Los corruptos sociatas catalanes perdonan 5 millones de euros robados por los corruptos independentistas catalanes.

La Generalitat de Cataluña, a través de un escrito de su Abogacía General, ha renunciado formalmente a la recuperación de los 5 millones de euros presuntamente malversados durante el procés. Esta decisión allana el camino para que el Tribunal de Cuentas archive la causa contra los líderes independentistas implicados, aplicando la ley de amnistía.

La Generalitat renuncia a los fondos

El gobierno catalán, presidido por Salvador Illa, ha dado un paso decisivo que podría cerrar definitivamente la investigación sobre la malversación de fondos públicos vinculada al procés. Mediante un escrito enviado a la Abogacía General de la Generalitat, se comunica al Tribunal de Cuentas la renuncia explícita a recuperar los 4,97 millones de euros que se estiman malversados. Esta postura, adoptada por la administración catalana, se presenta como la única parte perjudicada oficialmente y su renuncia es clave para que el tribunal pueda proceder al archivo de la causa. La decisión de la Generalitat se alinea con la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024, de 1 de junio, conocida como ley de amnistía, que busca extinguir la responsabilidad contable derivada de estos hechos.

El Tribunal de Cuentas y la amnistía

La consejera instructora del caso en el Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez, había abierto una última vía para evitar la aplicación de la amnistía. Esta alternativa consistía en determinar si el dinero malversado había afectado a fondos europeos, ya que la amnistía no contemplaría estos casos. Ante esta posibilidad, la asociación Sociedad Civil Catalana presentó un escrito solicitando que no se archivase el caso sin investigar la procedencia de los fondos, argumentando que la compleja contabilidad de la Generalitat, especialmente en lo referente a la promoción exterior del procés, hacía difícil descartar la implicación de dinero europeo. Sin embargo, la renuncia formal de la Generalitat, como administración supuestamente perjudicada, debilita considerablemente esta línea de investigación, dejando al tribunal con un margen muy reducido para mantener viva la causa.

Avales y cautelas

La decisión de la Generalitat de renunciar a los fondos malversados tiene implicaciones directas en las medidas cautelares adoptadas previamente. El predecesor de Salvador Illa, Pere Aragonès, había ordenado la concesión de avales por más de nueve millones de euros para garantizar la responsabilidad contable de los acusados, evitando así el embargo preventivo de sus bienes. Estos avales, otorgados por el Institut Català de Finances, ascendieron a 4.146.274,97 euros para los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y a 5.422.411,10 euros para la acción exterior entre 2011 y 2017. Con la renuncia de la Generalitat y la posible aplicación de la amnistía, se espera que estas medidas cautelares queden sin efecto, liberando a los implicados de la obligación de devolver el dinero. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha trasladado informalmente que la perspectiva es la de cerrar este capítulo, que ya no pudo resolverse con la consulta ilegal previa de 2014.