La concejala y un arquitecto de Urbanismo de Alicante y dos descendientes de una alto cargo, entre los adjudicatarios de viviendas públicas

Alicante: concejala y alto cargo municipal, entre los beneficiarios de vivienda pública con lujo​

En Alicante, una concejala del Ayuntamiento, los dos hijos de una directora general y un arquitecto del área de Urbanismo han resultado adjudicatarios de viviendas protegidas en la primera promoción pública de la ciudad en dos décadas. Las viviendas, ubicadas en la zona de Playa de San Juan, incluyen piscina, pistas de pádel, gimnasio y club social. El precio de compra rondó los 200.000 euros, mientras que el valor de mercado supera los 400.000. El alcalde, Luis Barcala, ha abierto un expediente de averiguación tras destaparse el caso.

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Los adjudicatarios y sus vínculos​

La lista incluye a Rocío Gómez, concejal de Urbanismo, que tardó siete años en terminar la carrera de Arquitectura, según su perfil oficial. También figuran dos hijos de una directora general municipal y un arquitecto del propio departamento de Urbanismo. Las viviendas se sortearon a través de una cooperativa privada, un mecanismo que, según los críticos, permite eludir los controles de los sorteos públicos.

Precios y condiciones​

Cada piso, de tres dormitorios con salón, balcón, garaje y trastero, se adquirió por unos 200.000 euros más IVA. En el momento de la compra (2018), el mercado inmobiliario no presentaba la tensión actual, pero la revalorización posterior ha duplicado su precio. Las viviendas cuentan con zonas comunes que incluyen piscina, pistas de pádel y gimnasio, lo que las sitúa muy por encima del estándar de la vivienda protegida típica.

Reacciones y consecuencias​

La noticia provocó la dimisión de Rocío Gómez el pasado 30 de enero, según adelantó El Debate. El Ayuntamiento ha iniciado una investigación. En el plano político, el caso ha reavivado el debate sobre la corrupción urbanística y el uso de cooperativas para desviar vivienda pública hacia élites. Numerosos comentaristas señalan que no es un caso aislado, sino el modus operandi habitual en muchos municipios.

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El caso de Alicante deja en el aire una pregunta incómoda: ¿cuántas promociones de vivienda protegida en España están realmente yendo a parar a quienes más lo necesitan, y cuántas se desvían hacia la red clientelar de los ayuntamientos?

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