La Corte Penal Internacional ordena el arresto de pilinguin

La CPI ordena el arresto de Putin por deportar niños ucranianos​

Una orden de arresto que nadie está en condiciones de ejecutar sigue siendo una orden de arresto. Los jueces de la Corte Penal Internacional la emitieron de todos modos, y la polémica que ha levantado habla menos de Putin que de la propia arquitectura del tribunal.

El 17 de marzo de 2023 la CPI emitió órdenes de detención contra Vladimir Putin y su comisionada para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, por la «deportación ilegal» y el traslado forzoso de menores ucranianos. La acusación no describe un episodio puntual. Describe un sistema. Y coloca al jefe de Estado de una potencia nuclear junto a un dirigente balcánico que acabó sus días bajo custodia internacional, analogía que más de uno sacó a relucir con retintín.

El problema de la jurisdicción: Rusia no firmó y Ucrania no ratificó​

Aquí empieza el nudo. La CPI tiene competencia sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o por un nacional de un Estado parte. Rusia retiró su firma del tratado que la crea. Ucrania lo firmó, pero nunca lo ratificó. Con esas dos piezas, la defensa jurídica rusa se escribe sola, y una parte nada desdeñable de los análisis la repite sin adornos: el tribunal estaría actuando fuera de su suelo.

El contrapeso que se esgrime es que, según se sostiene en el debate, 123 países reconocen la jurisdicción del tribunal. De ahí que unos lean en la orden un ejercicio de coherencia y otros lean, simplemente, un ejercicio de fuerza.

El doble rasero de la Corte Penal Internacional: Irak, Bush y Obama​

¿Y antes? Es la pregunta que reaparece una y otra vez. Por la lista de posibles acusaciones han pasado las intervenciones en Cuba, Granada, Panamá, Irak, Libia, Afganistán y Yugoslavia, y ninguno de esos expedientes terminó en una orden contra un presidente estadounidense. Estados Unidos tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma, y el dato funciona como argumento de cierre.

La respuesta jurídica es conocida: sin ratificación no hay competencia sobre nacionales estadounidenses. La respuesta política que se comenta en voz baja es otra: el tribunal aplica lo que puede aplicar, y en la práctica puede más sobre unos que sobre otros.

Hay una anécdota que resume esa asimetría mejor que cualquier tratado. La ley ASPA, aprobada en 2002 por el Congreso de EEUU, autoriza al presidente a usar la fuerza militar para «liberar» a cualquier ciudadano estadounidense retenido a petición de la CPI. Traducido: Washington blindó a los suyos por ley. Los demás, no.

Qué puede hacer Rusia para responder a la orden de arresto​

Poco, y eso también forma parte del cálculo. Las propuestas que circulan van desde declarar ilegítima la CPI y emitir órdenes de busca contra sus propios jueces, hasta la carta energética: que Moscú deje de suministrar uranio enriquecido y medio Occidente vuelva a hacer cuentas. La referencia histórica más repetida es la excomunión de Napoleón por Pío VII, a la que el emperador respondió ordenando apuntar los cañones hacia el Vaticano. Igual que la excomunión, vino a decir. La diferencia es que hoy los cañones de Moscú sí alcanzan La Haya.

Es una imagen potente y, a la vez, una amenaza de salón. Rusia no tiene previsto —ni capacidad diplomática— detener a los magistrados. Lo que sí puede hacer es no reconocer el tribunal, no colaborar y convertir cualquier intento de detención en un casus belli.

El efecto práctico: menos destinos posibles para Putin​

La consecuencia tangible de la orden es geográfica. Un jefe de Estado con orden de detención activa evita los Estados que reconocen la jurisdicción del tribunal. Reuniones bilaterales, cumbres y visitas se reubican o se cancelan. La limitación no derriba un régimen, pero estrecha su agenda y engorda el relato del aislamiento que ya venían construyendo las sanciones.

Al mismo tiempo, hay quien sostiene que este paso debilita la posición negociadora occidental y que buena parte del planeta —la que no firmó el tratado— saca una conclusión incómoda: las instituciones internacionales se activan cuando el acusado es el adversario de turno. La orden de la CPI se convierte así en una pieza más de la guerra de relatos, no en un instrumento judicial ordinario.

Cuenta la crónica que cuando a Napoleón le comunicaron la excomunión, desvió los cañones hacia Roma y zanjó el asunto con una frase seca. La CPI no tiene cañones. Tiene un reglamento, una lista de Estados parte y muy pocas posibilidades de detener a Putin mientras siga en el Kremlin. Si algún día deja de estar en él, y solo si el país que lo reciba se lo toma en serio, esa orden de papel dejará de serlo. Es mucho condicional para un tribunal que acaba de pronunciar su frase más clara en dos décadas.