La crisis de vivienda: dos recetas opuestas y una solución tabú
La crisis de vivienda en España tiene a los analistas divididos entre dos polos: la vuelta a la intervención pública masiva o la liberalización total del suelo. Y, en un rincón más radical, la expulsión de inmigrantes. El debate, intenso y desprovisto de moderación, revela que no hay consenso ni tampoco voluntad política para aplicar ninguna de las recetas.
El modelo público: fusionar municipios y construir desde el Estado
Una corriente defiende que la solución pasa por tres pilares: fusionar todos los municipios de cada área metropolitana en una sola entidad para acabar con la especulación del suelo local, crear una constructora 100% pública que desarrolle vivienda a precio de coste, y recuperar la banca pública para financiar las promociones sin ánimo de lucro. Se argumenta que el modelo funcionó durante el franquismo —cuando se construyeron 4 millones de viviendas para obreros en solo diez años— y que, desde la transición, la especulación liberal ha llevado el precio a niveles insostenibles. Los críticos replican que las cajas públicas quebraron y que cualquier chiringuito estatal acaba en manos de políticos corruptos.
La receta liberal: liberar suelo y eliminar impuestos
En el lado opuesto, se defiende que la intervención pública es el problema, no la solución. Propuesta: todo el suelo no protegido debe ser edificable, y la primera vivienda debería estar exenta de impuestos y tasas. Además, se aboga por simplificar las normativas al estilo de los años 70, pero construyendo con alturas triples para abaratar costes. Se señala que hoy la mitad del precio de una vivienda nueva corresponde a impuestos y suelo intervenido. Los partidarios de esta vía citan el ejemplo de la India —donde la desregulación ha generado un caos urbanístico— pero también el de la construcción masiva durante el desarrollismo, cuando el franquismo liberó suelo sin mayores cortapisas.
El elefante en la habitación: la inmigración
Una tercera postura, minoritaria pero ruidosa, sostiene que la única solución real es expulsar a los 12-15 millones de inmigrantes que, según sus cálculos, han llegado en las últimas décadas. Argumentan que esa medida liberaría millones de viviendas y aliviaría la presión sobre el mercado laboral, reduciendo el dumping salarial. Sin embargo, se enfrentan a objeciones prácticas: el coste político y logístico de una deportación masiva, y la pregunta de quién ocuparía los puestos de trabajo que esos inmigrantes cubren hoy.
Ninguna de las tres visiones cuenta con un respaldo político mayoritario; las medidas radicales chocan con la legalidad europea, los intereses inmobiliarios y la falta de voluntad de los sucesivos gobiernos. El dato que nadie acaba de explicar bien es por qué, con un parque de viviendas vacías estimado en más de 3 millones, no se activan mecanismos para ponerlas en el mercado. Quizá la solución más sencilla sea la que menos se discute: que no hay interés en que el precio baje.
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