PSOE La juez Biedma lleva a los tribunales el acoso de la cloaca del PSOE

La juez Biedma lleva a los tribunales el acoso de la cloaca del PSOE
RESUMEN DEL MENSAJE INICIAL · elaborado con IA

La magistrada Beatriz Biedma ha decidido personarse como acusación particular contra Leire Díez y otros implicados en la investigación del caso del hermano de Pedro Sánchez, denunciando presiones y hasta contactos con clanes de droga para desacreditarla.

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La magistrada Beatriz Biedma ha decidido personarse como acusación particular contra Leire Díez y otros implicados en la investigación del caso del hermano de Pedro Sánchez, denunciando presiones y hasta contactos con clanes de droga para desacreditarla.

La magistrada Biedma se planta y denuncia presiones

La magistrada Beatriz Biedma, quien instruyó el caso contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha decidido dar un paso al frente y personarse como acusación particular. Lo hace ante el Tribunal Central de Instancia de la Sección de Instrucción Plaza nº 5 de Madrid, en el marco de la investigación sobre la llamada "cloaca del PSOE". Biedma se considera perjudicada directamente por las actuaciones que se están investigando y alega que se podrían haber cometido hasta seis delitos contra ella. Entre ellos, se mencionan la obstrucción a la Justicia, atentados contra la integridad moral, amenazas o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y pertenencia a organización criminal. La magistrada considera que estas acciones tuvieron una doble dimensión: por un lado, un ataque personal y profesional contra ella, y por otro, una injerencia institucional destinada a perturbar el procedimiento judicial que tenía encomendado.

La decisión de Biedma llega después de que se conocieran indicios de un seguimiento personal y profesional dirigido a desprestigiarla y, en última instancia, a acabar con la causa contra el hermano del presidente. Según los indicios que obran en las actuaciones, se habrían realizado gestiones para obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar datos sobre su entorno e incluso apartarla de procedimientos judiciales concretos. En el plano institucional, estas actuaciones habrían tenido como finalidad neutralizar, perturbar o destruir el procedimiento judicial, afectando así al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, la independencia judicial y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Contactos con clanes de droga y estrategias de desprestigio

La investigación, según detalla la magistrada, apunta a una presunta organización integrada por diversas personas que habrían desarrollado actuaciones dirigidas a interferir en investigaciones judiciales y policiales de especial relevancia pública. Esto se habría logrado mediante la obtención de información reservada, la captación de colaboradores y la promoción de actuaciones procesales y estrategias orientadas a desacreditar o destruir procedimientos judiciales en curso. Un informe de la UCO del pasado 11 de junio señalaba específicamente a la magistrada Beatriz Biedma Riojano como uno de los objetivos de esta organización.

En este grupo, que operaba a través de un grupo de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes', se encontrarían Leire Díez, apodada "la fontanera", el empresario Javier Pérez Dolset, el ex juez expulsado de la carrera Luis José Sáenz de Tejada, y el ex presidente del Badajoz de fútbol, Joaquín Parra. Las declaraciones de Parra apuntan a que Leire Díez le contactó para obtener información o contactos que pudieran afectar a la reputación de la magistrada. El ex magistrado Sáenz de Tejada, por su parte, había manifestado en redes sociales su interés en investigar la corrupción en el entorno judicial de Badajoz. Las anotaciones intervenidas por la UCO también revelaron reuniones en Madrid donde se planteó que Sáenz de Tejada asumiera la defensa del hermano de Pedro Sánchez con la intención de recusar a Biedma y apartarla del procedimiento.

Amenazas a la seguridad personal

La denuncia de la magistrada Biedma va más allá de la mera presión profesional. En el escrito presentado, se hace referencia a su puesta en peligro, no solo de su reputación, sino de su propia integridad física. Se vincula su actividad en el juzgado de Badajoz con otras investigaciones que ha llevado a cabo, incluyendo las relacionadas con "clanes dedicados al narcotráfico". Según informaciones que se pondrán a disposición de los investigadores, el supuesto grupo criminal investigado habría tenido contactos con personas vinculadas a un conocido clan asentado en Badajoz con el objetivo de actuar contra la magistrada. La gravedad de este extremo, según se subraya en el escrito, es evidente, especialmente si se confirma que estas aproximaciones buscaban obtener información, generar hostilidad o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Datos clave
  • Beatriz Biedma: Magistrada que instruyó el caso contra David Sánchez Pérez-Castejón.
  • Leire Díez: Señalada como una de las integrantes de la presunta organización.
  • 11 de junio: Fecha del informe de la UCO que señala a Biedma como objetivo.
  • Badajoz: Lugar donde se instruyó el caso contra el hermano de Pedro Sánchez.
Resumen generado con inteligencia artificial a partir del primer mensaje del tema.

