La burbuja de funcionarios pinta por la vivienda

Por está razón, está cerca de llegar a un acuerdo con los principales sindicatos de la Función Pública ?CCOO, UGT y CSIF? para introducir una mejora salarial adicional a alrededor de 170.000 empleados públicos. Fundamentalmente, para los niveles más bajos de la Administración Central ?grupos D y E ?. Por ejemplo, auxiliares administrativos, ordenanzas o porteros de los Ministerios, según las diversas fuentes de la negociación consultadas por EXPANSIÓN. Una portavoz del Ministerio de Administraciones Públicas señaló que “la negociación no está cerrada” y por, lo tanto, declinó hacer más comentarios.

Las conversaciones tratan de mejorar específicamente la retribución de forma adicional a quienes atienden al público en dependencias como las oficinas de Tráfico, del DNI, de atención a la inmi gración o los Servicios de Empleo ?antiguo Inem?. Nadie estaría por debajo de los catorce mil euros brutos anuales, divididos en otras tantas pagas, contando las dos extraordinarias.

La mejora sería posible por la aplicación a los salarios de estos trabajadores de un 0,3% de la masa salarial, con efectos retroactivos para este año, y de un 0,37% en 2008 y 2009. Esto supondría para el Gobierno un gasto adicional de unos catorce millones de euros.

Por todas estas razones, el incremento salarial de estos funcionarios para el año que viene sería superior al 3,8%, dividido en los siguientes conceptos: un 2%, igual que la previsión de inflación que marca el Gobierno, de acuerdo con el Banco Central Europeo. A esta subida, hay añadir un punto, en concepto de mejora de las pagas extraordinarias, más medio punto como aportación del Gobierno para el plan de pensiones de los funcionarios. En total, un incremento del 3,5%, más el 0,37% ya reseñado de la mejora adicional, que está negociando el Gobierno con los sindicatos.

Según las fuentes conocedoras de la negociación, sólo queda una cuestión pendiente: los temores de Hacienda de que el acuerdo con este colectivo de empleados públicos pueda repercutir en otros niveles de la Administración. “Que el gasto económico se escape de las manos porque otros funcionarios, de niveles más altos, puedan sentirse discriminados”, comentaron algunas de las citadas fuentes.

Hay que recordar que ya los contratados laborales de la Administración Central -unas ochenta mil personas? cumplen con la condición de estar en mil, o por encima, de los mil euros desde que el año pasado se firmó el convenio único para estos trabajadores. El Ejecutivo también quiere plasmar próximamente el reciente acuerdo que ha alcanzado con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que trabajan en el exterior. Es decir, en las embajadas de España y las delegaciones presentes en los diversos organismos internacionales.

En busca de la jubilación parcial
CCOO anunció ayer su intención de convocar en diciembre diversos actos de protesta en toda España para reivindicar la jubilación parcial y anticipada de los funcionarios. Se trata de una propuesta que hizo el anterior ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, que rebatieron el vicepresidente económico, Pedro Solbes, y el ministro de Trabajo, Jesús Caldera.

El proyecto de Sevilla no sólo amenazaba con incrementar el gasto, sino que también iba en contra del mensaje del Ejecutivo al sector privado de incentivar la prolongación de la vida laboral. Finalmente, la Ley de reforma de la Seguridad Social, que aprueba hoy el Congreso, desplaza la medida a la próxima legislatura y la condiciona a la política de recursos humanos y a las necesidades presupuestarias.

Gómez ha explicado que esta reclamación obedece a que actualmente “hay un 30% de vacantes en el Estado, de personas que aprueban la oposición y no toman posesión de su plaza porque, con el salario que se ofrece, no pueden vivir en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao, u otras zonas con los precios de la vivienda muy tensionados”.

La responsable del sector estatal de CC OO —que no ha precisado cual sería la horquilla que manejan en términos brutos porque, entre otras cuestiones, dependerá mucho de la variedad del complemento de productividad— ha precisado que la partida para costear esta elevación de los salarios más bajos podría salir de los fondos adicionales para el personal laboral y, en el caso de los funcionarios, cabría la posibilidad de que se abonara la diferencia con complementos específicos.

Este aumento salarial sería, además, independiente del desarrollo, que también exigen todos los sindicatos de la función pública, de la carrera profesional, de la evaluación del desempeño y del teletrabajo, tres cuestiones ya comprometidas formalmente por el Gobierno que aún no se han puesto en marcha.

Esta concentración de CC OO no va a ser la única protesta de los sindicatos de la función pública de esta semana. Este mismo lunes, el sindicato CSIF ha convocado una jornada de huelga en la Agencia Tributaria que, según Pablo Burgos, responsable del sindicato en este organismo, “ha sido respaldada mayoritariamente pese a los servicios mínimos abusivos en la campaña de la renta”, donde dichos servicios mínimos han sido del 100%. El paro sí ha sido apoyado mayoritariamente, entre los cuerpos generales, los servicios de inspección, la vigilancia aduanera o los trabajadores que se dedican a la recaudación, entre otros, siempre según el sindicato convocante.

Además, esta semana UGT y CSIF protagonizarán sendas movilizaciones por la parálisis de las negociaciones del V Convenio Único del personal laboral del Estado, que afecta a más de 38.000 trabajadores de la administración central.