaparecido casi
400.000 viviendas del mercado de alquiler.
Impuesto a la vivienda vacía: la palanca que asusta a los inversores
Dos medidas concentran el rechazo. La primera es el gravamen sobre la vivienda vacía, que en la jerga del sector se resume como un
impuestazo a tener un piso sin alquilar. La segunda es la inseguridad jurídica: contratos, plazos y precios que pueden cambiar por decreto cada vez que se reúne la Cámara.
Con esos mimbres, la cuenta del gestor es sencilla. Menos rentabilidad esperada, menos inversión nueva. Si el promotor no ve un retorno estable a diez años, no pone un ladrillo, por mucho que el cartel diga
alquiler asequible.
No hay consenso sobre el alcance real del golpe. El escenario más agresivo habla de esos 900.000 pisos retirados del mercado; las versiones más templadas sitúan el impacto muy por debajo. Lo que no admite discusión es la sangría previa: casi 400.000 viviendas menos en oferta de alquiler desde 2021, con decreto o sin él.
Por qué los fondos paralizan los proyectos de alquiler asequible
El alquiler asequible se levanta con dinero que acepta rentabilidades moderadas a cambio de estabilidad larga. Cuando el marco normativo se mueve cada trimestre, ese dinero no discute: se va a otro sector o a otro país. Ahí está el nudo del asunto.
En la práctica, la parálisis se ve en proyectos que ya tenían suelo, licencia y números. Están en el congelador esperando el resultado de la votación. Un cálculo que circula entre inversores va más allá y sostiene que, sumando lo que se venderá y lo que se pueda expropiar, el stock comprometido cuadra con el déficit estimado de vivienda.
Junts dice no y Podemos dice sí: la aritmética del viernes
Junts ha anunciado que votará «no» a los dos decretos de vivienda. Su argumento, en una palabra: «chapuza». Sin esos votos, la mayoría se complica y el Gobierno necesita recomponer apoyos que no tenía ayer.
Podemos, en cambio, votará a favor. Lo hace con una frase que resume el pragmatismo de la semana: «Unas migajas son mejores que nada», en palabras del Sindicato de Inquilinas recogidas tras el anuncio. El presidente del Gobierno publicó un vídeo para apelar a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y se declara «razonablemente optimista». El miedo en su propio partido es otro: que el rechazo fuerce un adelanto electoral al 29 de noviembre.
El desahucio que se ha convertido en arma política
Una inquilina desahuciada, conocida públicamente como Maricarmen, ha culpado directamente a Pedro Sánchez de su situación: «No se entera o no quiere enterarse», ha declarado. Su caso ha pasado de la crónica local al mitin sin escalas.
El marco territorial añade ruido. En Ceuta se ha puesto cifra al descontento: 85.000 residentes que, según el portavoz Melchor León, sufren lo mismo que los afectados por las decisiones del Gobierno central. Cada crisis acaba midiéndose con la misma vara.
El decreto asusta con 900.000 pisos. La estadística, mientras tanto, ya se ha comido casi 400.000 sin necesidad de votación alguna. El problema del alquiler empezó bastante antes del viernes.