Chapapote1

Madmaxista
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Beatriz Biedma asegura tener constancia de que intentaron "destruir el procedimiento judicial" que ella investigó contra el hermano de Pedro Sánchez
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Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez, durante el juicio en la Audiencia de Badajoz.EfePool
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Actualizado Miércoles,16septiembre2026-14:34
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La magistrada Beatriz Biedma ha tomado la decisión de judicializar el seguimiento personal y profesional que realizó la denominada cloaca del PSOE durante la instrucción que realizó al frente del Juzgado nº 3 de Badajoz contra David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del presidente del Gobierno, en su proceso de obtención de una plaza de alto cargo en la Fruta de Badajoz, y por la cual ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa.

La juez considera que se podrían haber cometido contra ella hasta seis delitos, entre ellos el de obstrucción a la Justicia; contra la integridad sarracena; amenazas y/o coacciones; de descubrimiento y revelación de secretos; acusación o denuncia falsa y el de organización incivil o grupo incivil.

Por ello, la juez ha presentado hoy un escrito ante el Tribunal Central de Instancia de la Sección de Instrucción Plaza nº 5 de Madrid, que sigue el caso de la cloaca, en calidad de acusación particular por resultar "directamente perjudicada por los hechos objetos de investigación". La magistrada cordobesa asegura que ha tomado la decisión de judicializar su caso "en una doble dimensión", tanto en el plano "estrictamente personal y profesional" y también "en el plano institucional".

Como adelantó en exclusiva EL MUNDO, la magistrada fue objeto de seguimiento en el transcurso de la instrucción, también a su familia, para recabar datos sobre ella con el fin de desprestigiarla y acabar con la causa contra el hermano del presidente del Gobierno. Así lo refleja en el escrito, donde señala que ha sido objeto, "según los indicios actualmente existentes, de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos".

En el lado que ella denomina "institucional", asegura que dichas actuaciones "aparecen directamente conectadas con su condición de magistrada instructora de la causa seguida contra David Sánchez Pérez-Castejón, habiendo tenido por finalidad, según los indicios publicados como obrantes en las actuaciones, neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada, afectando con ello al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, a la independencia judicial garantizada por el artículo 117 de la Constitución y al derecho de los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva a través de los tribunales libres de injerencias externas", detalla.

Biedma detalla que las diligencias que están siguiendo tiene como fin investigar una "presunta organización integrada por diversas personas que habrían desarrollado actuaciones dirigidas a interferir en las investigaciones judiciales y policiales de especial relevancia pública" mediante la obtención de información reservada, captación de colaboradores, la promoción de actuaciones procesales y la articulación de estrategias orientadas a desacreditar, neutralizar o destruir procedimientos judiciales en curso.

De forma paralela, la juez cordobesa se basa a su vez en el informe de la UCO, del pasado 11 de junio, en el que se apuntaba a "otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma Riojano". El grupo, se detalla, estaría integrado por Leire Díez (la conocida como fontanera), Javier Pérez Dolset (empresario), Luis José Sáenz de Tejada (ex juez expulsado de la carrera profesional) y Joaquín Parra (ex presidente del Badajoz de fútbol). En este sentido, hace referencia a las declaraciones de Parra, quien reconoció que Leire Díez le contactó para que le transmitiera información o contactos que pudieran afectar a la fruta de la magistrada. Todo ello en un grupo de WhatsApp denominado 'Vacaciones y Viajes'. El ex magistrado expulsado de la carrera profesional aseguraba por entonces en sus redes sociales que llevaba más de una década investigación la corrupción que a su entender existía en el entorno judicial de Badajoz.

En aquellas anotaciones intervenidas por la UCO también se confirmó que este grupo mantuvo reuniones en Madrid donde se abordó expresamente que Saénz de Tejada asumiera la defensa letrada del hermano del presidente del Gobierno con la intención de "promover la recusación de esta magistrada y conseguir apartarla del procedimiento".

En concreto, en el apartado cuarto, hace referencia a su puesta en peligro no ya de su fruta sino de su propia integridad física. Así, relacionada su actividad en el juzgado de Badajoz con otros asuntos de su quehacer diario, y en concreto sobre investigaciones sobre "clanes dedicados al narcotráfico, habiendo tenido conocimiento esta parte, a través de informaciones que en su momentos serán puesta a disposición de los investigadores, de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo incivil investigado con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz con la finalidad de actuar contra la magistrada, según informaciones periodísticas.

En el escrito, se subraya "la gravedad de este extremo que resulta evidente, especialmente si se confirmara que tales aproximaciones guardaban relación con la obtención de información, la generación de hostilidad frente a la compareciente o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales", según se denuncia en el escrito que ha presentado hoy.


Y aquí diciendo que el Sánchez lo tiene todo atado para perpetuarse en el poder. Ya van por ellos hasta los jueces de bajo escalafón.
 

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