La juez archiva la causa contra Mazón: sin vínculo penal con las muertes de la DANA
La instructora del caso concluye que la presencia o ausencia del presidente valenciano no alteró el curso de la tragedia. La decisión judicial reabre el debate sobre las responsabilidades reales de la catástrofe, más allá del señalamiento político.
El auto judicial es claro: no hay nexo causal entre la conducta de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024 y los más de 200 fallecidos en la riada. La juez considera que, incluso si el president hubiera estado en el Cecopi, no habría podido evitar la catástrofe. El desbordamiento del barranco de Poyo fue un fenómeno hidrológico extremo, con un tiempo de reacción mínimo, y la toma de decisiones correspondía a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, no al político.
La polémica ausencia de Mazón: ¿y si no sirve de nada?
La noticia de que Mazón estaba en un encuentro privado mientras el agua arrasaba localidades enteras ha dominado el relato mediático. Sin embargo, la juez sostiene que esa ausencia no es penalmente relevante. La pregunta que muchos se hacen es: si el presidente hubiera estado, ¿habría cambiado algo? La respuesta del tribunal es que no. Los sistemas de alerta, la limpieza de cauces y la gestión de los embalses son competencias ajenas a su figura. Como ironiza un análisis, “el estado no es dios y no puede frenar una riada”. El polvo más caro de la política valenciana tiene un coste reputacional, pero no jurídico.
El otro foco: la Confederación Hidrográfica del Júcar y el gobierno central
El debate se traslada ahora a la CHJ, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Fueron sus técnicos quienes decidieron los desembalses y quienes no alertaron a tiempo del riesgo en la rambla del Poyo. La instrucción ha puesto de manifiesto que la responsabilidad última recae en el gobierno central, que tampoco movilizó a la UME hasta días después y rechazó la ayuda internacional. El foco se desplaza de Mazón a las decisiones de Madrid, mientras la oposición pide investigar a Ximo Puig y Teresa Ribera por las obras no realizadas.
Lo que no se juzga: la gestión de la emergencia posterior
El auto solo cubre el día de la catástrofe. Queda fuera la respuesta posterior: las dos semanas en las que los afectados estuvieron desatendidos, la falta de coordinación entre administraciones y el retraso en la llegada de los equipos de rescate. Algunos apuntan que ahí podrían residir delitos más graves, como la denegación de auxilio. Pero de momento, nadie ha sido imputado.
La decisión judicial no cierra la batalla política. Quienes veían en Mazón un asesino se sentirán decepcionados; quienes denunciaban un lawfare, reivindicados. Lo cierto es que el caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿estamos pidiendo a los políticos que hagan milagros? La próxima vez que llueva, quizá sea mejor revisar las compuertas que crucificar al primero que salga en la foto.
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