La joven que la violo uno de Mali: La culpa es de VOX

Denuncia una violación y culpa a Vox de que el agresor huya​

Una joven de Bilbao denunció hace trece meses una agresión sexual. Su presunto agresor, según su propio relato, abandonó España. Y ella, en lugar de apuntar al fugado, señala al partido de Abascal: sostiene que la propaganda de Vox contra ella en redes la ha dejado sin protección. El caso, publicado por El Mundo, ha desatado una tormenta de reacciones que va mucho más allá del suceso concreto.

Lo llamativo no es la denuncia. Lo llamativo es el orden de prioridades. La víctima asegura sentirse desamparada mientras el presunto autor de los hechos está fuera del país, y dirige su reproche hacia quienes, dice, han alimentado el odio contra ella en internet. Hay quien lee ahí un síntoma de cómo se construye hoy el relato público de según qué delitos.

Qué denuncia exactamente la joven de Bilbao​

El relato es sencillo de resumir y difícil de digerir. Agresión sexual hace trece meses. Denuncia presentada. El presunto agresor, de origen maliense, habría huido de España. La joven, veinteañera, afirma que desde entonces vive con miedo, y ese miedo lo atribuye menos a la huida del denunciado que a la campaña que, según ella, Vox ha impulsado contra su persona en redes sociales.

La noticia la firma El Mundo, que recoge tanto la versión de la joven como su acusación política. No hay en el texto una condena firme ni una detención confirmada: hay una denuncia, una huida y una acusación cruzada. Conviene no perder de vista ese orden.

La reacción mayoritaria: el reproche al reproche​

Buena parte de las respuestas van en una dirección previsible. Se argumenta que la joven señala al mensajero y no al hecho, que convierte un caso individual en munición política y que, al hacerlo, diluye la propia denuncia. La formulación más repetida: la culpa de la violación no es de Vox; la culpa, si acaso, de que el caso se use como argumento para cerrar fronteras.

Ahí aparece el matiz que más se repite en el análisis: una cosa es la agresión y otra el uso político de la agresión. La joven, según su versión recogida en prensa, no pide endurecer leyes ni cambiar fronteras. Se queja del clima hostil que dice haber sufrido. Y esa queja, en el contexto actual, se lee como una toma de posición.

El perfil de la víctima entra en la discusión​

Otra línea de comentarios abandona el caso y se va al contexto sociológico. Se describe a la joven como estudiante de psicología, veinteañera, de Bilbao, con un nombre poco común. Y a partir de ahí se construye una tesis más amplia: la de un sector de la población vasca joven educado en un marco ideológico donde el rechazo al propio país se convierte en virtud y la acogida al de fuera, en identidad.

Es una tesis discutible y discutida, pero explica por qué el caso ha escalado. No se discute solo una denuncia: se discute un ecosistema. Hay quien sostiene que ese ecosistema produce personas incapaces de identificar al agresor y perfectamente capaces de identificar al adversario político. En contra pesa un argumento obvio: una víctima de agresión sexual no tiene por qué ser coherente, ni estratégica, ni útil a ninguna causa.

El detalle que descoloca: el nombre y el origen​

Una parte nada desdeñable del debate se enreda en cuestiones laterales. El nombre de la joven, su etimología, su significado, su procedencia. Y el origen del presunto agresor, que se convierte en el eje de un argumento sobre fronteras, visados y control migratorio. Es el salto clásico: del caso concreto a la política general en dos frases.

Ahí conviene ser preciso. Que el presunto agresor sea de Mali es un dato del relato periodístico. Que eso valide o invalide una política migratoria es una opinión. Y que la víctima culpe a un partido de su desprotección es, exactamente, lo que ella declara.

Qué se está discutiendo de verdad​

Debajo del ruido hay una pregunta incómoda: ¿puede una víctima elegir a quién culpa? Legalmente, sí. Políticamente, se le va a discutir. Y mediáticamente, se le va a discutir con intereses. El caso ha servido para que unos hablen de fronteras y otros de discurso de odio, y para que casi nadie hable del presunto agresor que, a fecha de la denuncia, no está localizado.

Queda el dato que ordena todo: trece meses. Trece meses de denuncia sin detención, con el denunciado fuera y con la denunciante señalando a un partido. Si el sistema funciona, alguien debería explicar por qué el foco está donde está.

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¿Y si la pregunta correcta no fuera a quién culpa ella, sino por qué el presunto agresor lleva trece meses sin ser localizado?