De la camilla al Reviva: el piso de Maricarmen sigue sin ser suyo
¿Vuelve Maricarmen a su piso? Es la pregunta que se hizo mucha gente tras ver a una mujer de
87 años salir en camilla de su casa del centro de Madrid. La empresa, Urbagestión, ha anunciado que estudia «fórmulas» para que regrese. El gesto llegó después de que, según los críticos con la empresa, miles de personas salieran a la calle y de que su nombre quedara pegado a la palabra desahucio.
La operación, sin embargo, no es lo que parece. Y la letra pequeña la firma el propio Ayuntamiento.
Un desahucio legal que acabó en la calle
Según los participantes en el debate, Maricarmen pagaba
menos de 700 euros al mes por un piso en una zona cotizada del centro de Madrid, muy por debajo del mercado actual, e ingresa 1.800 euros de pensión. Según el relato crítico con la empresa, Urbagestión rechazó todas las salidas que le pusieron sobre la mesa aun sabiendo el riesgo para la salud de la inquilina. Después llegó la orden judicial y la camilla.
El desalojo era legal. Eso es, precisamente, lo que ha encendido el debate: cumplir la ley no siempre equivale a hacer lo correcto.
¿Qué es el Programa Reviva y por qué no sirve para Maricarmen?
Reviva es el programa municipal de compra y cesión de vivienda de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). La empresa ha planteado ceder el piso por esa vía. Pero EMVS ha comunicado que la inclusión de la vivienda en el programa es
inviable: no cumple los requisitos legales recogidos en sus bases ni en otros programas de compra.
Traducido: el piso no vuelve a manos de Maricarmen. Cambia de gestor, entra en una lista de espera con requisitos que ella no reúne. Quien celebró el final feliz se topó con un trámite.
El piso no era suyo y ese argumento lo cambia todo
Aquí aparece la otra mitad del país. La vivienda nunca fue de la inquilina: es propiedad de la empresa, que puede reformarla y ponerla en el mercado. Hay quien recuerda que en España se producen
unos 75 desahucios diarios y pregunta por qué solo este merece portada. Un propietario ya anuncia que no renovará contratos y dejará su piso cerrado para no arriesgarse.
Nadie discute que la ley ampara a Urbagestión. Lo que se discute es si ampararla era inteligente.
Al final, la empresa que sacó a una anciana en camilla estudia ahora cómo dejarla volver, siempre que el Ayuntamiento le garantice el cobro, según sus críticos. Para ellos, generosidad no es: es una retirada con la factura a cuenta de otro.