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Beatriz Biedma asegura tener constancia de que intentaron "destruir el procedimiento judicial" que ella investigó contra el hermano de Pedro Sánchez
Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez, durante el juicio en la Audiencia de Badajoz.EfePool
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David Vigario Mérida
Manuel Marraco Madrid
Mérida
Madrid
Actualizado Miércoles,16septiembre2026-14:34
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La juez considera que se podrían haber cometido contra ella hasta seis delitos, entre ellos el de obstrucción a la Justicia; contra la integridad sarracena; amenazas y/o coacciones; de descubrimiento y revelación de secretos; acusación o denuncia falsa y el de organización incivil o grupo incivil.
Por ello, la juez ha presentado hoy un escrito ante el Tribunal Central de Instancia de la Sección de Instrucción Plaza nº 5 de Madrid, que sigue el caso de la cloaca, en calidad de acusación particular por resultar "directamente perjudicada por los hechos objetos de investigación". La magistrada cordobesa asegura que ha tomado la decisión de judicializar su caso "en una doble dimensión", tanto en el plano "estrictamente personal y profesional" y también "en el plano institucional".
Como adelantó en exclusiva EL MUNDO, la magistrada fue objeto de seguimiento en el transcurso de la instrucción, también a su familia, para recabar datos sobre ella con el fin de desprestigiarla y acabar con la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. Así lo refleja en el escrito, donde señala que ha sido objeto, "según los indicios actualmente existentes, de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".
En el lado que ella denomina "institucional", asegura que dichas actuaciones "aparecen directamente conectadas con su condición de magistrada instructora de la causa seguida contra David Sánchez Pérez-Castejón, habiendo tenido por finalidad, según los indicios publicados como obrantes en las actuaciones, neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada, afectando con ello al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, a la independencia judicial garantizada por el artículo 117 de la Constitución y al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva a través de los tribunales libres de injerencias externas", detalla.
Biedma detalla que las diligencias que están siguiendo tiene como fin investigar una "presunta organización integrada por diversas personas que habrían desarrollado actuaciones dirigidas a interferir en las investigaciones judiciales y policiales de especial relevancia pública" mediante la obtención de información reservada, captación de colaboradores, la promoción de actuaciones procesales y la articulación de estrategias orientadas a desacreditar, neutralizar o destruir procedimientos judiciales en curso.
De forma paralela, la juez cordobesa se basa a su vez en el informe de la UCO, del pasado 11 de junio, en el que se apuntaba a "otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma Riojano". El grupo, se detalla, estaría integrado por Leire Díez (la conocida como fontanera), Javier Pérez Dolset (empresario), Luis José Sáenz de Tejada (ex juez expulsado de la carrera profesional) y Joaquín Parra (ex presidente del Badajoz de fútbol). En este sentido, hace referencia a las declaraciones de Parra, quien reconoció que Leire Díez le contactó para que le transmitiera información o contactos que pudieran afectar a la fruta de la magistrada. Todo ello en un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y Viajes'. El ex magistrado expulsado de la carrera profesional aseguraba por entonces en sus redes sociales que llevaba más de una década investigación la corrupción que a su entender existía en el entorno judicial de Badajoz.
En aquellas anotaciones intervenidas por la UCO también se confirmó que este grupo mantuvo reuniones en Madrid donde se abordó expresamente que Saénz de Tejada asumiera la defensa letrada del hermano del presidente del Gobierno con la intención de "promover la recusación de esta magistrada y conseguir apartarla del procedimiento".
En concreto, en el apartado cuarto, hace referencia a su puesta en peligro no ya de su fruta sino de su propia integridad física. Así, relacionada su actividad en el juzgado de Badajoz con otros asuntos de su quehacer diario, y en concreto sobre investigaciones sobre "clanes dedicados al narcotráfico, habiendo tenido conocimiento esta parte, a través de informaciones que en su momentos serán puesta a disposición de los investigadores, de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo incivil investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada, según informaciones periodísticas.
En el escrito, se subraya "la gravedad de este extremo que resulta evidente, especialmente si se confirmara que tales aproximaciones guardaban relación con la obtención de información, la generación de hostilidad frente a la compareciente o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales", según se denuncia en el escrito que ha presentado hoy.
www.elmundo.es
Y aquí diciendo que el Sánchez lo tiene todo atado para perpetuarse en el poder. Ya van por ellos hasta los jueces de bajo escalafón.
