La Guardia Civil irá a buscar a los no-notificados que han sido agraciados con una mesa electoral y que se hallan en paradero desconocido

Mesa electoral: la Guardia Civil busca a los no localizados​

Las mesas de la próxima cita electoral están fijadas para un domingo, a finales de julio. Con la convocatoria ha vuelto un procedimiento que la mayoría desconoce hasta que le toca: si el ciudadano designado como presidente o vocal no ha podido ser notificado por la vía habitual, la Guardia Civil acude a su domicilio, según los relatos que circulan entre quienes han pasado por ello, y puede repetir la visita hasta entregarle la citación. No es, en esos casos, un farol de sobremesa. Es la respuesta prevista para quien consta como «ausente o desconocido en domicilio».

La consecuencia es incómoda: tener el aviso en el buzón y no recogerlo no cierra nada. A partir de ahí, el asunto se parte en dos lecturas difíciles de reconciliar. Sin notificación en mano no hay sanción posible, sostiene una. La Administración tiene medios subsidiarios para dar por enterado al interesado, replica la otra. Ninguna de las dos sale gratis a efectos prácticos.

Qué ocurre si no recoges la citación de la mesa electoral​

La citación se cursa por correo certificado. Si nadie la firma, quedan los medios subsidiarios: los anuncios en boletines oficiales. El problema es el reloj. El calendario electoral no da tiempo a completar ese camino antes de la votación. En esta convocatoria, los avisos publicados en el BOE por falta de notificación por la vía habitual se reducen a cinco municipios: Tarancón (Cuenca), L'Eliana y Bétera (Valencia), Andosilla (Navarra) y Cabra del Camp (Tarragona). Cinco avisos. Nada.

Hay quien replica que el papel de Correos no basta y que la entrega puede producirse en el trabajo, en casa de un familiar o donde aparezca el interesado. Lo que acaba decidiendo el resultado es menos épico de lo que parece: si el presidente de la mesa no deja constancia en el acta, no hay expediente que rascar. Y ese acta implica testifical y juicio, con lo que arrastra en tiempo y molestias para quien la firma.

La multa que sí llegó: 4.800 euros pedidos por la Fiscalía​

El caso que se ha convertido en referencia no es de esta convocatoria. Una vecina de Hervás (Cáceres) que no acudió a su mesa en las elecciones europeas de 2014 se enfrentó a una petición fiscal de 4.800 euros que quedó finalmente en 2.400, según los datos manejados en prensa. Se citan ahí los antecedentes que suelen acompañar a estos episodios: rechazos previos de la notificación y actas levantadas por agentes municipales.

De ahí al retrato de un país en estado de alarma hay un trecho. Los propios números del sistema dibujan otra escala: se habla de un caso entre miles de mesas y miembros designados. Ese es, en gran medida, el eje de la discrepancia: si el mecanismo disuade de verdad o si solo asusta a quien no ha leído el procedimiento.

Antecedentes penales y cancelación: los plazos que se citan​

Aquí la discusión se vuelve técnica y ahí se atasca casi todo el mundo. El artículo 136 del Código Penal fija cuándo se pueden cancelar los antecedentes penales:

• Seis meses para las penas leves
• Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las imprudentes
• Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años
• Cinco años para las restantes menos graves iguales o superiores a tres años
• Diez años para las penas graves

A partir de esa tabla aparecen atajos que no encajan con el texto legal: se ha llegado a afirmar que basta con un año para pedir el borrado. No es lo que dice el artículo. La otra advertencia que circula es más prosaica: quien no acuda puede acabar con antecedentes penales y condenado al pago de miles de euros.

La retribución: 70 euros brutos por 14 horas un domingo​

Habrá quien lo haga por devoción democrática. El precio de mercado es otro: 70 euros brutos por 14 o 15 horas de jornada un domingo a finales de julio, con el calor que hace. La cifra funciona como argumento en todas las direcciones: unos la usan para justificar el escaqueo y otros para exigir que se suba.

El cálculo completo de lo que cuesta cubrir una mesa, con su jornada real y el papeleo posterior, deja una diferencia que no cuadra con la que se paga en un colegio de ciudad grande, donde el cierre a las 20.00 no acaba la jornada. De ahí salen las propuestas: 300 euros para el presidente y 200 para cada vocal como mínimo, y que la bolsa de candidatos se nutra primero de parados y funcionarios, que cobrarían la jornada completa con horas extras a tarifa legal.

La objeción de conciencia ya suma tres resoluciones favorables​

Frente al escaqueo de despacho hay una vía formal que gana terreno: la objeción de conciencia para no participar en una mesa. Una asociación que impulsa esta tesis ha anunciado tres notificaciones favorables como motivo para no acudir a la votación. Es una puerta estrecha y no resuelve el problema de fondo, pero introduce un tercer escenario entre el que acude y el que se esconde.

Timbre, patrulla nocturna y el atajo de votar temprano​

El mecanismo sobre el terreno es más pedestre de lo que sugiere el titular. Se llama al timbre y, si no hay nadie, se pasa al siguiente de la lista hasta completar el cupo. Sin orden judicial no se entra en casa, ese es el límite que repiten quienes ya han pasado por ello. Y hay relatos de visitas a horas improbables: citación dejada en el buzón, nadie la recoge y patrulla en la puerta pasadas las diez de la noche, días antes de la votación.

A eso se suman dos ingredientes más. Uno, la capacidad de localización de la Agencia Tributaria, que según experiencias personales encuentra a quien se lo propone más allá de lo razonable. Dos, los retrasos en Correos, con la afirmación, no verificada, de que una parte importante del voto por correo seguía sin entregarse. De ahí la recomendación que corre de boca en boca: no ir a votar temprano, no vaya a ser que falte alguien en una mesa y te fichen allí mismo.

Lo que nadie puede responder con un número es cuántos designados acaban sancionados. El dato vive en las actas, y las actas no se publican. Hasta ahí llega el cálculo.