Eric Finch
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La izquierda española ha vuelto a las calles para manifestarse, en esta ocasión en torno a un desahucio en Madrid, utilizando el evento como plataforma para reafirmar su presencia y discurso político.
A finales de septiembre de 2026, la Delegación del Gobierno en Madrid cifró en 10.000 las personas concentradas en una manifestación considerada ilegal. El evento, que reunió a menos de 3.000 asistentes bajo lemas como «El cambio empieza hoy» y «ático para Ayuso, desahucio para Maricarmen», marcó un nuevo intento de la izquierda por hacerse notar en el espacio público. Este movimiento se produce en un momento que algunos analistas describen como uno de los más complicados para la izquierda desde la restauración de la democracia en 1975.
El foco de la protesta se centró en el desalojo de una mujer octogenaria, Mari Carmen, de su vivienda en Madrid, donde residía desde hacía siete décadas. La justicia actuó en base a la ley vigente, determinando el fin de su protección legal al ser la segunda subrogada tras el fallecimiento de su madre en 2005. Este caso, aunque sensible, se enmarca en un contexto legal específico, con rentas antiguas anteriores al decreto Boyer que limitaba los contratos de alquiler indefinidos.
La situación ha sido aprovechada por sectores de la izquierda para rearticular su discurso y criticar la gestión del gobierno en materia de vivienda. Se señala la falta de acción del Ministerio de Vivienda, dependiente del Gobierno central, durante los últimos ocho años, a pesar de las promesas realizadas por Pedro Sánchez en 2017 de acabar con los desahucios. La narrativa construida apunta a la derecha, concretamente a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, como responsables indirectos del desalojo, a pesar de que la decisión judicial se basó en la normativa vigente.
La convocatoria, impulsada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y con el apoyo de colectivos como Acciones en Altura, se dirigió al portal del edificio donde se supone que Isabel Díaz Ayuso planeaba mudarse. La manifestación, que generó una notable presencia policial, derivó en incidentes como intentos de acceso a portales colindantes y el lanzamiento de petardos, así como daños en timbres.
Este tipo de acciones buscan visualizar la fuerza de la izquierda radical y presionar al gobierno. La estrategia consiste en vincular casos particulares de desahucio con políticas de vivienda más amplias y con la acción de los gobiernos autonómicos y municipales. El objetivo es, una vez más, construir un relato que movilice a su base y recupere el protagonismo político, a pesar de las críticas sobre su efectividad real en la resolución de problemas habitacionales.
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