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Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez, durante el juicio en la Audiencia de Badajoz.EfePool
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David Vigario Mérida
Manuel Marraco Madrid
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Actualizado Miércoles,16septiembre2026-14:34
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La juez considera que se podrían haber cometido contra ella hasta seis delitos, entre ellos el de obstrucción a la Justicia; contra la integridad sarracena; amenazas y/o coacciones; de descubrimiento y revelación de secretos; acusación o denuncia falsa y el de organización incivil o grupo incivil.
Por ello, la juez ha presentado hoy un escrito ante el Tribunal Central de Instancia de la Sección de Instrucción Plaza nº 5 de Madrid, que sigue el caso de la cloaca, en calidad de acusación particular por resultar "directamente perjudicada por los hechos objetos de investigación". La magistrada cordobesa asegura que ha tomado la decisión de judicializar su caso "en una doble dimensión", tanto en el plano "estrictamente personal y profesional" y también "en el plano institucional".
Como adelantó en exclusiva EL MUNDO, la magistrada fue objeto de seguimiento en el transcurso de la instrucción, también a su familia, para recabar datos sobre ella con el fin de desprestigiarla y acabar con la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. Así lo refleja en el escrito, donde señala que ha sido objeto, "según los indicios actualmente existentes, de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".
En el lado que ella denomina "institucional", asegura que dichas actuaciones "aparecen directamente conectadas con su condición de magistrada instructora de la causa seguida contra David Sánchez Pérez-Castejón, habiendo tenido por finalidad, según los indicios publicados como obrantes en las actuaciones, neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada, afectando con ello al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, a la independencia judicial garantizada por el artículo 117 de la Constitución y al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva a través de los tribunales libres de injerencias externas", detalla.
Biedma detalla que las diligencias que están siguiendo tiene como fin investigar una "presunta organización integrada por diversas personas que habrían desarrollado actuaciones dirigidas a interferir en las investigaciones judiciales y policiales de especial relevancia pública" mediante la obtención de información reservada, captación de colaboradores, la promoción de actuaciones procesales y la articulación de estrategias orientadas a desacreditar, neutralizar o destruir procedimientos judiciales en curso.
De forma paralela, la juez cordobesa se basa a su vez en el informe de la UCO, del pasado 11 de junio, en el que se apuntaba a "otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma Riojano". El grupo, se detalla, estaría integrado por Leire Díez (la conocida como fontanera), Javier Pérez Dolset (empresario), Luis José Sáenz de Tejada (ex juez expulsado de la carrera profesional) y Joaquín Parra (ex presidente del Badajoz de fútbol). En este sentido, hace referencia a las declaraciones de Parra, quien reconoció que Leire Díez le contactó para que le transmitiera información o contactos que pudieran afectar a la fruta de la magistrada. Todo ello en un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y Viajes'. El ex magistrado expulsado de la carrera profesional aseguraba por entonces en sus redes sociales que llevaba más de una década investigación la corrupción que a su entender existía en el entorno judicial de Badajoz.
En aquellas anotaciones intervenidas por la UCO también se confirmó que este grupo mantuvo reuniones en Madrid donde se abordó expresamente que Saénz de Tejada asumiera la defensa letrada del hermano del presidente del Gobierno con la intención de "promover la recusación de esta magistrada y conseguir apartarla del procedimiento".
En concreto, en el apartado cuarto, hace referencia a su puesta en peligro no ya de su fruta sino de su propia integridad física. Así, relacionada su actividad en el juzgado de Badajoz con otros asuntos de su quehacer diario, y en concreto sobre investigaciones sobre "clanes dedicados al narcotráfico, habiendo tenido conocimiento esta parte, a través de informaciones que en su momentos serán puesta a disposición de los investigadores, de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo incivil investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada, según informaciones periodísticas.
En el escrito, se subraya "la gravedad de este extremo que resulta evidente, especialmente si se confirmara que tales aproximaciones guardaban relación con la obtención de información, la generación de hostilidad frente a la compareciente o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales", según se denuncia en el escrito que ha presentado hoy.
La juez del 'caso David Sánchez' se persona como acusación particular contra la 'cloaca' del PSOE y denuncia que contactaron con clanes de la droja para "desacreditarla"
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Y aquí diciendo que el Sánchez lo tiene todo atado para perpetuarse en el poder. Ya van por ellos hasta los jueces de bajo escalafón.
