La ceoe insiste en que los trabajadores cobren su sueldo bruto y después paguen sus propias cotizaciones

Garamendi propone que el trabajador pague sus cotizaciones​

Según un cálculo que circula en el debate, cuando una empresa desembolsa 1.900 euros por un trabajador, en la cuenta de ese trabajador aterrizan unos 1.250. Entre una cifra y otra no hay misterio contable: están el bruto, las cotizaciones sociales y el IRPF. Sobre esa brecha ha vuelto a insistir el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que en el Campus FAES 2024 ha reclamado que los trabajadores cobren su sueldo bruto y sean ellos quienes paguen después sus propias cotizaciones, igual que hacen los autónomos. La propuesta no es nueva, pero vuelve con la misma pregunta debajo: ¿de quién es el dinero que sale cada mes hacia la Seguridad Social?

Qué propone exactamente la CEOE​

Garamendi sostiene que el alza de cotizaciones ha disparado los costes de las empresas, con especial castigo a las pequeñas. Para ilustrarlo echó mano de una comparación doméstica: es como si en una comunidad de vecinos se hablara de los gastos y alguien decidiera que ahora pagan los del primero y los del segundo, y los demás no.

La medida que defiende es sencilla de enunciar y complicada de digerir: pagar el sueldo bruto en la cuenta del trabajador y que después el Estado le recupere su parte. «A mí me gustaría que se haga lo que la Seguridad Social hace con los autónomos, que todos los meses quita la cuota», dijo. Su argumento no es tanto fiscal como pedagógico: cuando se pregunta a alguien cuánto gana, solo piensa en lo que ve ingresar, y olvida pagas dobles, retenciones y cotizaciones. Si viera que el coste casi es el doble, aventuró, habría «más conciencia ciudadana» para reclamar en qué se gasta ese dinero. Y añadió la tesis de fondo: ese dinero es del trabajador, aunque lo pague el empresario.

La respuesta del Gobierno: propuestas «propias de Milei»​

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no tardó en contestar. Pidió a la patronal que deje de jugar con propuestas que calificó de «propias de Milei», y advirtió de que ningún país serio avanza hacia un modelo en el que se entrega el salario al trabajador para que este se busque la vida. Lo resumió como un sálvese quien pueda que, a su juicio, no encaja con la Europa del siglo XXI.

Aquí conviene separar el ruido del fondo. El desacuerdo no está en si las cotizaciones existen —existen en todo el mundo, recuerda uno de los participantes en el hilo— sino en quién las paga de verdad y quién las padece.

¿Quién paga realmente las cotizaciones sociales?​

La respuesta depende de dónde se mire, y esa es la trampa del asunto. Hay quien sostiene que la aportación empresarial es salario diferido: si el trabajador no generase esa productividad mínima, no habría contrato y no habría cotización. Bajo esa lógica, la cuota patronal sale del bolsillo del trabajador aunque la ingrese la empresa, y lo único que hace el sistema actual es esconderle la factura en un renglón que casi nadie lee.

Enfrente pesa otro argumento: la cotización es también un coste de contratar, y el empresario no la paga por caridad, sino porque accede a un marco de derechos —pensión, desempleo, sanidad— que él también disfruta. Cambiar el envoltorio no reduce un euro de lo que hay que recaudar. Lo único que cambia es a quién se le cobra y cuándo.

Y luego está el detalle técnico que envenena el idioma: una cotización no es un impuesto, es un tributo, sostiene uno de los participantes en el debate, y la diferencia no es tan sutil como parece. Un impuesto no da derecho a nada concreto; una cotización se devuelve en forma de prestaciones. Confundirlos es la base de casi todas las broncas.

El ejemplo que da la vuelta a la nómina​

Puestos a hacer números, un cálculo que circula en estos debates deja el asunto en tres escalones: un trabajador que cobra 1.250 euros netos tiene un bruto en torno a 1.400 y le cuesta a la empresa unos 1.900 con cotizaciones incluidas. Ahí está todo el relato: casi la mitad de lo que se desembolsa no llega nunca a la cuenta.

Los modelos comparados ayudan poco a zanjar la pelea y mucho a entenderla. En Francia la nómina es larguísima porque desglosa las cotizaciones finalistas que van a cada cosa; en España casi todo cae en un saco llamado contingencias generales. Hay quien defiende que el camino más claro sería el danés: subir el salario en el importe de las cotizaciones patronales y aplicar después un descuento único, que para mantener la recaudación actual exigiría un tipo medio muy alto.

La jornada de 37,5 horas, el otro frente abierto​

Garamendi no se quedó en las cotizaciones. Cargó también contra la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales que negocian Gobierno y sindicatos, y denunció que rompe el acuerdo de convenios firmado en mayo de 2023 entre la patronal, CCOO y UGT. Su queja: nadie ha preguntado en los bares ni en los comercios pequeños cómo les afecta el recorte por ley.

El dirigente empresarial tiró de ironía con las encuestas: si se hiciera caso a lo que le gusta a la gente, ¿por qué no 20 horas semanales? «Más gente diría que le parece bien», dijo. Y dejó una frase que resume su posición: poderoso es quien tiene el BOE. Sobre la mesa, recordó, hay 21 acuerdos firmados con el Gobierno, y su organización dice estar dispuesta a hablar, pero no a que le apliquen el rodillo. La negociación, comparó, se parece a jugar un partido sabiendo de antemano que vas a perder 5-0.

Por qué casi nadie mira la columna que falta​

Aquí asoma el dato incómodo. La cuota patronal puede reflejarse en la nómina desde hace años, según se afirma en el debate, aunque su inclusión no es obligatoria y depende de la voluntad de cada empresa. El resultado es que la mayoría de los asalariados solo conoce el número de abajo a la derecha. Y en cuanto llega la declaración de la renta, mucha gente celebra que «le devuelvan dinero», sin caer en que en realidad recupera una retención de más.

Ese es el terreno donde la propuesta de la CEOE gana y pierde a la vez. Gana porque hace visible lo invisible. Pierde porque, sin bajar un euro de cotización ni de impuesto, no cambia nada material: solo mueve el papel de sitio. El cálculo que se maneja en el debate para equiparar el sistema danés apunta a un tipo medio cercano al 39%. Ese es el número que no aparece en la cuenta del banco ni con el modelo viejo ni con el nuevo.