La Generalitat lanza una interesante oferta para repoblar pequeños pueblos de Cataluña. Ofrecen casa y empleo. Sólo hay un pequeño requisito.

Casa y 19.434 € al año para repoblar pueblos: solo familias migradas​

Miquel Montarmat escribió a la Associació de Micropueblos para saber si podía apuntarse al plan de repoblación que la Generalitat pilota en pueblos pequeños. El gabinete de prensa le contestó que el proyecto está dirigido «sólo a familias migradas». Lo publicó en redes y la pregunta que dejó escrita —«¿Eso no es racismo?»— resume el eje de una polémica destapada por e-noticies.cat que sigue coleando. Otro ciudadano, Anthony Sánchez, añadió la coletilla: «Hay muchos jóvenes catalanes que estaríamos encantados de repoblar a la Catalunya despoblada. ¿Por qué no se nos ayuda a nosotros?».

Detrás del rifirrafe hay un programa concreto, con cifras y con un diseño administrativo poco habitual. Se llama Oportunidad 500: trabajo, techo y doce meses para familias migrantes en municipios pequeños de Cataluña.

Qué ofrece exactamente el programa Oportunidad 500​

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) paga 19.434 euros brutos anuales a cada trabajador incorporado. Cada ayuntamiento adherido aporta la vivienda y, además, asume la obligación de buscar una salida laboral a los beneficiarios cuando se agotan los doce meses de programa.

El plan está en fase de prueba piloto hasta octubre, con la intención declarada de extenderlo a municipios de menos de 1.000 habitantes. Cinco técnicos del SOC se encargan de acompañar y orientar a los participantes. Tania Verge figura entre las impulsoras, en coordinación con la conselleria de Feminismos.

El requisito que excluye a los de casa​

La convocatoria se limita a refugiados e inmigrantes con papeles. No hay más condiciones de entrada. El caso de Montarmat, que se define como aspirante a repoblar la Cataluña vacía, activó el reproche de discriminación por razones étnicas y de nacionalidad: hay quien lo califica de inconstitucional y quien duda de que la redacción llegue a aplicarse tal cual.

Una parte del descontento no se queda en el agravio comparativo. Se sostiene que los recién llegados levantarán el vuelo a la mínima y que la vida rural no les interesa; en sentido contrario, se recuerda que las poblaciones se mueven en ciclos y que esa España vacía también se llenó y se vació antes. En medio, el reproche de siempre: que el dinero público llega con nombre y apellidos y que el joven de al lado sigue en casa de sus padres.

¿Es legal reservar la ayuda solo a migrantes?​

A día de hoy no consta resolución judicial, denuncia formal ni sentencia alguna sobre el asunto. El reproche jurídico circula como sospecha: se ha llegado a pedir un recurso de inconstitucionalidad para frenar la convocatoria, y hay quien da por hecho que una ayuda restringida por nacionalidad no sobreviviría a los tribunales. Nada de eso ha salido del terreno de la opinión.

Ripoll y el precedente de las ayudas sociales​

El asunto enlaza con un conflicto anterior: el del reparto de las ayudas sociales. La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, sostiene que el Consorci de Benestar Social «beneficia sobre todo a los inmigrantes y discrimina a los ripolleses», y se ha mostrado partidaria de eliminar las cláusulas que considera favorables a la población migrante para que los vecinos accedan en igualdad de condiciones. También afirma que a los inmigrantes no se les obliga a declarar propiedades u otros conceptos.

Igualdad de condiciones, en su versión más literal. El argumento, sin embargo, se aplica igual de bien al programa de repoblación: si la discriminación es el problema, la solución no parece pasar por escribir otra.

La factura: 1.600 euros al mes frente al paro juvenil​

Los 19.434 euros brutos anuales equivalen a unos 1.600 euros al mes, una cifra que en buena parte del país queda por encima de lo que cobra un joven con contrato precario. De ahí sale el grueso del malestar: se recuerda que hay parados que ingresan 800 euros y pymes y autónomos asfixiados, y se defiende que el empleo rural se genera mejor liberando de carga a quien ya está allí.

Enfrente pesa un dato difícil de rebatir: ninguna otra administración paga un sueldo comparable por mudarse a un pueblo, y la vivienda municipal es un recurso escaso que no se reparte entre todos por igual.

Pagar por repoblar no es un invento catalán​

El World Economic Forum ha recopilado programas parecidos: Japón, Portugal, Irlanda y Australia ofrecen incentivos para mudarse al medio rural, y en 2020 un pueblo italiano de 115 habitantes llegó a ofrecer hasta 8.000 euros al año durante tres años. La pandemia y el teletrabajo hicieron más viable ese traslado. La diferencia es que casi todos esos planes están abiertos a cualquier residente, no reservados a un colectivo concreto.

Queda el detalle incómodo. El mismo ayuntamiento que pone la casa debe encontrar después el trabajo, y si el pueblo no da para más, la ayuda caduca y el recién llegado coge la maleta. Un plan de repoblación con fecha de caducidad de doce meses no repuebla: hace escala.