La ley de nietos 'fabrica' ya 16.000 votantes al mes.

La ley de nietos y el relato de los votantes que no han pisado España​

Un solicitante nacido en Argentina, nieto de un emigrante que salió de Galicia, obtiene la nacionalidad española sin haber pisado nunca el país. Según el relato que circula estos días, al inscribirse en el censo puede elegir votar en Lugo, en Jaén o en la circunscripción que más le convenga, sin vínculo vecinal ni residencia, y ese mecanismo estaría engordando el censo exterior.

Los números que acompañan a ese relato son gruesos: hasta 2,3 millones de potenciales electores, más de 2,5 millones de solicitudes de nacionalización y más de medio millón de nacionalidades ya concedidas, según quienes lo sostienen. Como apunta un participante, la ley se aplica en teoría a quienes salieron de España entre 1939 y 1955, un tramo lo bastante ancho como para que no se pueda distinguir entre exilio y emigración económica.

Por qué el voto CERA cambia la aritmética del censo​

El voto de los residentes en el extranjero, conocido como CERA, se reparte por circunscripciones, y ahí está la pelea. La libre elección de provincia permitiría a los nuevos inscritos concentrarse allí donde el último escaño se decide por unos pocos miles de papeletas. Es el escaño que baila.

Hay quien sostiene que el impacto real sería limitado: si solo vota en torno al 10% del censo CERA, el efecto se diluye. Otros responden que basta con mover unos miles de votos en las provincias ajustadas para inclinar el reparto. La prensa argentina, mientras tanto, alerta de que en un futuro Buenos Aires podría ser la tercera ciudad española más poblada, después de Madrid y Barcelona.

¿Cobrarán pensión no contributiva estos nuevos nacionalizados?​

No, y conviene desmontarlo rápido. Como apuntan varios participantes, la pensión no contributiva exige haber residido en España al menos diez años, con independencia de tener pasaporte español. De hecho, ni siquiera la nacionalidad es requisito para cobrarla. El temor a que el nuevo padrón de votantes se convierta en una factura futura de pensiones choca con ese requisito: sin residencia acreditada, no hay prestación.

La confusión entre nacionalidad, censo y derecho a prestaciones es lo que infla buena parte del cálculo catastrofista. Tener la nacionalidad no es residir; inscribirse en el censo consular no es empadronarse.

La letra pequeña que nadie aclara​

El frente judicial sigue abierto. Un mensaje difundido al calor del asunto sostiene que la norma se habría retocado a escondidas para extenderla a bisnietos y tataranietos, un cambio que, según un participante, no tendría respaldo en el texto legal y podría acabar en manos del Tribunal Supremo. No hay resolución firme sobre ese extremo.

Como apunta otro participante, hay un detalle que desarma el relato de pucherazo en solitario: el Partido Popular habría sostenido que no se opone a dar la nacionalidad a los nietos de exiliados y, al parecer, lo llevaba en su programa. Cuando el principal partido de la oposición comparte el fondo de la medida, el escándalo se reduce a discutir cómo se aplica, no si debe existir.

El dato que descoloca​

Según ese relato, con más de medio millón de nacionalizaciones ya concedidas el censo exterior dejaría de ser un apéndice y pasaría a ser un bloque con capacidad de decidir escaños.