Las caras de los GEOS, que querían sacar a los amigos de Pedro Sanchez en Bolivia...

Los GEO en Bolivia: caras al descubierto y órdenes sin explicar​

Un grupo de operaciones especiales existe, por definición, para no dejar rastro. Sus nombres, sus caras y sus identificaciones son material reservado. Y lo que circuló fue exactamente lo contrario: primeros planos de agentes, camisa clara, gesto cansado, subiendo a un avión en el aeropuerto de Bolivia a la 1:30 de la madrugada mientras alguien los grababa. La paradoja encierra el caso: la unidad que debía moverse en la sombra acabó a plena luz, y con ella un despliegue que el Gobierno de España nunca explicó del todo en público.

¿Qué hacía un grupo de élite español en La Paz?​

Las imágenes aparecieron junto a una batería de preguntas sin respuesta oficial: por qué unos agentes habrían intentado acceder armados y encapuchados a la Embajada de México en La Paz, por qué se les veía con el equipo puesto y por qué abandonaban el aeropuerto de madrugada. La versión que fue tomando forma apunta a una operación de escolta: España habría acompañado a personas asiladas en la embajada mexicana para que salieran del país, y lo habría hecho, según las informaciones que se citaron, con conocimiento de La Paz.

El detalle descoloca. Una escolta pactada y una entrada encapuchada no cuentan la misma historia. De ahí que el episodio se leyera en clave política y no policial. La pregunta no era cómo salieron, sino quién dio la orden.

La nota diplomática y la citación a Pablo Iglesias​

El asunto dejó de ser un rumor de aeropuerto cuando la Fiscalía boliviana movió ficha. El fiscal general, Juan Lanchipa, remitió una nota al Ministerio de Asuntos Exteriores —entonces en manos de Margarita Robles— pidiendo que las autoridades españolas explicaran el motivo de la presencia del personal del GEO en territorio boliviano. El mismo texto informaba de la citación como testigo de Pablo Iglesias para que aclarara sus vínculos con Evo Morales.

En paralelo, el ministro del Interior boliviano, Arturo Murillo, remitió a la Fiscalía una carta para que se investigara a Iglesias, a Monedero, a Errejón, a José Luis Rodríguez Zapatero y al exjuez Baltasar Garzón por sus presuntos vínculos con el expresidente. Conviene retener la palabra: presuntos. Hablamos de peticiones de investigación y de una citación, no de condenas ni de hechos probados.

¿Exponer sus caras pone en peligro a los agentes?​

Aquí el asunto se partió en dos. Una corriente sostiene que publicar caras, nombres y hasta identificaciones coloca una diana sobre profesionales que no eligieron la misión y que volverán a operar. Un grupo de élite rara vez muestra el rostro ante una cámara, y hacerlo con estos agentes los deja señalados para siempre, argumentan.

La réplica llegó rápida. Si lo que hacían era ilegal, dicen desde el otro lado, exponerlo no es un ataque a la policía sino la única forma de que respondan quienes dieron la orden. La discusión derivó, así, de la seguridad de unos agentes a la naturaleza de la misión que se les encomendó.

La orden que no se puede obedecer​

Hay un punto jurídico que atraviesa todo el episodio y que casi nadie discute en abstracto: un agente está obligado a seguir las órdenes de sus superiores dentro de la ley. Fuera de ella, la obediencia deja de ser un mérito y pasa a ser otra cosa.

Ese es el eje de la comparación más repetida, la que mira atrás hacia el caso Roldán: si un policía sabe que lo que le mandan es delito, debe negarse. La duda que queda flotando es hasta qué punto los agentes sabían a qué iban. Si lo sabían, la exposición pública es su factura. Si no, la factura es de quien firmó la orden.

El aeropuerto, a la 1:30 de la madrugada​

La escena que más circuló fue la de la salida: agentes abandonando el aeropuerto boliviano de madrugada, con la sensación de cerrar a toda prisa un capítulo que se les había ido de las manos. La lectura política fue inmediata y apuntó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalado por dejar a España en una posición incómoda ante un país que había sido socio.

El caso que se enfrió sin respuesta​

Con los días, el foco se fue apagando. Una información fechada un 18 de febrero acabó situando que los asilados de la Embajada de México habían salido del país escoltados y con el visto bueno boliviano. Justo lo que semanas antes parecía una operación de fuerza se leía ahora como una salida pactada.

Queda la sensación incómoda: mover una unidad de élite para una gestión que se podía haber resuelto con una llamada tiene un coste que nadie asumió. Ni en Madrid ni en La Paz.

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¿Y si la pregunta de fondo no fuera qué hacían allí, sino quién decidió enviarlos y luego dejarlos solos delante de las cámaras?