Un millón de migrantes al año para sostener las pensiones: el cálculo
Un millón de migrantes anuales no arregla por sí solo el sistema de pensiones español. El titular que difundió La Sexta —«España necesita un millón de migrantes anuales para sostener las pensiones en las próximas décadas»— remite, según los participantes del debate que citan el informe, a la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Lo llamativo no es el número en sí. Es otro detalle: quien lo firma, según la lectura que se hace del informe, lo considera prácticamente inalcanzable.
¿Qué es la AIReF y por qué se cuestiona su independencia?
La cifra no sale de un ministerio ni de una ocurrencia de sobremesa. Sale de un organismo técnico, la
AIReF, creada en
2014 y presentada siempre como independiente. Esa independencia es lo primero que se pone en cuestión. Su presidenta,
Cristina Herrero, fue nombrada por real decreto de 3 de marzo de 2020, previa deliberación del Consejo de Ministros, según señala un participante. Dicho de otro modo: el máximo responsable del organismo que valida la necesidad de importar población lo designa el mismo Gobierno al que, en teoría, debería auditar, sostiene esa crítica.
No es un detalle menor cuando el titular se repite en portada. Un informe que pide un millón de personas al año adquiere otra dimensión, según esa línea, si el organismo que lo firma responde a quien gobierna. Para quienes sostienen esta lectura, la cifra deja de ser un dato neutral y pasa a ser un argumento.
El millón que se da por imposible
El número que importa, según esta lectura, no es el millón. Es el cuarto de millón. La lectura del informe que circula en el debate sostiene que traer un millón de migrantes al año resulta inviable y que el escenario realista no supera la
cuarta parte de esa cifra, unos 250.000. Si el sistema necesita un millón para sostenerse y solo pueden llegar 250.000, la conclusión aritmética que se extrae es incómoda: el sistema, tal y como está montado,
no se sostiene.
Ahí está, para esa crítica, la trampa del titular. «Necesitamos un millón de migrantes» suena a llamada a la puerta; «las pensiones son insostenibles sin una reforma de calado» suena a problema de otro. Nadie quiere firmar lo segundo, así que se publica lo primero. Sobre el
Pacto de Toledo, un participante pregunta si ya no existe ese acuerdo para impedir que los partidos compren votos con subidas de pensiones.
¿Cuántos de esos migrantes cotizarían de verdad?
Contar llegadas no es contar cotizantes. El desglose que circula es más prosaico: de un millón de llegadas, solo una parte trabajaría y cotizaría de forma neta; otra necesitaría subsidios y ayudas para subsistir, sobre todo donde hay empleo y donde el alquiler se come el salario; y una tercera engordaría la reagrupación familiar, con personas mayores que consumen sanidad y, en algunos casos, pensiones no contributivas.
Los colegios no son gratuitos, los profesores cobran y los centros tienen gastos y proveedores. Con ese desglose, la cuenta del ahorro se transforma, según este análisis, en cuenta de gasto. La comparación con el entorno tampoco ayuda: un participante sostiene que Francia e Italia admiten cifras muy inferiores, en torno a
300.000 al año, y aun así con reticencias. Se cita incluso el caso de Dinamarca, con menos paro y estudios previos sobre el saldo fiscal de la inmigración no europea.
El cuello de botella no es la demografía, es el empleo
Hay
2,5 millones de desempleados y un paro juvenil que un participante cifra en el
30%. Importar un millón de trabajadores cuando no existen un millón de puestos que cubrir no resuelve el problema, sostiene este análisis: engorda la cola. El argumento que más se repite es que lo que sube los afiliados a la Seguridad Social es crear empleo, no aumentar la demanda de empleo disponible.
El cálculo más optimista asume que cada llegada encuentra trabajo en pocos meses. El pesimista parte de que buena parte del empleo que ocupa es precario, temporal y de cotización baja. Varios participantes sostienen que el país exporta licenciados e ingenieros y los sustituye por mano de obra poco cualificada.
De Caldera al plan Kalergi: veinte años del mismo argumento
Esto no es nuevo. Hace dos décadas, según recuerda un participante, el ministro de Trabajo
Jesús Caldera ya defendía que hacían falta inmigrantes para sostener las pensiones. Entonces se pagaban menos impuestos y los servicios públicos aguantaban mejor. Hoy la frase se repite con más presión fiscal y peor sanidad y educación, según quienes siguen el asunto.
Otra parte del análisis abandona la economía y se va a las teorías conspirativas, como el llamado plan Kalergi, una construcción sin ninguna prueba que la respalde. Cuando el debate llega ahí, ya no se está hablando de pensiones ni de cotizantes.
Para quienes defienden este análisis, el problema no se arreglará trayendo personas, sino cambiando la relación entre quien cotiza y quien cobra. Lo previsible, con estos mimbres, es que la cifra del millón vuelva cada año a la portada sin que nadie explique antes de dónde van a salir los cotizantes.